


Martín Llaryora inauguró en Laboulaye las 148° sesiones ordinarias de la Legislatura provincial con un discurso típico de gestión donde cuidó su relación con Javier Milei y los referentes violetas, evitó hablar de política nacional más allá de mencionar varias veces “la crisis” o la baja en la recaudación tributaria, y endureció el mensaje para con el senador Luis Juez, a quien acusó de obstrucción, y el radical Rodrigo de Loredo, del que dijo busca quedar bien con el Presidente, en una muestra de que el año electoral 2027 se adelantó varios meses.
Fue un domingo de alta política en el sur-sur provincial. Antes de la asamblea legislativa, los tres principales referentes opositores, el diputado libertario Gabriel Bornoroni, y los mencionados Juez y De Loredo, se mostraron juntos por primera vez en varios meses y con la frase “fin de ciclo”, ratificaron su intención de desbancar al peronismo del gobierno provincial, aunque es evidente que la candidatura a gobernador es un punto más de division que de unión en este momento. El oficialismo también tuvo un fin de semana a full antes de la sesión en el Teatro Sporting de Laboulaye: recorridas por el departamento, fotos con el presidente del TSJ, Domingo Sesin, visita al edificio de la nueva sede de la Universidad provincial (a la que luego le dedicó un buen párrafo en su discurso) y actividad con intendentes y fuerzas vivas de la zona.
En su mensaje, Llaryora acusó al senador del Frente Cívico, sin mencionarlo, de estar del lado de los narcotraficantes y delincuentes por rechazar vía Tribunal de Cuentas la compra de drones y de implementos para el control del delito. Se explayó mucho el jefe del Panal al respecto con Juez como objetivo. Expresó que no hay lugar para los tibios y para los que no tienen la camiseta en contra de los narcos, y se abrazó al tema seguridad y a la defensa de su gestión en la materia, que se llevó gran parte de los anuncios de la tarde. Una demostración de que el gobierno de autopercibe exitoso en lucha contra el delito y que alinearse a la Nación en la doctrina Bullrich le da rédito.
Según Bornoroni, Llaryora demostró no tener un plan para seguir gobernando, lo que quedaría demostrado por el hecho de que el mandatario tuvo que remontarse a dos años atrás para mostrar algo. Se refería el libertario a la ley de Seguridad aprobada a inicios de la gestión del sanfrancisqueño y a la ley de Equidad Territorial sancionada a principios de 2025. Ambas normativas y sus acciones posteriores estructuraron en parte el discurso de Llaryora de ayer.
Bornoroni tampoco confrontó con Llaryora pero, interesado en asegurarse los votos para la Cámara de Diputados, sostuvo que, al dar “libertad de acción” a sus diputados, no fue claro sobre su postura en la ley de reforma laboral, ni sobre la rebaja de la edad de imputabilidad que son, manifestó, la agenda que los cordobeses “votaron en octubre”.
De Loredo dijo que Llaryora tiene miedo. El gobernador lo ridiculizó al afirmar que iba a hablar con Milei para que le de bolilla al exdiputado, porque según el gobernador esa necesidad de atención presidencial motiva los videos con IA que el exdiputado supo usar. Más duro aún, el jefe del Panal le recordó que luego de la última elección de medio término ya no hay diputados de la UCR cordobesa en el Congreso y auguró que “en las próximas elecciones ni concejales van a tener”. Esos comentarios son “síntoma de miedo de perder las elecciones”, según De Loredo.
Llaryora se tomó 125 minutos para defender sus dos primeros años de gestión, con un repaso previsible y típico por las obras realizadas en este lapso (hubo un extenso video repasando los ítems). El gobernador no se salió del libreto seguro de repasar lo hecho, defender las decisiones y adelantar que la hoja de ruta no tiene grandes curvas. Acuñó el concepto menos político de “tener corazón” para dar respuesta a los sectores afectados por la recesión o la pérdida de empleo, quizás para aventar acusaciones de “populismo” o de “peronismo” tan a mano de los libertarios. En esa línea se inscribe el plan Medicor, para proveer de medicamentos a personas sin obra social, el programa de 5000 lotes para la construcción de viviendas-dormitorios, los fondos para emprendedores y para Discapacidad.
Lo que hay
Aunque hubo batería de anuncios, ninguno fue muy estridente, acorde a tiempos de ajuste. El titular del Ejecutivo ratificó que profundizará la rebaja del impuesto inmobiliario, que sostendrá la Caja de Jubilaciones en el ámbito provincial y que la cuestión previsional está regida por la ley de Equidad Previsional sancionada el diciembre del año pasado. Adelantó que llevará la jubilación mínima a 800 mil pesos antes de fin de año, prometió incorporar más jubilados al 82%, y ratificó el principio de que los agentes estatales que más cobran son los que más aportan. El entusiasmo del oficialismo con el 82% puede toparse con la realidad. Los gremios relatan descontento entre los jubilados, incluso los beneficiados por el aumento, y también por el mayor aporte a la Caja de agentes con mejores salarios. En diez días, los gremios acudirán con amparos colectivos e individuales a la Justicia provincial en un intento de revertir el incremento de aportes y la merma del salario de bolsillo de muchos trabajadores.
Sobre el inmobiliario urbano, el gobernador salió a responder a los que dudaban sobre el verdadero impacto en los nuevos cedulones. Sostuvo que como consecuencia de la reducción impositiva volvieron a los bolsillos de los contribuyentes unos 900 mil millones de pesos. Según sus cálculos con la rebaja impositiva el 40% pagará 25% menos que el año pasado, el 11% pagará igual y el resto tendrá una actualización por debajo de la inflación anual.
En materia de Seguridad, con un ministro Juan Pablo Quinteros siguiendo muy atento el discurso, Llaryora prometió insistir con la compra de la tecnología que le Tribunal de Cuentas manejado por el juecismo le vetó, y rogó que la justicia “resuelva rápido” el planteo por los drones. Fue en ese punto que el sanfrancisqueño deslizó que el organismo cuya conducción el oficialismo perdió en 2023 podría tener cinco y no tres miembros como en la Municipalidad de Córdoba.
A la salida del acto, Juez redobló la apuesta y dijo que Llaryora puede comprar “lo que quiera” pero que la función del organismo es controlar esos gastos. “Todo lo que le objetamos tenía sobreprecios”, afirmó el senador. “Ganen la elección en buena ley, no obstruyendo”, retó Llaryora, para quien los tribunos del Frente Cívico recibieron órdenes de su jefe de detener la mentada licitación porque éste ve que no podrá ganar la Gobernación en 2027. Da toda la impresión que la guerra gestión vs control, gastos vs palos en la rueda, que camufla otra más de fondo, recién comienza.
Un anuncio novedoso fue el envío a la Legislatura de ley que promueve los derechos de las Víctimas de Delitos, que el gobernador pidió sea denominada “ley Joaquín” en honor al niño Joaquín Sperani, asesinado por un amigo de la misma edad en la ciudad de Laboulaye, en un caso con muy pocos antecedentes. Los padres de la víctima estuvieron en el teatro donde se hizo la sesión inaugural y la ley fue preparada por el ministro de Justicia, Julián López. En materia de seguridad, Llaryora anunció un nuevo sistema penal acorde a la cárcel de máxima seguridad que se está construyendo en la Provincia, y se anotó un poroto en el dato de la baja de homicidios anunciada por el gobierno de Milei, al cual felicitó por el indicador. En Córdoba, la tasa continua baja: 2,2 homicidios por cada 100 mil habitantes.
CON INFORMACION DE DIARIOALFIL.





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