Condenaron a una exjueza por corrupción en causas de adopción y quedó en libertad condicional tras la sentencia

La Justicia bonaerense condenó a una exmagistrada que se desempeñó durante años en un juzgado de Familia de Pilar, luego de que admitiera su responsabilidad en un caso de corrupción vinculado a expedientes de adopción. La sentencia incluyó una pena de tres años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante seis años.

La resolución fue dictada por un tribunal correccional de San Isidro en el marco de un juicio abreviado, modalidad que permitió cerrar el proceso tras el reconocimiento formal de los hechos por parte de la acusada. Sin embargo, pocas horas después de conocerse la condena, la exfuncionaria recuperó la libertad bajo un régimen condicional.

Según determinó la investigación judicial, la exjueza realizó pagos indebidos a empleadas públicas para que omitieran registrar actuaciones que debían incorporarse obligatoriamente a expedientes relacionados con procesos de adopción que estaban bajo su competencia.

El caso se originó años atrás, cuando auditorías y denuncias comenzaron a revelar presuntas irregularidades en el funcionamiento del juzgado que encabezaba. Las sospechas derivaron en una investigación de gran magnitud que incluyó acusaciones sobre posibles maniobras destinadas a favorecer determinados trámites de adopción.

Las actuaciones administrativas detectaron inconsistencias en numerosos expedientes y presuntas alteraciones en procedimientos vinculados con la selección de familias adoptantes. A partir de esos hallazgos, el caso escaló hasta derivar en el apartamiento definitivo de la magistrada de sus funciones.

Durante la investigación también surgieron testimonios que describían supuestos mecanismos de captación de mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad económica. Algunas declaraciones señalaron que existían ofrecimientos de dinero para facilitar la entrega de bebés, aunque esas acusaciones no formaron parte de la condena recientemente dictada.

La exjueza fue destituida años atrás por las autoridades competentes y posteriormente abandonó el país. Tras permanecer fuera de Argentina durante un tiempo, fue localizada en España a partir de una orden de captura internacional y posteriormente extraditada para afrontar el proceso judicial.

Una vez de regreso en territorio argentino, cumplió arresto domiciliario mientras avanzaba la causa. Ese período de detención fue considerado por el tribunal al momento de evaluar el beneficio de la libertad condicional.

La sentencia reciente se concentró exclusivamente en los delitos relacionados con el pago de sobornos y otras irregularidades administrativas. No obstante, los antecedentes de la investigación incluyeron numerosas observaciones sobre el funcionamiento del juzgado y el manejo de expedientes vinculados a menores de edad.

Además, los investigadores detectaron anomalías en cientos de actuaciones judiciales realizadas durante los años en que la magistrada estuvo al frente del organismo. Entre otras cuestiones, se señalaron deficiencias en el seguimiento de casos y posibles incumplimientos en las obligaciones de control y supervisión.

La libertad condicional otorgada por la Justicia está sujeta al cumplimiento de una serie de condiciones. El beneficio podrá ser revocado si la condenada incumple las normas establecidas por el tribunal o si incurre en nuevos delitos durante el período de supervisión.

De acuerdo con la resolución judicial, la pena privativa de la libertad continuará computándose hasta 2028, mientras que la inhabilitación para ejercer funciones públicas permanecerá vigente durante varios años más. El caso continúa siendo uno de los expedientes más resonantes vinculados al funcionamiento de la Justicia de Familia en la provincia de Buenos Aires.