La oposición impulsa la emergencia salarial docente y propone un fondo federal para recomponer ingresos

• La oposición presentó un proyecto para declarar la emergencia salarial educativa en todo el país.
• El salario docente habría perdido en promedio un 19% de poder adquisitivo entre 2023 y 2025.
• Se propone crear un Fondo de Fortalecimiento Salarial financiado con el 1% de los ATN y con distribución automática.
• El refuerzo salarial podría alcanzar hasta $119.473 mensuales por cargo entre marzo y diciembre.
• También se prevé destinar $740.500 millones a infraestructura escolar y educación técnica.
• La iniciativa no crea nuevos impuestos y apunta a eliminar la discrecionalidad en el reparto de fondos.

En un contexto de paros, protestas y negociaciones inconclusas en distintas provincias, un grupo amplio de diputados de la oposición presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia salarial educativa y establecer un mecanismo extraordinario de recomposición de ingresos para docentes en todo el país. La iniciativa se inscribe en un inicio de ciclo lectivo atravesado por conflictos laborales y fuertes reclamos por la pérdida del poder adquisitivo.

Según los fundamentos del texto, entre 2023 y 2025 el salario docente sufrió una caída promedio del 19% en términos reales, con retrocesos en 19 de las 24 jurisdicciones. A ese escenario se suma, de acuerdo con los legisladores, una reducción significativa de la inversión nacional en educación, que habría descendido un 47,7% durante la actual gestión. La participación del área en el PBI, señalan, cayó al 0,82% en 2025, el registro más bajo en dos décadas.

En ese marco, los diputados cuestionan la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), la falta de convocatoria a paritarias nacionales y el veto a normas vinculadas con el financiamiento educativo. Consideran que estas decisiones profundizaron el deterioro salarial y trasladaron a las provincias el peso de la crisis, afectando tanto las condiciones laborales como la calidad del servicio educativo.

El proyecto propone la creación del Fondo de Fortalecimiento Salarial Educativo, que se financiaría con el 1% del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). El objetivo es que los recursos tengan asignación específica y distribución automática, evitando criterios discrecionales en su reparto. El diseño contempla que el dinero llegue de manera directa al recibo de sueldo de los trabajadores y que sea inembargable, además de establecer mecanismos de rendición de cuentas obligatoria.

La iniciativa fija un complemento mensual de $52.269 para docentes, directivos y no docentes de la educación obligatoria estatal. A ello se sumaría una compensación adicional de $67.204 para quienes desempeñen tareas en establecimientos ubicados en contextos de alta vulnerabilidad social. De este modo, el refuerzo podría alcanzar los $119.473 mensuales por cargo entre marzo y diciembre. Según los impulsores, más de 916 mil trabajadores serían alcanzados por la medida.

Además de la cuestión salarial, el texto incorpora un capítulo destinado a infraestructura escolar y educación técnica. Propone utilizar el remanente no ejecutado de los ATN correspondientes a 2025, estimado en $740.500 millones, para financiar obras, reparaciones y tareas de mantenimiento en establecimientos de todo el país. El 75% de esos fondos se dirigiría a escuelas estatales de nivel inicial, primario y secundario, mientras que el 25% restante se destinaría a instituciones de educación técnica secundaria.

Uno de los ejes centrales del proyecto es que no prevé la creación de nuevos impuestos ni modificaciones al régimen de coparticipación. La propuesta se basa en la reasignación de recursos existentes, bajo el argumento de fortalecer el federalismo y asegurar que los fondos regresen a las provincias sin intermediaciones políticas.

Entre los firmantes se encuentran dirigentes de distintos espacios y provincias, como Nicolás Trotta, Natalia De la Sota, Miguel Ángel Pichetto, Guillermo Snopek, Marcela Pagano, Sebastián Galmarini, Esteban Paulón, José Glinski, Mónica Frade, Maximiliano Ferraro, Moira Lanesan Sancho, Agustina Propato, Gustavo Bordet, Martín Aveiro, Jorge Chica, Cristian Andino, Pablo Yedlin, Ernesto Alí, Luis Basterra, Raúl Hadad, Santiago Roberto, Marcelo Mango y Pablo Todero. La nómina refleja un armado transversal que busca imprimirle volumen político a la discusión.

“La sostenibilidad del sistema es inseparable de salarios dignos para los docentes y los trabajadores de la educación”, sostuvo Nicolás Trotta, uno de los impulsores de la iniciativa. El ex ministro afirmó que, frente a la eliminación de herramientas como el FONID y a los incrementos que no logran compensar la inflación, el proyecto apunta a ofrecer una respuesta concreta para recomponer ingresos y sostener el funcionamiento del sistema educativo.

La propuesta comenzará ahora su recorrido parlamentario, en un escenario donde la tensión entre Nación y provincias por el financiamiento educativo promete convertirse en uno de los ejes centrales del debate legislativo en las próximas semanas.