Conflicto por el futuro de Vialidad Nacional en medio del avance de concesiones viales

• El sindicato vial denuncia un presunto vaciamiento de Vialidad Nacional.
• El nuevo organigrama limitaría al organismo a tareas de control.
• El Gobierno avanza con la concesión de más de 2.500 km de rutas.
• El gremio intimó a funcionarios por posibles cambios estructurales.
• Un informe advierte el deterioro de gran parte de la red vial.
• El debate enfrenta modelos de gestión estatal y privada.

El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA) declaró el “estado de alerta máxima” y denunció un presunto proceso de vaciamiento en la Dirección Nacional de Vialidad a partir de un nuevo organigrama que, según el gremio, redefine el rol histórico del organismo. La controversia se produce en paralelo al llamado oficial a licitación para concesionar miles de kilómetros de rutas nacionales, lo que reavivó el debate sobre la participación del Estado en la infraestructura vial.

Desde el sindicato sostienen que un informe interno describe una “reorientación institucional” que implicaría que Vialidad deje de ejecutar obras y tareas operativas para limitarse a funciones de planificación, control y fiscalización de concesiones. Para la organización gremial, ese cambio supone un retiro del Estado en una función estratégica vinculada a la construcción y mantenimiento de rutas, con impacto potencial sobre la seguridad vial y la integración territorial.

La conducción sindical elevó una intimación formal al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y al secretario de Transformación del Estado, reclamando que se abstengan de adoptar medidas que —a su juicio— conduzcan a la disolución o desnaturalización del organismo. En el planteo, el gremio advirtió que cualquier modificación estructural sin debate público podría afectar la continuidad del servicio, el patrimonio estatal y el desarrollo federal.

La secretaria general del sindicato, Graciela Aleñá, cuestionó la iniciativa oficial y la interpretó como un intento de avanzar administrativamente sobre un esquema que había sido rechazado en el ámbito legislativo. El año pasado, el Congreso de la Nación Argentina desestimó un decreto que proponía la disolución de Vialidad Nacional junto a otros entes vinculados al transporte, decisión que ahora vuelve a ser mencionada por los trabajadores como antecedente institucional.

Mientras tanto, el Ministerio de Economía —a cargo de Luis Caputo— formalizó el llamado a licitación pública, nacional e internacional, para la concesión de más de 2.500 kilómetros de rutas en distintas provincias. El esquema se divide en corredores que abarcan trazas estratégicas para el transporte de cargas y la conexión de polos productivos y portuarios. El objetivo oficial es modernizar la infraestructura mediante mayor participación privada y un modelo sin subsidios directos.

El anuncio intensificó las tensiones con sectores sindicales que temen una reducción de la estructura estatal dedicada al mantenimiento vial. En paralelo, la Federación del Personal de Vialidad Nacional difundió un informe que advierte que entre el 65% y el 70% de la red nacional presenta condiciones regulares o deficientes, situación que —según el documento— impacta en la seguridad de los usuarios y en la logística productiva.

El reporte también vincula la falta de mantenimiento preventivo con un aumento de la siniestralidad, planteando la necesidad de inversiones sostenidas. Gobernadores de distintas provincias han señalado en reiteradas oportunidades la importancia estratégica de la red vial, tanto para la economía regional como para la conectividad territorial.

En este escenario, el debate trasciende la discusión administrativa y se instala en el plano político y social: de un lado, la apuesta oficial por un esquema de concesiones con fuerte presencia privada; del otro, la preocupación sindical por el alcance de la transformación institucional. La evolución del proceso licitatorio y las eventuales definiciones judiciales o legislativas marcarán el rumbo de un sistema que resulta clave para la movilidad, el comercio y la seguridad vial del país.