Lucía Cámpora calificó de “bazofia” el proyecto oficial sobre financiamiento universitario y anticipó un fuerte debate en el Congreso

• Lucía Cámpora calificó de “bazofia” el proyecto oficial sobre financiamiento universitario.
• La diputada sostuvo que la iniciativa modifica y debilita la ley ya sancionada por el Congreso.
• Señaló una caída real del presupuesto universitario y del poder adquisitivo docente entre 2023 y 2025.
• Cuestionó el aumento salarial del 4,4% previsto en el nuevo proyecto frente al 63% establecido en la ley vigente.
• Vinculó el debate educativo con el modelo productivo del Gobierno y el impacto del cierre de FATE.
• El tratamiento legislativo anticipa una nueva confrontación política entre oficialismo y oposición en el Congreso.

La discusión por el financiamiento del sistema universitario volvió a escalar en el plano político a días de que el Congreso trate el nuevo proyecto impulsado por el Gobierno nacional. En ese marco, la diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Lucía Cámpora, cuestionó con dureza la iniciativa oficial y la definió como “una bazofia”, al considerar que implica un retroceso respecto de la ley aprobada el año pasado.

La legisladora de Unión por la Patria advirtió que el texto enviado por el Ejecutivo modifica sustancialmente la Ley de Financiamiento Universitario que había sido sancionada tras una fuerte movilización social y parlamentaria. Según recordó, aquella norma fue vetada por el presidente Javier Milei, aunque posteriormente el Congreso rechazó el veto, lo que obligó al Gobierno a promulgarla.

En ese contexto, Cámpora sostuvo que el nuevo proyecto tendría como objetivo “evitar que la Justicia los obligue a cumplirla”, en referencia a los fallos que instaron al Ejecutivo a aplicar la ley vigente. “Dicen que es un aumento, pero es mucho peor que la ley que se había aprobado”, planteó en declaraciones difundidas a través de sus redes sociales.

La diputada fundamentó su rechazo con una serie de datos presupuestarios. De acuerdo con su análisis, entre 2023 y 2025 el presupuesto destinado a educación superior registró una caída del 29% en términos reales. Además, señaló que los salarios docentes perdieron un 31% de su poder adquisitivo en el mismo período, mientras que el programa Progresar redujo significativamente tanto la cantidad de beneficiarios como el valor real de las becas.

Cámpora también puso el foco en áreas específicas, como la promoción de carreras estratégicas y el fortalecimiento de la ciencia en las universidades. Según indicó, el presupuesto devengado en 2025 mostró una disminución del 64% respecto de 2023 en el primer rubro y del 76% en el segundo. Para la legisladora, estos números evidencian un proceso de desfinanciamiento que afecta la calidad y la proyección del sistema universitario público.

En su crítica, vinculó la política educativa con el modelo productivo que, a su entender, impulsa la actual gestión. Aludió al cierre de la planta de la empresa FATE, que dejó a cientos de trabajadores sin empleo, y sostuvo que la orientación del Gobierno no prioriza el desarrollo industrial ni la formación estratégica.

Uno de los puntos centrales de su cuestionamiento se refiere al incremento salarial previsto en el nuevo proyecto. Según explicó, la iniciativa oficial contempla una suba del 4,4% para las partidas salariales, mientras que la ley previamente sancionada establecía un aumento del 63%. Para Cámpora, presentar la nueva propuesta como una mejora resulta “engañoso”, ya que consolida —según su interpretación— las pérdidas acumuladas durante 2024 en lugar de recomponerlas.

La diputada remarcó que la Ley de Financiamiento Universitario fue producto de movilizaciones masivas, debates públicos y negociaciones legislativas que lograron articular un amplio respaldo político y social. En ese sentido, convocó a defender esa norma frente a lo que considera un intento de desnaturalizar su espíritu.

El tratamiento del proyecto esta semana anticipa un debate intenso en el Congreso, donde oficialismo y oposición volverán a confrontar sus diagnósticos sobre la situación presupuestaria y el rol del Estado en la educación superior. Mientras el Gobierno sostiene que busca ordenar las cuentas públicas y redefinir prioridades, sectores opositores advierten que el ajuste compromete la sustentabilidad del sistema universitario.

En ese escenario, la discusión trasciende la coyuntura parlamentaria y vuelve a poner en el centro del debate el financiamiento de la universidad pública, su autonomía y su papel en el desarrollo científico y productivo del país.