Un relevo estratégico en Derechos Humanos en plena ofensiva legislativa del Gobierno

• El Gobierno designó a Joaquín Ignacio Mogaburu como nuevo subsecretario de Derechos Humanos en reemplazo de Alberto Baños.
• La medida se enmarca en el relanzamiento de la gestión de Javier Milei y coincide con el Día Internacional de los Derechos Humanos.
• Según el Ministerio de Justicia, ya se eliminaron 14 cargos jerárquicos y se redujo la planta a la mitad, con un ahorro de $13.550 millones.
• Mogaburu posee una amplia trayectoria académica y judicial, con especialización en derechos humanos y derecho penal.
• Su llegada coincide con el inicio de sesiones extraordinarias que abordarán reformas clave como Presupuesto 2026, modernización laboral y cambios tributarios.
• El paquete legislativo también incluye la reforma del Código Penal y la revisión de la Ley de Glaciares, generando debates en sectores ambientales y judiciales.

La salida de Alberto Baños de la Subsecretaría de Derechos Humanos y la inmediata designación de Joaquín Ignacio Mogaburu al frente del área marcan un nuevo movimiento dentro del esquema de reorganización que impulsa el Gobierno en esta segunda etapa de gestión. El anuncio llegó este 10 de diciembre, fecha emblemática por el Día Internacional de los Derechos Humanos, pero también por coincidir con el relanzamiento político anunciado por el presidente Javier Milei tras el cierre del año electoral y en el umbral de un período de sesiones extraordinarias cargado de proyectos estructurales.

La confirmación estuvo a cargo del secretario de Justicia, Sebastián Amerio, quien enmarcó el nombramiento en una reconfiguración más amplia del Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona. Según explicó, el arribo de Mogaburu responde a la necesidad de contar con “la claridad y la convicción necesarias” para ejecutar los lineamientos definidos por el Presidente para esta nueva fase gubernamental. En ese sentido, Amerio recordó que durante los primeros dos años de la gestión Milei se eliminaron 14 cargos jerárquicos, incluida la degradación de la Secretaría de Derechos Humanos a Subsecretaría, y se redujo la planta de personal a la mitad, medida que —según datos oficiales— implicó un ahorro anual cercano a los $13.550 millones.

El Gobierno presenta estos recortes como parte de un proceso de “desideologización” de las políticas públicas en materia de derechos humanos. La nueva conducción, aseguró Amerio, profundizará ese esquema de ordenamiento y buscará “una administración más transparente y responsable”, en línea con los objetivos de cambio que el Ejecutivo sostiene desde diciembre de 2023.

El perfil del nuevo funcionario parece ajustarse a esa hoja de ruta. Mogaburu es abogado con formación de posgrado en derechos humanos y derecho penal, con estudios en la Pontificia Universidad Católica Argentina, la Universidad de Navarra y la Washington College of Law. Su trayectoria combina trabajo académico, participación internacional y cargos en el Poder Judicial y el Ministerio de Defensa. Además, fue visitante profesional en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y mantiene una producción activa en materia de derecho penal, constitucionalismo, debido proceso y libertades fundamentales.

El nuevo subsecretario también reúne experiencia como docente en colegios y universidades, entre ellas la UCA y la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, y participó en concursos para cargos judiciales, acumulando reconocimientos y menciones en diversos procesos de selección.

Su desembarco se produce en un contexto político especialmente exigente para el Gobierno. El inicio de las sesiones extraordinarias hasta el 30 de diciembre obligará al oficialismo a desplegar su capacidad de negociación para avanzar con un paquete de reformas clave. Entre ellas, el Presupuesto 2026, considerado la iniciativa central por sus implicancias en la planificación estatal y en la orientación general del programa económico para el año próximo.

El temario también incluye la Ley de Inocencia Fiscal, que apunta a modificar el régimen impositivo vigente, y la Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, en línea con los principios macroeconómicos promovidos por la administración Milei. En paralelo, se enviará al Congreso el Proyecto de Modernización Laboral, que reabre el debate sobre la flexibilización y los derechos de los trabajadores, una discusión que ya genera tensiones con sectores sindicales.

En materia penal, otro de los ejes será la Reforma del Código Penal, iniciativa que busca actualizar definiciones y modificar penas en función de criterios planteados por el Poder Ejecutivo. Finalmente, el Gobierno propuso revisar la Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, un punto sensible para organizaciones ambientales y especialistas, que advierten sobre las posibles consecuencias en los ecosistemas de alta montaña.

La designación de Mogaburu, así, no aparece como un movimiento aislado, sino como parte de una estrategia integral para ordenar áreas sensibles mientras el Gobierno intenta consolidar su poder político en el Congreso. La apuesta combina recortes, reestructuración administrativa y perfiles técnicos en cargos clave, en un momento donde cada decisión institucional se entrelaza con la disputa por la aprobación de las reformas que definirán el rumbo de la gestión en los próximos meses.