La UIF podrá apelar su exclusión en la causa por presunto lavado vinculada a Daniel Muñoz

• La Cámara habilitó a la UIF a apelar su exclusión como querellante.
• El recurso será analizado por la Cámara Federal de Casación Penal.
• La exclusión original había sido dictada en diciembre de 2025.
• El expediente principal ya cuenta con pedido de elevación a juicio para 35 imputados.
• El fallo consideró que negar la revisión podría causar un daño irreversible al Estado.
• Casación definirá si la UIF recupera o no su rol en la causa.

La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal habilitó a la Unidad de Información Financiera (UIF) a recurrir su apartamiento como querellante en la causa por presunto lavado de activos relacionada con el fallecido exsecretario presidencial Daniel Muñoz. La decisión abre la puerta para que el organismo lleve su planteo ante la Cámara Federal de Casación Penal, que tendrá la última palabra sobre su continuidad en el expediente.

El fallo, firmado por los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, concedió un recurso de casación presentado por el abogado de la UIF, Mariano Galpern. Si bien los camaristas señalaron que la exclusión del organismo no implica el cierre de la causa ni una resolución definitiva, consideraron que correspondía hacer una excepción para permitir la revisión inmediata de la medida.

En su análisis, el tribunal entendió que, de no habilitar la apelación en esta instancia, el Estado podría sufrir un perjuicio de “tardía reparación” o incluso irreversible, argumento que había sido central en el planteo de la UIF. De esta manera, los jueces resolvieron emplazar al organismo para que mantenga el recurso ante Casación dentro del plazo de tres días desde el ingreso del expediente al máximo tribunal penal.

El origen de la controversia se remonta al 23 de diciembre de 2025, cuando la misma Sala I resolvió apartar a la UIF de su rol de querellante. En aquella oportunidad, el tribunal hizo lugar a un planteo de las defensas, revocó una decisión previa del entonces juez del caso, Sebastián Casanello —quien había sostenido la participación activa del organismo— y ordenó su exclusión.

La medida benefició directamente a varios imputados, entre ellos Carolina Pochetti, viuda de Muñoz, junto a otros acusados vinculados a la operatoria investigada. Los defensores habían cuestionado la legitimación de la UIF para continuar como parte acusadora en esta etapa del proceso. En esa resolución, Bertuzzi y Bruglia votaron por el apartamiento, mientras que el juez Mariano Llorens se pronunció en disidencia al considerar que el organismo sí contaba con respaldo legal para intervenir.

La disputa procesal por el rol de la UIF se desarrolla en paralelo a la definición sobre la elevación a juicio oral del expediente principal. La investigación quedó bajo la órbita del juez federal Ariel Lijo, mientras que el fiscal Carlos Stornelli impulsó el requerimiento para que 35 imputados enfrenten un tribunal oral por presunta participación en una estructura destinada a convertir, transferir y ocultar fondos ilícitos.

Según el dictamen fiscal, la presunta maniobra involucraría distintos niveles de participación. En el entorno familiar aparecen mencionados allegados directos a Muñoz, mientras que en el plano contable y financiero figuran profesionales señalados como responsables de la creación y administración de sociedades utilizadas en la operatoria. También se detallan gestores, empresarios y colaboradores políticos que habrían intervenido en diferentes tramos del esquema investigado.

El expediente describe una compleja trama societaria y financiera que habría tenido como finalidad disimular el origen de activos presuntamente ilícitos mediante la constitución de empresas y la utilización de terceros para canalizar fondos. La eventual realización del juicio oral dependerá de la resolución de los planteos pendientes y de la definición sobre la integración definitiva de las partes en el proceso.

Con la concesión del recurso, la continuidad de la UIF como querellante quedará exclusivamente en manos de la Cámara de Casación. El tribunal deberá analizar si la exclusión dictada en diciembre se ajusta a derecho o si corresponde restituirle al organismo la posibilidad de intervenir activamente en la etapa final del proceso.

La decisión que adopte Casación no sólo tendrá impacto en esta causa puntual, sino que también podría fijar un criterio relevante respecto del alcance de la participación de organismos estatales en investigaciones por lavado de activos y delitos económicos complejos.