La batalla judicial por el patrimonio de los Kirchner entra en su tramo decisivo

• La Cámara de Casación analiza si confirma el decomiso de 111 propiedades vinculadas a la causa Vialidad.
• Entre los bienes en discusión figuran 19 inmuebles registrados a nombre de Máximo y Florencia Kirchner.
• La defensa sostiene que avanzar sobre esos activos implicaría aplicar un decomiso no previsto por la ley.
• La fiscalía afirma que la recuperación de bienes es esencial para reparar el perjuicio al Estado.
• Un nuevo pedido judicial busca sumar 141 inmuebles, 46 vehículos y millones de dólares al decomiso.
• El conflicto podría escalar nuevamente hasta la Corte Suprema e incluso a tribunales internacionales.

La disputa judicial por el destino de los bienes vinculados a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a su entorno familiar atraviesa una instancia clave. En los tribunales federales se acumulan decisiones que podrían redefinir el alcance del decomiso ordenado en la causa conocida como Vialidad, en la que se investigaron irregularidades en la asignación de obra pública en la provincia de Santa Cruz durante más de una década.

En el centro de la escena aparece la revisión que lleva adelante la Cámara Federal de Casación Penal sobre una primera orden de decomiso que alcanza a 111 propiedades vinculadas a la ex mandataria y al empresario Lázaro Báez, también condenado en el expediente. Entre esos bienes figuran 19 inmuebles registrados a nombre de los hijos de la ex presidenta, Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, lo que abrió una nueva discusión jurídica sobre los límites de la ejecución de la sentencia.

La causa se encuentra actualmente en la etapa de ejecución del fallo que estableció responsabilidades penales por la adjudicación del 80 por ciento de la obra pública vial nacional en Santa Cruz entre 2003 y 2015 a empresas ligadas a Báez. Como parte de esa sentencia se dispuso un decomiso millonario destinado a recuperar el perjuicio económico ocasionado al Estado. El monto actualizado de esa obligación asciende a más de 684 mil millones de pesos, una cifra que la Justicia busca cubrir mediante la realización de bienes identificados durante la investigación.

La primera lista elaborada por el tribunal que llevó adelante el juicio incluyó 111 inmuebles cuya eventual venta permitiría cubrir parte de ese monto. Sin embargo, la decisión fue cuestionada por la defensa de la ex presidenta, que sostiene que avanzar sobre propiedades registradas a nombre de terceros, como sus hijos, implicaría una medida arbitraria y contraria a principios constitucionales básicos de la ejecución penal.

Los abogados de la ex mandataria argumentaron que el decomiso dispuesto excedería lo previsto por la legislación vigente. Según su planteo, el tribunal habría aplicado un criterio de “decomiso amplio” que no estaría contemplado en el artículo 23 del Código Penal. Desde esa perspectiva, advierten que el mecanismo podría afectar bienes que no guardan una relación directa con los delitos investigados, lo que equivaldría a una forma indirecta de confiscación.

Además, la defensa sostiene que el monto definitivo del decomiso aún no estaría firme debido a los recursos pendientes ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por ese motivo consideran prematuro avanzar sobre el patrimonio registrado a nombre de terceros.

Desde el Ministerio Público Fiscal, en cambio, la interpretación es distinta. El fiscal ante Casación sostuvo que la condena dictada en la causa quedó firme en junio de 2025 y que el decomiso constituye una herramienta necesaria para reparar el daño económico provocado por las maniobras de corrupción investigadas.

Según ese criterio, la recuperación de los bienes no es un elemento accesorio de la sentencia, sino una parte central de su ejecución. La fiscalía considera que sin ese mecanismo la sanción penal podría quedar reducida a una dimensión meramente simbólica frente a la magnitud de los hechos juzgados.

Mientras la Cámara de Casación analiza los recursos presentados contra el primer decomiso, el Tribunal Oral Federal N.º 2 avanza en paralelo con un nuevo planteo impulsado por los fiscales del juicio para ampliar el universo de bienes alcanzados por la medida.

En esa presentación se identificaron 141 inmuebles adicionales, 46 vehículos y diversas sumas de dinero que, según la acusación, también deberían quedar sujetos al decomiso. Entre los activos mencionados aparecen propiedades vinculadas a las sociedades familiares Los Sauces y Hotesur, así como numerosos bienes asociados a empresas relacionadas con Báez.

Uno de los puntos más sensibles del pedido fiscal involucra dinero atribuido a Florencia Kirchner. Se trata de casi cinco millones de dólares distribuidos entre una caja de seguridad y cuentas bancarias, fondos que actualmente permanecen embargados y cuya eventual incautación forma parte del debate en curso.

Antes de resolver sobre este nuevo planteo, el tribunal dispuso una serie de medidas previas para verificar la titularidad y la situación registral de los bienes mencionados. Una vez completadas esas diligencias, las partes deberán volver a exponer sus argumentos.

En los tribunales federales se da por hecho que el conflicto terminará escalando nuevamente hacia la Corte Suprema y eventualmente podría derivar en presentaciones ante instancias internacionales. Por los montos en discusión, la cantidad de bienes involucrados y el peso político de sus protagonistas, el proceso ya es considerado uno de los más complejos que haya enfrentado la justicia argentina en materia de recuperación de activos.