Diputados dio media sanción al nuevo Régimen Penal Juvenil y reabre el debate sobre imputabilidad

• La Cámara de Diputados aprobó la media sanción del nuevo Régimen Penal Juvenil con amplia mayoría.
• El proyecto reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y fija penas más severas para delitos graves.
• Se incorporan sanciones alternativas y mecanismos restaurativos para infracciones de menor escala.
• La iniciativa crea institutos especializados y prohíbe la convivencia de menores con detenidos adultos.
• El debate expuso diferencias sobre el enfoque punitivo y la necesidad de políticas integrales.
• El texto incluye partidas presupuestarias para garantizar la aplicación efectiva del régimen.

La Cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto de Régimen Penal Juvenil impulsado por el oficialismo, una iniciativa que introduce cambios de fondo en la respuesta del Estado frente a delitos cometidos por menores de edad. El punto más sensible del texto aprobado es la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, una modificación que generó un debate intenso tanto dentro del recinto como en el plano político y social.

La propuesta, promovida por la senadora Patricia Bullrich, obtuvo 149 votos afirmativos frente a 100 negativos, sin abstenciones. El respaldo provino de una amplia coalición parlamentaria integrada por bloques oficialistas y sectores de la oposición dialoguista, mientras que el peronismo votó en contra en general, aunque con matices al momento de tratar artículos específicos. Esa dinámica dejó en evidencia que, más allá de la polarización inicial, existen puntos de convergencia sobre la necesidad de actualizar un régimen considerado desfasado.

El nuevo esquema no solo redefine la edad de punibilidad, sino que también establece una pena máxima de hasta 15 años de prisión para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros. Para infracciones con escalas menores, el proyecto incorpora un menú de sanciones alternativas que incluye servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación del daño y restricciones de conducta, con el objetivo de priorizar respuestas proporcionales y evitar la institucionalización innecesaria.

Uno de los ejes del texto es la creación de institutos especializados para menores condenados, con garantías de educación, atención médica y abordaje de adicciones. El régimen prohíbe de manera expresa cualquier convivencia con detenidos adultos y exige que el personal esté capacitado en infancia y adolescencia. Además, se habilitan herramientas como la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil para casos leves, siempre con intervención de las partes y consentimiento de la víctima.

El proyecto también incorpora un reconocimiento explícito del rol de las víctimas dentro del proceso penal juvenil. Se garantiza su derecho a recibir información, asistencia jurídica y acompañamiento psicológico, así como su participación en instancias relevantes, incluidos mecanismos restaurativos cuando correspondan. Para el oficialismo, este punto busca equilibrar el enfoque tradicionalmente centrado en el menor con una mirada más amplia sobre el impacto del delito.

Durante el debate, voces críticas cuestionaron que la reforma priorice la dimensión punitiva por sobre políticas integrales de prevención. El dirigente social Juan Grabois sostuvo que la discusión de fondo debería incluir salud mental y consumos problemáticos, y advirtió que la baja de la edad por sí sola no resuelve las causas estructurales de la violencia juvenil. En una línea distinta, el diputado Miguel Ángel Pichetto consideró que la medida puede ser necesaria, pero subrayó que su efectividad dependerá de la inversión en infraestructura y programas educativos.

El texto final incorporó un capítulo presupuestario para financiar la implementación del régimen, luego de que gobernadores reclamaran precisiones sobre el impacto fiscal. La asignación busca cubrir tanto recursos para el sistema judicial como para dispositivos de contención especializados, un aspecto que las provincias consideran central para evitar que la reforma quede en el plano declarativo.

Con la media sanción obtenida, el oficialismo apuesta a que el Senado trate la iniciativa en las próximas semanas. Más allá del resultado legislativo, el debate dejó planteada una discusión de fondo: cómo combinar responsabilidad penal, protección de derechos y políticas de inclusión en un sistema que intenta responder a una problemática compleja y de alta sensibilidad social.