Sesiones extraordinarias con ritmo lento y una agenda legislativa todavía en suspenso

• Las sesiones extraordinarias comenzaron con un clima de pasividad en ambas cámaras del Congreso.
• El Gobierno concentra sus esfuerzos en la reforma laboral, con foco en el Senado.
• En Diputados, la actividad se reactiva con la conformación de nuevas comisiones.
• Aún no ingresaron formalmente los proyectos que deberían debatirse en extraordinarias.
• El calendario y los feriados reducen el margen para dictaminar y llegar al recinto.
• La reforma de la Ley Penal Juvenil y la edad de imputabilidad generan fuertes dudas sobre su viabilidad.

El inicio de las sesiones extraordinarias encontró al Congreso en un clima de llamativa quietud. Pese a la expectativa que suele rodear estos períodos acotados de actividad parlamentaria, el arranque estuvo marcado por la falta de definiciones y por una dinámica más cercana a la espera que a la confrontación política. Con pocas voces levantadas y escasos movimientos visibles, el Gobierno avanza casi en soledad con su principal apuesta legislativa: la reforma laboral, que por ahora concentra la atención en el Senado.

En la Cámara alta, el debate se focaliza en uno de los artículos más sensibles del proyecto, el que propone una reducción del impuesto a las Ganancias para las empresas. Más allá de ese punto puntual, los cambios estructurales en el mundo del trabajo no han generado, al menos por ahora, un intercambio intenso entre oficialismo y oposición. Ni los bloques libertarios ni el peronismo han fijado posiciones públicas contundentes, en un escenario donde la principal fuerza opositora parece aguardar los pasos que dé La Libertad Avanza antes de mover sus propias fichas.

La jefa del bloque oficialista en el Senado tiene previsto mantener un encuentro con la Unión Cívica Radical con el objetivo de sumar voluntades que permitan llevar la iniciativa al recinto en los próximos días. La fecha que se maneja es el 11 de febrero, aunque en los pasillos legislativos admiten que el cronograma depende de acuerdos todavía frágiles y de una negociación que avanza sin estridencias.

En la Cámara de Diputados, el panorama no es muy distinto. Tras un enero prácticamente inactivo, sin reuniones ni señales claras de trabajo parlamentario, la actividad se reanuda con el llamado a los bloques para conformar nuevas comisiones. La presidencia de la Cámara solicitó que, hacia el final de la semana, cada bancada envíe los nombres de los legisladores que integrarán los espacios encargados de analizar los proyectos que el Ejecutivo planea remitir.

Según el esquema que circula entre los diputados, se pondrán en marcha tres comisiones clave: Relaciones Internacionales–Mercosur, Justicia y Familia. La primera anticipa la intención del oficialismo de abrir el debate sobre el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, un tema que genera expectativas pero también resistencias internas. Las otras dos comisiones están directamente vinculadas a la reforma de la Ley Penal Juvenil, uno de los proyectos más sensibles del temario.

Sin embargo, desde la oposición advierten que, por ahora, no hay textos concretos sobre la mesa. La solicitud para conformar las comisiones llegó antes que los proyectos, lo que siembra dudas sobre los tiempos reales del debate. Con el calendario corriendo en contra y la proximidad de los feriados de Carnaval, el margen para dictaminar y llegar al recinto se achica de manera significativa.

El cronograma informal prevé que las comisiones se constituyan entre martes y miércoles de la próxima semana, con la elección de autoridades y, eventualmente, el inicio de las discusiones. La semana siguiente, atravesada por los feriados, reduce aún más las posibilidades de avance, dejando apenas unos días hábiles para emitir dictámenes antes del cierre de las extraordinarias.

En este contexto, la eventual reforma del Régimen Penal Juvenil aparece como uno de los puntos más inciertos. El antecedente inmediato es el proyecto que había logrado consenso el año pasado y que proponía bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Aquella iniciativa perdió estado parlamentario y ahora el oficialismo evalúa insistir con una reducción aún mayor, hasta los 13 años, una opción que despierta fuertes resistencias incluso entre aliados potenciales.

Desde distintos bloques reconocen que, si se respeta el consenso previo, el proyecto podría avanzar con modificaciones. Pero si el Gobierno opta por una postura más dura, las chances de éxito se reducen notablemente. Así, las sesiones extraordinarias avanzan con más interrogantes que certezas, en un Congreso que, por ahora, parece moverse al ritmo de la cautela.