Grabois redobla críticas al sistema institucional y reclama reformas profundas para garantizar derechos sociales

• Grabois afirmó que la democracia argentina “no va a funcionar” sin una reforma profunda del sistema institucional.
• Señaló que el problema no son las personas sino una estructura estatal “corrupta de raíz”.
• Reivindicó la Constitución como base de los consensos necesarios, pero denunció el incumplimiento de los derechos fundamentales.
• Recordó las luchas históricas de los trabajadores como fundamento de los derechos sociales actuales.
• Sostuvo que la justicia social, la vivienda, la educación y la salud deben ser prioridades ineludibles.
• Propuso avanzar hacia cambios estructurales que acerquen la realidad al marco constitucional vigente.

En una nueva intervención pública que volvió a sacudir el tablero político, el dirigente social Juan Grabois advirtió que la democracia argentina “no va a funcionar” si continúa vigente el actual sistema institucional. Lo hizo durante una entrevista en el programa Revolución Popular, donde afirmó que la estructura del Estado está “corrupta de raíz” y que solo una transformación profunda permitirá garantizar derechos básicos como justicia social, vivienda, educación y salud.

Sin apelar a nombres propios ni a coyunturas inmediatas, Grabois decidió apuntar al corazón del modelo institucional y señaló que la crisis no es un fenómeno reciente, sino un problema estructural que se arrastra desde hace décadas. En su análisis, no se trata de reemplazar dirigentes ni de modificar parcialidades, sino de revisar de manera integral un esquema que, según él, se volvió incapaz de ofrecer soluciones a las desigualdades persistentes.

El dirigente sostuvo que los consensos centrales para avanzar en una reforma ya existen y están contenidos en la Constitución Nacional. “En la Constitución está todo”, sintetizó, al destacar que los derechos fundamentales allí consagrados deberían constituir el punto de partida para cualquier proyecto de país. Sin embargo, advirtió que buena parte de estos derechos se encuentran incumplidos o relegados, lo cual convierte al orden constitucional en un marco más declamativo que operativo.

Uno de los ejes sobre los que puso el foco fue la incorporación a la Constitución de diversos tratados internacionales de derechos humanos, como el Pacto Universal de Derechos Humanos de 1948. Grabois remarcó que estos instrumentos garantizan vivienda digna, acceso a la salud, educación de calidad y condiciones laborales justas. “Si se cumpliera la mitad de lo que dice la Constitución, viviríamos en Noruega”, planteó con ironía, para graficar la distancia entre el marco legal y la realidad cotidiana de millones de personas.

El dirigente trazó además un repaso histórico sobre las conquistas sociales, recordando las luchas de los trabajadores en los siglos XIX y XX en busca de mejores condiciones laborales. Mencionó guerras civiles, revoluciones y masacres como parte de un proceso que forjó la base de los derechos actuales. Ese recorrido histórico le sirvió para fundamentar su argumento de que la justicia social no es un valor accesorio, sino un componente esencial para la estabilidad democrática.

En ese sentido, Grabois insistió en que las discusiones deben correrse del plano discursivo y orientarse hacia cambios estructurales capaces de modificar las condiciones materiales de vida. La democracia, afirmó, solo podrá funcionar si se respeta de manera plena el marco constitucional, si se garantizan efectivamente los derechos sociales y si las instituciones dejan de estar atravesadas por lógicas de corrupción y desigualdad.

Para el dirigente social, el diagnóstico deja poco margen para la moderación. La crisis institucional —sostiene— requiere un rediseño profundo que contemple nuevas reglas, un control más estricto del funcionamiento estatal y políticas de largo plazo que prioricen la inclusión. En su visión, la Constitución no debe ser un texto simbólico sino una guía práctica para orientar la política pública.

El mensaje de Grabois se inscribe en un momento de fuerte tensión social, con debates abiertos sobre el rol del Estado, los límites de la representación política y el modelo económico. Sus declaraciones vuelven a poner en discusión la distancia entre las promesas institucionales y su ejecución, así como la necesidad de avanzar en reformas que transformen de manera sustantiva el vínculo entre ciudadanía, instituciones y políticas públicas.

Al instalar el tema en la agenda, Grabois busca reposicionar la discusión sobre los derechos sociales como un punto ineludible del debate político. Y, al mismo tiempo, abre un interrogante sobre la profundidad de las reformas que demanda el país para construir un sistema democrático que responda a los desafíos estructurales de la Argentina contemporánea.