Berni cuestionó la baja de la edad de imputabilidad y propuso condenar sin límite etario

• Sergio Berni cuestionó la reforma que baja la edad de imputabilidad a 13 años.
• Sostuvo que el delito debe juzgarse según la comprensión del acto y no por la edad.
• Consideró que la iniciativa oficial es más un eslogan que una reforma estructural.
• Advirtió que modificar el límite etario no frenará el uso de menores por bandas delictivas.
• Propuso imputar y condenar a quien comprenda la criminalidad del hecho, sin tope de edad.
• El debate reabre la tensión entre seguridad, responsabilidad penal y derechos de la niñez.

El debate por la reforma del régimen penal juvenil sumó una voz inesperada dentro del peronismo. El ex ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni criticó el proyecto impulsado por el oficialismo de La Libertad Avanza para bajar la edad de imputabilidad a los 13 años y sostuvo que la discusión debería ir más allá: planteó que no debería existir un límite etario para condenar a quien comete un delito.

La iniciativa promovida por el Gobierno propone reducir la edad a partir de la cual un menor puede ser penalmente responsable. Mientras gran parte del peronismo rechaza la propuesta por considerarla regresiva, Berni cuestionó tanto el contenido como el enfoque del proyecto oficial. A su juicio, se trata más de un “eslogan político” que de una reforma estructural.

“El delito no tiene edad”, afirmó el dirigente, al poner en duda la lógica de fijar un umbral específico. Según señaló, el planteo oficial de “delito de adulto, sentencia de adulto” pierde consistencia cuando se establecen límites en las penas o en la edad de imputabilidad. En su visión, el eje debería estar puesto en la capacidad del menor para comprender la criminalidad del acto cometido.

Berni argumentó que los cambios sociales y tecnológicos aceleraron los procesos de maduración y acceso a la información, por lo que incluso menores de 13 años podrían entender las consecuencias de sus conductas. “Una persona es punible cuando comprende la criminalidad del acto que lleva adelante”, sostuvo, al explicar que el criterio central debería ser la comprensión del hecho y no la edad biológica.

En ese marco, describió un procedimiento que, según su perspectiva, resultaría más coherente: si el menor comprende la criminalidad del acto, debe ser imputado; si se prueba su culpabilidad, debe recibir una sentencia; y, a partir de allí, iniciar un proceso de resocialización. Para el exfuncionario, la condena no excluye la necesidad de reinserción social, sino que constituye el punto de partida para abordarla.

Las declaraciones introducen una postura que desborda los alineamientos partidarios tradicionales. Mientras sectores del oficialismo impulsan la baja de la edad como respuesta al incremento de delitos cometidos por menores, y buena parte de la oposición advierte sobre la vulneración de derechos, Berni propone eliminar directamente el tope etario.

El ex ministro también cuestionó la eficacia de la medida para reducir la criminalidad juvenil. A su entender, modificar el límite de imputabilidad no ataca el problema de fondo y podría generar efectos no deseados. “Si lo ponés en 14, van a buscar a chicos de 13; si lo ponés en 13, van a buscar a chicos de 12”, ejemplificó, en alusión al uso de menores por parte de organizaciones delictivas.

El fenómeno de los llamados “soldaditos” —jóvenes reclutados por bandas criminales para tareas de bajo rango— aparece en el centro de la discusión. Para Berni, la solución no pasa por ajustar la edad, sino por desarticular las estructuras que captan a los menores y abordar las causas estructurales que los empujan hacia el delito.

El debate sobre la reforma penal juvenil reabre una discusión histórica en la Argentina: cómo equilibrar seguridad, responsabilidad penal y protección de derechos de la niñez. El proyecto oficial se inscribe en una agenda más amplia de endurecimiento en materia de seguridad, mientras que distintas voces advierten que la respuesta punitiva, por sí sola, no garantiza resultados.

En este contexto, la posición de Berni introduce un matiz singular. Lejos de rechazar la idea de sanción, propone un esquema aún más amplio en términos de responsabilidad penal, pero combinado con un proceso de resocialización. La discusión promete intensificarse en el Congreso y en la opinión pública, en un escenario donde la inseguridad ocupa un lugar central en la agenda política.