Dólares no declarados y Ganancias simplificado: expectativas y cautelas ante el nuevo régimen

• El nuevo régimen simplificado busca incentivar la formalización de dólares no declarados.
• Especialistas destacan beneficios fiscales y un bloqueo de revisiones hacia atrás.
• Existen cautelas por la aplicación de controles bancarios y normas antilavado.
• La operatividad dependerá de criterios internos de cada entidad financiera.
• La confianza en la estabilidad jurídica influirá en la adhesión al sistema.
• Analistas recomiendan evaluar riesgos y condiciones antes de incorporarse.

El llamado del ministro de Economía, Luis Caputo, a que los ahorristas lleven “los dólares del colchón al banco” volvió a poner en el centro del debate el alcance práctico del Régimen Simplificado de Ganancias impulsado en el marco de la denominada Ley de Inocencia Fiscal. La reglamentación reciente cerró el andamiaje normativo del sistema, que combina beneficios fiscales con un mecanismo de regularización permanente. Sin embargo, mientras algunos especialistas prevén una adhesión masiva, otros advierten que la operatividad bancaria y los controles antilavado podrían moderar ese entusiasmo.

Desde la perspectiva de quienes respaldan la iniciativa, el atractivo principal radica en la simplificación administrativa y en el llamado “bloqueo fiscal”, un efecto que limita revisiones hacia atrás siempre que el contribuyente cumpla en adelante con sus obligaciones. Asesores tributarios señalan que el régimen ofrece una declaración jurada más acotada y un marco de previsibilidad que, en los hechos, funciona como un blanqueo permanente para fondos de origen lícito. Bajo esta lógica, el incentivo sería incorporar ahorros no declarados al circuito formal para inversión o consumo, reduciendo el costo de la informalidad.

Otros expertos coinciden en que el diseño normativo es atractivo y que muchos contribuyentes en condiciones de adherir podrían migrar al nuevo esquema. El sistema, sostienen, ofrece seguridad jurídica siempre que no existan inconsistencias relevantes respecto de la información presentada. En ese sentido, remarcan que la clave será la correcta implementación operativa y la claridad en los criterios de fiscalización.

Las miradas más cautelosas ponen el foco en la interacción entre la normativa fiscal y los controles financieros. Aunque el régimen ya cuenta con reglamentación, especialistas advierten que persisten interrogantes sobre cómo actuarán las entidades bancarias ante depósitos de fondos no previamente formalizados. En la práctica, cada banco mantiene protocolos internos para verificar el origen del dinero, lo que puede traducirse en pedidos de documentación adicional o demoras operativas.

Además, recuerdan que las obligaciones vinculadas a la prevención del lavado de activos continúan plenamente vigentes. Esto implica que, aun con el encuadre fiscal regularizado, las entidades financieras deben evaluar la trazabilidad de los fondos y, de detectar inconsistencias, emitir reportes a las autoridades competentes. Para los analistas, este punto introduce un factor de prudencia: el régimen puede ser jurídicamente sólido, pero su aplicación dependerá del criterio de riesgo que adopten los bancos.

Otro aspecto que genera debate es la expectativa de masividad. Algunos asesores consideran que el atractivo fiscal podría impulsar un ingreso significativo de capitales al sistema formal, especialmente entre contribuyentes que buscan ordenar su situación tributaria. Otros creen que la decisión de bancarizar ahorros dependerá en gran medida de la confianza en la estabilidad regulatoria y en la continuidad del marco legal. La percepción de seguridad jurídica aparece como un elemento central para que el régimen cumpla su objetivo de movilizar dólares hacia la economía real.

En términos prácticos, los especialistas recomiendan evaluar cada caso de manera individual. El beneficio fiscal puede resultar relevante para autónomos o contribuyentes con situaciones impositivas pendientes, pero exige cumplir estrictamente las condiciones del régimen para evitar su decaimiento. La coordinación entre normativa tributaria y controles financieros será determinante para medir su impacto.

Mientras el Gobierno apuesta a que el nuevo esquema contribuya a ampliar la base formal de la economía, el mercado observa cómo se traducirá en la operatoria cotidiana. La efectividad del régimen no solo dependerá de sus incentivos fiscales, sino también de la confianza que genere en contribuyentes y entidades financieras.