Salud redefine su estructura y absorbe la política de discapacidad para reforzar el control sanitario

• El Ministerio de Salud absorbió la ANDIS y creó la Secretaría Nacional de Discapacidad
• La reforma busca unificar controles médicos, administrativos y financieros
• Se redujo la estructura jerárquica y se reasignaron partidas presupuestarias
• Alejandro Vilches quedó al frente del área para garantizar continuidad de gestión
• El programa de cannabis medicinal pasó a la órbita de SEDRONAR
• Salud concentrará habilitación y fiscalización de establecimientos sanitarios

El Gobierno nacional avanzó con una reconfiguración de la estructura del Ministerio de Salud mediante el Decreto 27/2026, una medida que apunta a fortalecer el rol rector del Estado en el sistema sanitario y a ordenar competencias que, hasta ahora, se encontraban dispersas. El cambio más relevante es la incorporación de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) como Secretaría Nacional de Discapacidad dentro del organigrama central de la cartera sanitaria, una decisión que busca unificar criterios, mejorar los mecanismos de control y optimizar el uso de los recursos públicos.

Según explicaron fuentes oficiales, la nueva secretaría conservará la responsabilidad sobre el diseño de políticas públicas vinculadas a la discapacidad y la administración de las pensiones no contributivas por invalidez laboral. La integración implica también la unificación de los sistemas de control médico, administrativo y financiero, con el objetivo de reforzar la trazabilidad de los expedientes y robustecer las auditorías internas. Desde el Ministerio de Salud sostienen que el esquema anterior presentaba superposiciones que dificultaban el seguimiento y la fiscalización de las prestaciones.

La Secretaría Nacional de Discapacidad contará con dos subsecretarías. Por un lado, la de Políticas de Acceso y Apoyos, orientada a la elaboración y coordinación de programas que promuevan la inclusión y el acceso efectivo a derechos. Por otro, la Subsecretaría de Regulación, Certificación y Proyectos, que tendrá a su cargo la certificación de discapacidad, la regulación de prestaciones y la supervisión de iniciativas específicas. El diseño apunta a una mayor articulación entre áreas y a una gestión más eficiente de las políticas públicas destinadas a este sector.

Desde la cartera que conduce Mario Lugones señalaron que la absorción de la ANDIS responde a la necesidad de evitar duplicaciones administrativas y de consolidar un criterio sanitario y presupuestario unificado. En ese marco, destacaron que la reestructuración implicó una reducción significativa de la estructura jerárquica, con la consecuente reasignación de partidas presupuestarias. El argumento oficial es que el recorte de cargos y la centralización administrativa permitirán destinar más recursos a programas y prestaciones directas para personas con discapacidad.

Al frente de la nueva secretaría quedó Alejandro Vilches, médico con experiencia en gestión sanitaria, quien ya había sido designado como interventor de la ANDIS en agosto pasado. Su continuidad busca garantizar estabilidad en un área que venía atravesando tensiones internas, luego de la salida de su anterior titular en medio de denuncias que derivaron en un cambio de conducción. En el Gobierno subrayan que el nuevo esquema pretende dejar atrás esas irregularidades y fortalecer los controles internos.

La reorganización del Ministerio de Salud no se limita al área de discapacidad. El decreto también dispone la transferencia integral de la gestión del Programa de Cannabis Medicinal a la órbita de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas (SEDRONAR). La decisión apunta a reforzar el enfoque sanitario, médico y científico del uso terapéutico del cannabis, en línea con lo establecido por la Ley 27.350. En paralelo, se actualizaron los requisitos de inscripción al registro correspondiente, con el objetivo de mejorar la trazabilidad y prevenir desvíos en el uso del programa.

Otro punto central de la reforma es la concentración en el Ministerio de Salud de las funciones de habilitación, registro y fiscalización de los establecimientos sanitarios. Con esta medida, el Ejecutivo busca ampliar la capacidad de control estatal sobre los distintos subsectores del sistema de salud y garantizar estándares homogéneos en todo el país. Hasta que finalice el proceso de reestructuración, se mantendrán las aperturas estructurales de niveles inferiores y las dotaciones de personal existentes.

En el oficialismo encuadran estas decisiones dentro de una política más amplia de reorganización interna del Estado, orientada a ganar eficiencia y transparencia. La centralización de competencias en Salud refuerza su peso político e institucional y redefine el vínculo entre las políticas sanitarias y sociales. Al mismo tiempo, abre interrogantes sobre el impacto de los cambios en la implementación concreta de las prestaciones y en la relación con otros organismos del Estado.