Toviggino pidió su sobreseimiento en la causa por presunta retención indebida de aportes y denunció persecución judicial

• El tesorero de la AFA solicitó su sobreseimiento y negó la existencia de delito
• La causa investiga una presunta retención indebida de aportes por casi 19.000 millones de pesos
• La defensa sostiene que los pagos no eran exigibles y que existe un plazo oficial para regularizarlos
• Toviggino afirmó que la denuncia constituye una persecución penal arbitraria
• El dirigente defendió el rol social de la AFA y su apoyo a clubes del ascenso y del interior
• Tras las indagatorias, la Justicia deberá decidir si la investigación continúa o se archiva la causa

El tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, se presentó este miércoles ante la Justicia en el marco de la investigación por presunta retención indebida de aportes y solicitó ser sobreseído al sostener que el caso carece de sustento penal. El dirigente entregó un escrito ante el juez en lo penal económico Diego Amarante en el que negó la existencia de delito y calificó la denuncia como parte de una persecución arbitraria contra la entidad que conduce el fútbol nacional.

La causa se originó a partir de una denuncia del organismo recaudador por supuestas irregularidades vinculadas al pago de tributos y aportes previsionales que, según la acusación, alcanzarían una cifra cercana a los 19.000 millones de pesos. La investigación también involucra al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, quien fue citado a prestar declaración indagatoria en las horas posteriores.

Durante su comparecencia, Toviggino optó por presentar un descargo por escrito y se abstuvo de responder preguntas. En ese documento afirmó que la imputación carece de fundamento y sostuvo que la falta de cancelación inmediata de determinadas obligaciones fiscales tiene explicaciones administrativas y normativas que descartan la existencia de una conducta delictiva.

El dirigente argumentó que el organismo recaudador no realizó intimaciones específicas que modificaran el funcionamiento habitual del sistema informático que gestiona los pagos tributarios. Según su planteo, esa circunstancia demuestra que no hubo una situación irregular que justificara el inicio de un proceso penal contra las autoridades de la entidad.

Además, la defensa de Toviggino aseguró que la AFA efectuó pagos correspondientes a los períodos fiscales investigados tanto antes como después de la presentación de la denuncia que dio origen al expediente. En ese sentido, sostuvo que esos desembolsos evidencian la voluntad de la institución de cumplir con sus obligaciones y que el tratamiento judicial del caso desconoce ese contexto.

En su presentación ante el magistrado, el tesorero también dedicó varios pasajes a describir el rol que cumple la AFA dentro del entramado deportivo y social del país. Destacó que, además de organizar las competencias oficiales y gestionar las selecciones nacionales, la institución desarrolla programas de apoyo a clubes de distintas categorías y regiones del país.

Según expuso, el fútbol constituye un fenómeno social profundamente arraigado en la Argentina y la asociación actúa como un actor central en la promoción de actividades deportivas que, a su entender, contribuyen a la inclusión y al desarrollo comunitario. En ese marco, remarcó que muchas instituciones del ascenso y del interior reciben respaldo económico o logístico que permite sostener proyectos educativos, sanitarios y deportivos.

El dirigente insistió además en que la denuncia omite mencionar que la propia normativa oficial otorga a la AFA un plazo extendido para regularizar los pagos observados. De acuerdo con su interpretación, una resolución del Ministerio de Economía estableció que determinadas obligaciones podían cancelarse hasta el 31 de julio de 2026, lo que impediría considerar exigibles los montos cuestionados en la causa.

A partir de ese argumento, sostuvo que la decisión de diferir parte de los pagos constituye una herramienta financiera contemplada dentro del esquema de alivio fiscal promovido por el Poder Ejecutivo. En esa línea, insistió en que la conducta atribuida a los dirigentes no puede tipificarse como delito porque el plazo para cumplir con las obligaciones aún no habría vencido.

La indagatoria se desarrolló bajo un fuerte operativo de seguridad en los tribunales federales ubicados en la zona de Retiro. Toviggino ingresó al edificio acompañado por su abogado y permaneció allí durante poco más de una hora mientras se formalizaba la presentación del escrito ante el juez.

La defensa había solicitado previamente que el dirigente declarara por videoconferencia, alegando motivos de seguridad y la necesidad de evitar una exposición innecesaria. Sin embargo, el pedido fue rechazado por el magistrado y esa decisión fue confirmada posteriormente por la Cámara en lo Penal Económico.

Tras finalizar el trámite judicial, el tesorero se retiró del edificio sin realizar declaraciones públicas en medio de un importante despliegue policial y la presencia de periodistas que aguardaban en el lugar. Mientras tanto, la causa continuará con la indagatoria del presidente de la AFA y posteriormente el juez deberá resolver la situación procesal de los dirigentes investigados.