Córdoba recalcula: Llaryora cede ante docentes y prepara una oferta atada sólo a la inflación en medio del paro

En plena escalada del conflicto docente, el gobierno de Córdoba decidió mover una de sus piezas más sensibles: la política salarial. En medio del paro de 48 horas que lleva adelante la UEPC, la administración de Martín Llaryora confirmó que presentará una tercera propuesta que eliminará el componente más resistido por el gremio: la actualización de salarios atada a la recaudación provincial.

El encargado de anticipar el giro fue el ministro de Comunicación, Daniel Pastore, quien dejó en claro que la nueva oferta buscará garantizar que los salarios docentes no pierdan frente a la inflación. “La indicación del gobernador es sostener el IPC hasta fin de año”, sostuvo, en lo que representa un cambio de enfoque frente a las propuestas anteriores.

La decisión implica, además, una señal política fuerte: si los ingresos provinciales no alcanzan, el Ejecutivo está dispuesto a reorientar partidas, incluso postergando obra pública, con el objetivo de descomprimir un conflicto que ya suma tres jornadas de paro desde el inicio del ciclo lectivo.

Desde el Centro Cívico admiten lo evidente: los salarios vienen perdiendo terreno. Sin embargo, insisten en que el contexto es adverso y remarcan medidas complementarias como el sostenimiento del boleto educativo gratuito y el incentivo docente. Aun así, puertas adentro del Gobierno reconocen la preocupación que genera desligar completamente los aumentos de la evolución de los recursos provinciales.

Mientras tanto, en la calle, el conflicto se hace sentir. La UEPC concretó una masiva movilización en la ciudad de Córdoba, encabezada por su titular, Roberto Cristalli, quien insistió en que la eliminación de la cláusula por recaudación es condición indispensable para cualquier acuerdo. “No podemos seguir perdiendo poder adquisitivo”, afirmó ante los manifestantes.

Pero el frente sindical no es homogéneo. Sectores más duros, como el que lidera Franco Boczkowski, elevan la vara y exigen un incremento del 40%, marcando tensiones internas que también condicionan la negociación.

El nivel de adhesión al paro volvió a mostrar la clásica disputa de cifras: el gremio habló de un acatamiento cercano al 80% en la provincia, con picos superiores al 90% en la capital, mientras que el Gobierno lo ubicó en torno al 54% promedio, con diferencias entre el sector público y privado.

En paralelo, el conflicto docente también se convierte en un canal de expresión de tensiones más amplias. Pastore dejó entrever críticas hacia la política económica nacional encabezada por Javier Milei, al señalar que las provincias enfrentan una caída sostenida de recursos en un contexto de mayores responsabilidades.

“El ajuste es nacional, pero el reclamo es provincial”, deslizó el ministro, sintetizando una contradicción que atraviesa no sólo a Córdoba sino a gran parte del país.

Con una nueva oferta en camino y el paro aún en desarrollo, el tablero sigue abierto. La eliminación de la cláusula por recaudación podría acercar posiciones, pero el deterioro salarial acumulado y las demandas internas del gremio anticipan que la negociación todavía está lejos de una resolución definitiva.