Patria Grande denunció una persecución política tras el procesamiento de Juan Grabois

• Patria Grande rechazó el procesamiento de Juan Grabois y denunció una persecución política.
• El espacio cuestionó la actuación del juez Sebastián Ramos y calificó la resolución como carente de fundamentos.
• La organización vinculó la causa con una supuesta estrategia de amedrentamiento contra la oposición.
• También relacionó el expediente con la investigación impulsada por Grabois contra José Luis Espert.
• El comunicado denunció presuntas irregularidades durante la instrucción de la causa y cuestionó las imputaciones formuladas.
• Patria Grande ratificó que continuará con su actividad política y aseguró que no modificará su accionar por el proceso judicial.

El Frente Patria Grande cuestionó con dureza el procesamiento del diputado nacional Juan Grabois en la causa vinculada con los incidentes ocurridos durante la protesta realizada en defensa del Instituto Perón. A través de un comunicado difundido en redes sociales, el espacio político denunció la existencia de una persecución política, apuntó contra el Poder Judicial y responsabilizó al Gobierno nacional de impulsar una estrategia destinada, según afirmó, a intimidar a dirigentes opositores.

En el documento, la organización rechazó la resolución dictada por el juez Sebastián Ramos y calificó el procesamiento como un fallo carente de fundamentos jurídicos. Además, sostuvo que la decisión judicial responde a motivaciones políticas y cuestionó la actuación del magistrado en distintas investigaciones de alto impacto público.

El comunicado también vinculó el expediente con una supuesta ofensiva más amplia contra sectores opositores. En ese sentido, Patria Grande aseguró que la causa contra Grabois forma parte de un esquema de persecución destinado a desalentar la actividad política de quienes cuestionan al Gobierno de Javier Milei.

Entre las críticas formuladas, el espacio hizo referencia a la investigación impulsada por el propio Grabois contra el diputado José Luis Espert por presunto lavado de dinero. Según planteó la organización, ambas situaciones estarían relacionadas y el procesamiento del dirigente buscaría obstaculizar el avance de esa causa judicial.

En el texto, Patria Grande sostuvo que la investigación sobre Espert constituye apenas el inicio de un expediente que, de prosperar, podría involucrar a otros dirigentes. Bajo esa interpretación, afirmó que las denuncias promovidas contra Grabois tendrían como finalidad frenar esas actuaciones judiciales.

La agrupación también cuestionó distintos aspectos del proceso judicial. Entre ellos, mencionó presuntas irregularidades en la instrucción de la causa, la supuesta falta de producción de pruebas y el rechazo de testigos propuestos por la defensa, circunstancias que, según expresó, habrían afectado el derecho de defensa del legislador.

Asimismo, el comunicado recordó el episodio de la detención de Grabois durante la protesta realizada en el Instituto Perón y volvió a cuestionar declaraciones formuladas en ese momento por la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Desde el espacio interpretaron que algunas manifestaciones públicas realizadas durante aquellos días anticipaban el desenlace judicial del expediente.

Respecto de las imputaciones, Patria Grande rechazó los cargos de resistencia a la autoridad y violación de domicilio atribuidos al diputado. La organización sostuvo que ambos delitos carecen de sustento y afirmó que la manifestación se desarrolló de manera pacífica dentro de un edificio público.

En esa línea, el comunicado defendió la actuación de Grabois y de los militantes que participaron de la protesta, al considerar que la movilización respondió a la intención de preservar el funcionamiento del Instituto Perón y no constituyó una conducta delictiva.

El espacio político también advirtió que la causa judicial involucra a otros militantes y expresó su preocupación por las consecuencias que el expediente podría tener sobre la participación política y la protesta social.

Finalmente, Patria Grande reafirmó su decisión de continuar desarrollando sus actividades políticas pese al procesamiento de su principal referente. En el cierre del documento, la organización sostuvo que no modificará su agenda de trabajo y ratificó su compromiso con las consignas históricas del movimiento, al tiempo que aseguró que no se dejará intimidar por las decisiones judiciales ni por las acciones que atribuye al Gobierno nacional.

Las declaraciones se producen en un contexto de creciente confrontación entre distintos sectores de la oposición y el oficialismo, mientras continúan las repercusiones políticas y judiciales derivadas de la causa que tiene como protagonista al diputado nacional.