


En un movimiento que mezcla alivio económico con oportunismo político, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, decidió otorgar un bono extraordinario por “escolaridad” a los empleados públicos provinciales. La particularidad no está solo en el beneficio, sino también en el momento elegido: cuando el calendario ya marca marzo, pero el Gobierno provincial parece decidido a repartir regalos como si todavía fuera diciembre.
La medida contempla un pago de 125 mil pesos por cada hijo en edad escolar de los agentes estatales. El dinero será depositado el próximo sábado, según confirmaron desde la administración provincial.
Formalmente, la explicación es sencilla: el Ejecutivo busca acompañar a las familias en el inicio del ciclo lectivo, una etapa del año en la que los gastos escolares suelen multiplicarse entre útiles, mochilas, uniformes y cuotas.
Sin embargo, en los pasillos políticos de Córdoba nadie ignora que la decisión también tiene otra lectura. El bono aparece en medio de un contexto de tensión con distintos sectores del empleo público, donde los reclamos salariales vienen creciendo al compás de la inflación.
En ese escenario, el gobernador optó por poner sobre la mesa un gesto concreto hacia los trabajadores del Estado, una señal que intenta suavizar el clima y mejorar el vínculo con un sector siempre sensible en la dinámica política provincial.
Así, mientras miles de estatales recibirán un ingreso extra en sus cuentas, en la política cordobesa algunos miran la escena con una sonrisa irónica: Papá Noel, esta vez, decidió tomarse vacaciones largas y aparecer recién en marzo.






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