Denuncia penal por los incidentes frente al Congreso

• El Gobierno presentó una denuncia penal por los disturbios ocurridos frente al Congreso.
• El escrito califica los hechos como posible atentado contra el orden constitucional.
• Se solicitó la detención inmediata de manifestantes identificados.
• La investigación apunta a determinar autores, partícipes e instigadores.
• Se analizan registros audiovisuales para reconstruir los incidentes.
• La causa busca definir si existió afectación al funcionamiento institucional.

El Gobierno nacional presentó una denuncia penal ante la Justicia federal por los disturbios ocurridos frente al Congreso durante la manifestación contra la reforma laboral, en un movimiento que escaló el conflicto político y judicial tras una jornada marcada por enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. El escrito califica los hechos como un posible atentado contra el orden constitucional y la vida democrática, además de otros delitos vinculados a violencia contra la autoridad, lesiones y daños agravados.

La presentación fue impulsada por el Ministerio de Seguridad Nacional, encabezado por Alejandra Monteoliva, y quedó radicada ante el juez federal de turno. En el documento se solicita la investigación inmediata de los responsables de los incidentes registrados en las inmediaciones del Congreso de la Nación Argentina, mientras el Senado debatía en sesiones extraordinarias un proyecto de reforma laboral que obtuvo media sanción en la madrugada.

Según el texto presentado, el accionar denunciado habría tenido como finalidad generar un escenario de temor social y obstaculizar el funcionamiento del Poder Legislativo. La denuncia sostiene que los hechos no solo alteraron el orden público, sino que buscaron interferir de manera directa en el desarrollo institucional. Bajo esa interpretación, el escrito encuadra lo ocurrido en figuras penales agravadas por el presunto objetivo de afectar la vida democrática.

La denuncia fue firmada por Lisandro Manuel Franco, director de Normativa y Legislación de la cartera de Seguridad, quien solicitó a la Justicia que actúe con carácter urgente frente a lo que definió como hechos de gravedad excepcional. El planteo incluye la necesidad de identificar a los autores materiales, posibles partícipes e instigadores, así como analizar si existieron estructuras organizadas detrás de los disturbios.

En paralelo, la ministra informó que ya fueron identificadas al menos cuatro personas señaladas por agredir a efectivos policiales con objetos contundentes. Sobre esa base, el ministerio pidió su detención inmediata, una medida que ahora queda sujeta a la evaluación judicial. Desde el área de Seguridad indicaron que se continúa recolectando material probatorio, incluidos registros audiovisuales que permitirían ampliar la identificación de otros involucrados.

Entre las hipótesis bajo análisis figura la utilización de elementos incendiarios durante los enfrentamientos, lo que reforzó la calificación penal adoptada en la denuncia. Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que se trabaja en la revisión de imágenes captadas por cámaras de seguridad y registros oficiales para reconstruir la secuencia de los hechos y determinar responsabilidades individuales.

El planteo judicial introduce un componente institucional relevante, ya que sitúa los incidentes dentro de un marco de presunta afectación al normal funcionamiento de los poderes del Estado. Esa interpretación, de prosperar, podría derivar en imputaciones de mayor gravedad y en una ampliación de la pesquisa hacia eventuales organizadores.

Mientras tanto, el expediente avanza en el fuero federal con medidas preliminares orientadas a asegurar pruebas y verificar las identidades señaladas. El desarrollo de la causa será clave para determinar el encuadre definitivo de los hechos y el alcance de las responsabilidades penales. En un contexto de alta sensibilidad política, la intervención judicial busca establecer si los disturbios constituyeron delitos comunes en el marco de una protesta o si, como sostiene la denuncia oficial, implicaron una tentativa de afectar el orden institucional.