El llamado a la unidad ante la crisis de seguridad en Córdoba

El reciente cruce público entre Marcos Torres, el intendente de Alta Gracia, y Juan Pablo Quinteros, el ministro de Seguridad de la Provincia, pone de relieve una serie de tensiones latentes que no solo afectan a los protagonistas del conflicto, sino que también reflejan un panorama más amplio dentro del peronismo oficialista en Córdoba.

Los sucesos de la madrugada del 1° de enero, donde un grupo de jóvenes desbordó los límites de celebración en el parque del Sierras Hotel, marcaron un punto de quiebre. La intervención de la Guardia Urbana y el personal municipal puso de manifiesto la falta de una respuesta efectiva por parte de las fuerzas de seguridad, lo que llevó a Torres a criticar abiertamente a Quinteros. Este, a su vez, defendió la actuación policial con un desdén que encendió aún más la interna: “La Policía no deja solo a nadie”.

Ese intercambio de palabras no fue solo un incidente aislado; fue un claro reflejo de la desilusión que sienten muchos dentro del partido ante la gestión de seguridad. La falta de coordinación entre el gobierno provincial y los municipios no es un problema nuevo, pero la explosión de este conflicto saca a la luz las falencias que los dirigentes han preferido callar. La reacción de Torres, lejos de ser un ataque personal, es el eco de un descontento más profundo que han comenzado a compartir otros intendentes oficialistas.

La visita no anunciada de Quinteros a Alta Gracia fue, sin duda, la gota que rebalsó el vaso. Que el intendente se enterara de la llegada del ministro a través de su propio equipo es una señal de falta de respeto y de comunicación dentro de la propia alianza gobernante. Este tipo de desairados episodios son los que alimentan la frustración de los dirigentes en las jurisdicciones más pequeñas, que sienten que sus voces no son escuchadas en el nivel provincial. En un contexto donde se discuten reformas vitales para la gestión local, el desprecio por las formalidades resulta alarmante.

La reunión posterior entre Torres y Quinteros, en la que ambos dirigentes se sentaron a tomar un café para “dejar todo 5-5”, puede parecer un gesto conciliador, pero no debe ser interpretado como una resolución definitiva a los problemas subyacentes. Aunque lograron acordar planes de trabajo conjuntos y reforzar la seguridad ante futuros eventos, la tensión entre el entorno de ambos no desaparecerá de la noche a la mañana. En una provincia donde la política y la seguridad van de la mano, el descontento no hará más que crecer si las bases del diálogo y la colaboración no se fortalecen.

La percepción entre otros intendentes oficialistas es clara: la gestión de Martín Llaryora se centra demasiado en la capital y menosprecia las necesidades del interior. En un contexto de crisis de representación, se vuelve fundamental que los actores políticos reconozcan que, si bien la seguridad es prioridad, es igualmente crucial atender las demandas de los territorios que los eligen. La situación de Torres puede ser única, pero su reclamación es un llamado colectivo a dejar de lado rivalidades innecesarias y trabajar unidos por el bienestar de toda la provincia.

En este sentido, el desafío para el peronismo en Córdoba no es solo resolver conflictos internos, sino también escuchar a todos aquellos que, lejos de las luces de la capital, enfrentan realidades complejas y demandas urgentes. Si no se actúa prontamente, los ecos de este descontento podrían reverberar mucho más allá de las fronteras de Alta Gracia.