La IGJ pidió designar veedores en la AFA y la conducción de Tapia denunció una “operación política”

• La IGJ solicitó al Ministerio de Justicia la designación de veedores en la AFA por presuntas irregularidades.
• La resolución fue firmada por Daniel Roque Vítolo y menciona la falta de entrega de información contable.
• La AFA, presidida por Claudio Tapia, rechazó la medida y la calificó como ilegítima.
• La entidad cuestionó la supuesta contradicción entre hablar de “graves irregularidades” y no aplicar sanciones.
• También defendió la legalidad del cambio de domicilio a la provincia de Buenos Aires.
• El conflicto se inscribe en una disputa más amplia sobre el modelo de gestión del fútbol y el rol del Estado.

La tensión entre el Gobierno nacional y la Asociación del Fútbol Argentino sumó un nuevo capítulo luego de que la Inspección General de Justicia (IGJ) solicitara formalmente al Ministerio de Justicia la designación de veedores en la entidad que preside Claudio Tapia. El objetivo del organismo de control es acceder a documentación contable y financiera que, según afirmó, no fue entregada pese a reiterados requerimientos.

La medida quedó plasmada en una resolución particular firmada por el inspector general Daniel Roque Vítolo, en la que se hace referencia a la detección de “graves irregularidades” dentro de la Asociación del Fútbol Argentino. El planteo no implica, por el momento, una intervención ni sanciones directas, pero abre la puerta a una supervisión más estrecha sobre el funcionamiento institucional y administrativo de la entidad madre del fútbol argentino.

La respuesta de la AFA no tardó en llegar. A través de un comunicado institucional compuesto por siete puntos y firmado por Tapia, la conducción rechazó de plano la posibilidad de una veeduría que calificó como “ilegítima”. En el texto, la entidad sostiene que la resolución no constituye una sanción ni una interferencia en su administración, sino una “medida preparatoria” destinada a evaluar si corresponde adoptar acciones adicionales.

Sin embargo, el eje del descargo giró en torno a lo que la AFA definió como una “contradicción insoslayable”. “Si la veeduría no es una sanción, ¿por qué se funda en graves irregularidades?”, plantearon. Desde la entidad argumentan que, de existir faltas de tal magnitud, la IGJ debería aplicar directamente sanciones previstas por la normativa vigente, como multas, intervención o incluso la cancelación de la personería jurídica. Al no hacerlo —afirman—, el uso del término “graves irregularidades” resultaría inconsistente.

Otro punto central del conflicto es el cambio de domicilio de la AFA a la provincia de Buenos Aires, con sede en el predio de Ezeiza y registración en Pilar. La IGJ cuestionó ese traslado al señalar que en el lugar declarado no funcionarían oficinas administrativas, lo que pondría en duda la validez del domicilio legal. Desde la conducción del fútbol argentino replicaron que el cambio fue aprobado por la autoridad provincial competente y que la inscripción se encuentra vigente, por lo que consideran que se trata de un acto administrativo válido.

Más allá de la discusión técnica, el comunicado de la AFA atribuye el accionar del organismo de control a un trasfondo político. En ese sentido, sostiene que la medida forma parte de una estrategia orientada a debilitar institucionalmente a la asociación para avanzar en un modelo de Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), esquema que la dirigencia del fútbol local ha rechazado en reiteradas oportunidades. Según esa interpretación, el objetivo no sería estrictamente fiscalizador, sino modificar la estructura jurídica de los clubes.

El pronunciamiento incluyó también un mensaje dirigido “al fútbol argentino y al pueblo”, en el que la AFA afirmó que las instituciones no serán convertidas en mercancía ni sometidas a intereses empresariales. En tono crítico, el texto concluye con una advertencia directa al inspector general: si la medida no es sancionatoria, cuestionan, no debería presentarse bajo el argumento de supuestas irregularidades graves.

El episodio se inscribe en un contexto de debate más amplio sobre el modelo de gestión del deporte en la Argentina y el rol del Estado en el control de asociaciones civiles. Mientras la IGJ sostiene que busca garantizar transparencia y acceso a información contable, la conducción de la AFA denuncia una avanzada política encubierta.

La eventual designación de veedores dependerá ahora de la decisión del Ministerio de Justicia. De concretarse, implicaría la presencia de representantes del Estado con facultades de supervisión dentro de la entidad. El desenlace del conflicto podría derivar en nuevas instancias judiciales, en un escenario donde la disputa excede lo administrativo y se proyecta sobre la estructura misma del fútbol argentino.