El Senado aprobó cambios a la ley de glaciares y abrió una fuerte disputa política y ambiental

• El Senado aprobó modificaciones a la ley de glaciares por 41 votos a favor y 31 en contra.
• El artículo más polémico permite a las provincias definir la autoridad que identifique glaciares y ambiente periglacial.
• El oficialismo sostiene que la reforma fortalece el federalismo y brinda mayor claridad jurídica.
• La oposición advierte sobre la fragmentación de criterios ambientales y posibles litigios de inconstitucionalidad.
• El debate reflejó divisiones internas en varios bloques políticos.
• La definición final del proyecto quedó ahora en manos de la Cámara de Diputados.

En una sesión atravesada por tensiones internas y divisiones transversales, el Senado dio media sanción a las modificaciones de la ley de glaciares. El proyecto obtuvo 41 votos afirmativos y 31 negativos, con la abstención de la neuquina Julieta Corroza, y ahora quedó en manos de la Cámara de Diputados, donde se definirá su suerte definitiva.

La votación expuso fracturas en casi todos los bloques, con excepción de La Libertad Avanza, espacio que conduce en la Cámara alta Patricia Bullrich. También acompañaron legisladores del interbloque cristinista como Lucía Corpacci y Sergio Uñac, además de los recientemente escindidos del kirchnerismo Guillermo Andrada, Carolina Moisés y Sandra Mendoza.

Uno de los artículos más controvertidos fue el séptimo, que habilita a cada provincia a designar la autoridad de aplicación encargada de identificar, con base técnico-científica, los glaciares y el ambiente periglacial que cumplan funciones hídricas estratégicas. La excepción rige para las áreas protegidas por la ley de Parques Nacionales. Quienes respaldan la reforma sostienen que la Constitución reconoce el dominio originario de los recursos naturales a las provincias y que la norma busca armonizar la legislación con ese principio federal.

Desde el oficialismo argumentaron que no se trata de eliminar protección ambiental sino de precisar criterios y evitar ambigüedades que, según señalaron, paralizaron inversiones. El fueguino Agustín Coto aseguró que “todo sigue protegido” y que la intención es incorporar estudios de campo y participación territorial al inventario que realiza el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA).

La oposición, en cambio, alertó sobre el riesgo de fragmentar los estándares de conservación. El pampeano Pablo Bensusán advirtió que, de aprobarse el texto, podría haber hasta 12 criterios distintos entre las provincias involucradas en el sistema glaciar. En la misma línea, el radical Maximiliano Abad sostuvo que la reforma invierte la jerarquía normativa al debilitar el rol nacional y trasladar decisiones clave a los distritos, lo que podría derivar en litigios de inconstitucionalidad y mayor inseguridad jurídica.

El debate también incluyó cuestionamientos sobre el impacto ambiental y la compatibilidad con compromisos internacionales recientemente aprobados por el Senado, como el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Algunos legisladores plantearon que la modificación podría generar tensiones con estándares ambientales asumidos en ese marco.

Desde el oficialismo, el sanjuanino Bruno Olivera Lucero defendió la reforma al afirmar que la legislación vigente generó interpretaciones excesivas que terminaron bloqueando proyectos productivos. Rechazó la idea de una disyuntiva entre agua y minería y aseguró que la intención es clarificar definiciones técnicas. En esa línea, la exsecretaria de Energía Flavia Royón enfatizó que la norma no implica flexibilización, sino un enfoque más preciso basado en estudios presenciales y en la participación de las autoridades provinciales.

En el tramo final de la sesión, se escucharon posiciones encontradas dentro del peronismo y el radicalismo. Mientras algunos senadores vinculados a provincias mineras defendieron la necesidad de dotar de mayor previsibilidad al esquema regulatorio, referentes del kirchnerismo alertaron sobre el carácter irreversible de cualquier intervención en glaciares y cuestionaron la delegación de atribuciones.

El cierre estuvo a cargo de Patricia Bullrich, quien planteó que la discusión no debe reducirse a una contraposición entre ambiente y desarrollo. Sostuvo que el país necesita reglas claras para atraer inversiones y dejar atrás lo que calificó como una lógica que, a su entender, ha obstaculizado el crecimiento.

Con la media sanción ya otorgada, el proyecto abre una nueva etapa en Diputados, donde se anticipa un debate igualmente intenso. La reforma pone en juego no solo la regulación ambiental, sino también la relación entre Nación y provincias, el modelo productivo y la seguridad jurídica en un sector estratégico para la economía.