Ferraro apunta contra la Justicia por el caso $LIBRA y denuncia vínculos con el entorno presidencial

• Ferraro cuestionó la lentitud de la Justicia en la causa $LIBRA
• Aseguró que existen pruebas que vinculan a funcionarios con una maniobra irregular
• Apuntó contra Karina Milei por presuntos encuentros en ámbitos oficiales
• Denunció posible uso de información privilegiada en operaciones financieras
• Advirtió sobre intentos de invalidar pruebas mediante estrategias legales
• El caso suma presión política sobre el Gobierno y su entorno

La causa vinculada a la criptomoneda $LIBRA volvió a escalar en el plano político tras las declaraciones del diputado nacional Maximiliano Ferraro, quien cuestionó con dureza el ritmo de la investigación judicial y sostuvo que existen pruebas suficientes para avanzar sobre responsabilidades dentro del oficialismo.

El legislador, que encabezó la comisión investigadora parlamentaria sobre el caso, aseguró que el expediente cuenta con elementos contundentes que vinculan a funcionarios y allegados al Gobierno con una maniobra financiera irregular. En ese marco, apuntó directamente contra el fiscal Eduardo Taiano, a quien acusó de no avanzar con la celeridad que, a su criterio, amerita la causa.

“Hay pruebas de sobra”, planteó Ferraro, al tiempo que cuestionó la falta de definiciones judiciales en un expediente que, según su visión, presenta indicios sólidos sobre un esquema que habría mezclado intereses públicos y privados. La crítica se inscribe en un contexto donde distintas causas de alto impacto político avanzan a ritmos dispares, alimentando suspicacias en sectores de la oposición.

Uno de los ejes centrales de la denuncia gira en torno al rol de Karina Milei. De acuerdo con Ferraro, la funcionaria habría habilitado encuentros en ámbitos oficiales, como la Casa Rosada y la residencia de Olivos, donde se habrían gestado aspectos clave de la operatoria vinculada a $LIBRA.

El diputado sostuvo que estos encuentros no solo evidencian cercanía entre los involucrados y el entorno presidencial, sino que también podrían haber facilitado el uso de información privilegiada. En particular, mencionó movimientos financieros que se habrían producido en torno a un mensaje publicado por el presidente Javier Milei en redes sociales, considerado un punto de inflexión en la dinámica de la criptomoneda.

Según la reconstrucción presentada, determinadas billeteras virtuales habrían comenzado a operar en forma anticipada y posterior a ese mensaje, lo que permitió a un grupo reducido de personas obtener ganancias significativas en un corto período de tiempo. Para Ferraro, este comportamiento sugiere la existencia de un circuito de información restringida que benefició a actores específicos.

En paralelo, el legislador advirtió sobre la estrategia de defensa que podría desplegarse en la causa. En ese sentido, señaló la posibilidad de que se intente invalidar las pruebas mediante cuestionamientos a la cadena de custodia, apelando a la denominada teoría del “árbol envenenado”. Este planteo, según indicó, ya ha sido esbozado en distintos ámbitos por referentes del oficialismo.

Ferraro interpretó esta eventual maniobra como un intento de deslegitimar el material probatorio antes de que avance el proceso judicial, lo que, a su entender, podría derivar en la paralización de la causa. En ese marco, insistió en la necesidad de que la Justicia actúe con rapidez y garantice la transparencia del proceso.

El diputado también introdujo una comparación histórica al advertir similitudes con prácticas de otras etapas políticas del país. Sin profundizar en detalles específicos, sugirió que podrían existir mecanismos de financiamiento opacos que remiten a esquemas utilizados en décadas anteriores.

Las declaraciones se producen en un contexto donde el Gobierno enfrenta otros focos de cuestionamiento, como la controversia por viajes y vínculos personales de funcionarios. Para Ferraro, la acumulación de estos episodios debilita la posición política del oficialismo y erosiona su credibilidad pública.

Con la causa aún en desarrollo, el planteo del legislador suma presión sobre el frente judicial y reaviva el debate sobre el alcance de las investigaciones. La evolución del expediente será clave para determinar si los elementos señalados logran traducirse en avances concretos o si, por el contrario, quedan diluidos en disputas procesales.