Los juicios por accidentes laborales crecieron más de 4.300% desde 2003 y alcanzaron un récord histórico en 2025

• Los juicios por accidentes laborales crecieron 4.353% entre 2003 y 2025.
• En 2025 se iniciaron 134.131 demandas, récord histórico del sistema.
• La litigiosidad aumentó pese a la estabilización o baja de los accidentes.
• Argentina registra 132,8 juicios cada 10.000 trabajadores, muy por encima de Chile y España.
• El 45% de lo abonado en juicios corresponde a honorarios y gastos judiciales.
• El fenómeno reaviva el debate sobre una reforma del sistema de ART.

La litigiosidad en el sistema de Riesgos del Trabajo volvió a ubicarse en el centro del debate tras conocerse que la cantidad anual de juicios laborales por accidentes de trabajo aumentó 4.353% entre 2003 y 2025. En ese período, las demandas pasaron de 3.012 casos a 134.131, el nivel más alto desde la creación del régimen.

El dato surge de estadísticas oficiales del sistema y fue analizado por la consultora Libertad y Progreso, que advirtió sobre el marcado desfasaje entre la evolución de los accidentes laborales y el crecimiento de las demandas judiciales. Según el informe, en 2025 se iniciaron más de 134.000 juicios, lo que equivale a un promedio superior a 350 nuevas presentaciones por cada día hábil del año. En términos comparativos, la litigiosidad se multiplicó por 44 en poco más de dos décadas.

La serie histórica muestra una tendencia ascendente sostenida. En 2005 se registraban 6.805 demandas; en 2008 ya sumaban 27.170; en 2012 alcanzaban 64.093; y en 2016 llegaban a 127.503. Un año después, en 2017, la cifra ascendía a 130.679. Desde entonces, lejos de estabilizarse, la curva continuó en niveles elevados hasta marcar un nuevo máximo en 2025.

Sin embargo, el comportamiento de los accidentes laborales no siguió la misma dinámica. De acuerdo con datos del sistema y de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), los siniestros crecieron en una primera etapa, pero luego tendieron a estabilizarse e incluso a descender en los últimos años, en paralelo con políticas de prevención y consolidación del régimen de ART. Esa divergencia es uno de los ejes centrales del debate actual: más juicios, con menos accidentes.

La comparación internacional también resulta elocuente. La Argentina registra 132,8 juicios cada 10.000 trabajadores, frente a 5,8 en Chile y 8,5 en España, según cifras difundidas en informes sectoriales. Esa brecha coloca al país en un nivel de litigiosidad muy superior al de otras jurisdicciones con esquemas de cobertura similares.

El impacto económico del fenómeno no es menor. El aumento de la judicialización incrementa los costos del sistema de ART, lo que se traduce en mayores cargas para las empresas y, en particular, para las pymes y los sectores intensivos en empleo formal. A su vez, la incertidumbre derivada de la dinámica judicial es señalada como un factor que afecta la previsibilidad y la contratación registrada.

En este contexto, volvió a cobrar fuerza la discusión sobre una eventual reforma del sistema. El desafío, según distintos análisis, es reducir la litigiosidad sin debilitar la protección de los trabajadores, corrigiendo incentivos que hoy favorecen el conflicto legal aun cuando los niveles de siniestralidad no lo justifican.

Desde la UART sostienen que el incremento de juicios no responde a un aumento de accidentes, sino a factores vinculados al funcionamiento del esquema judicial. En particular, señalan que la Ley 27.348 dispuso la creación obligatoria de Cuerpos Médicos Forenses para unificar criterios técnicos y disminuir la litigiosidad, pero que esa estructura no fue implementada de manera homogénea en todo el país.

Esa situación, advierten, permitió la intervención de peritos externos sin un marco uniforme de supervisión, cuyos dictámenes fijan porcentajes de incapacidad por fuera de los baremos oficiales. Esas pericias, en muchos casos, son luego convalidadas judicialmente, lo que incrementa el volumen y el monto de las demandas.

Otro elemento señalado es la modalidad de cálculo de los honorarios periciales, que se determinan como un porcentaje del monto de la sentencia. Ese mecanismo, sostienen, introduce incentivos económicos que pueden impactar en los porcentajes de incapacidad reclamados y en el valor final de los litigios.

Los costos asociados también reflejan esa dinámica. Según estimaciones sectoriales, cerca del 45% de lo que abonan las ART en concepto de juicios corresponde a honorarios de abogados, peritos y gastos judiciales. En términos prácticos, por cada millón de pesos destinado a una demanda, alrededor de $450.000 se canalizan a través de ese circuito de intermediación.

El récord de 2025 reabre así una discusión estructural sobre el equilibrio entre protección laboral, funcionamiento del sistema judicial y sostenibilidad económica, en un escenario donde la brecha entre accidentes y litigios sigue ampliándose.