Empresas y ART al límite: el impacto económico del régimen de indemnizaciones bajo revisión

• Fallo de $250 millones por indemnización reaviva el debate laboral.
• Actualización por IPC + 3% desde 2020 multiplicó montos judiciales.
• Más de 637.000 juicios laborales están hoy activos en el país.
• ART y empresas alertan por pasivos “impagables” y riesgo sistémico.
• El Banco Central propone una nueva tasa moratoria para futuros casos.
• Analistas reclaman un índice de emergencia para juicios ya acumulados.

La discusión sobre la legislación laboral volvió al centro de la escena tras un fallo que sacudió a empresarios, aseguradoras y al propio Gobierno. La sentencia de un juzgado que ordenó pagar $250 millones a un mozo con 26 años de antigüedad en un restaurante se convirtió en el caso testigo que reabre el debate sobre la sustentabilidad del régimen de indemnizaciones, justo cuando el oficialismo impulsa una reforma en sesiones extraordinarias.

El origen de la controversia se remonta a las normas implementadas durante la pandemia. La prohibición de despidos, combinada con criterios judiciales que incorporaron propinas como parte del salario, multiplicó el valor base de las indemnizaciones. Para el caso en cuestión, la cifra original, estimada en 2020, alcanzaba $9,4 millones. Pero la actualización por Índice de Precios al Consumidor más un 3% anual —fórmula definida por el entonces gobierno de Alberto Fernández— terminó elevando el monto hasta los actuales $250 millones. Ese salto revela el impacto que las reglas de actualización pueden generar en un contexto inflacionario extremo.

El fallo encendió alarmas en el sector privado. Empresarios y aseguradoras observan un posible efecto contagio sobre futuras sentencias, con montos que, sostienen, podrían tornarse directamente impagables. La situación no es nueva en el mundo de los riesgos laborales: las ART enfrentan desde hace años un aluvión de juicios cuya actualización erosiona sus cuentas. La reciente inhibición impuesta por la Superintendencia de Seguros a una de las aseguradoras más grandes del mercado fue una señal concreta del estrés financiero que atraviesa el sistema.

La magnitud del problema quedó en evidencia con un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino, elaborado a partir de datos oficiales. Según ese relevamiento, existen actualmente 308.082 juicios vinculados a riesgos del trabajo y otros 329.248 por despidos. En total, 637.330 procesos judiciales están activos. La cifra equivale aproximadamente al 10% de todos los asalariados registrados en el sector privado. Para analistas y especialistas, ese volumen refleja un nivel de litigiosidad que compromete la estabilidad financiera de múltiples empresas y presiona sobre un sistema judicial ya sobrecargado.

La legislación vigente, afirman voceros del sector, habilita mecanismos de actualización que, en épocas de inflación alta, convierten los pasivos laborales en deudas crecientes y de difícil resolución. Las tasas de interés, la capitalización y la indexación por inflación generan cifras que muchos actores consideran “históricas” y, en algunos casos, imposibles de afrontar sin consecuencias operativas severas.

Ante este escenario, el Banco Central abrió una consulta pública sobre una nueva Tasa de Intereses Moratorios. El esquema propuesto combina la tasa pasiva de depósitos con la tasa activa de préstamos, dentro de un rango definido por CER más un 3% anual. La intención es ofrecer un parámetro objetivo y evitar arbitrariedades en la actualización de los créditos judiciales. El modelo busca equilibrar los intereses de trabajadores y empresas, aunque los especialistas advierten que su impacto real se verá recién en los juicios futuros.

La gran incógnita es qué hacer con el pasivo ya acumulado. Algunas propuestas sugieren aplicar a los casos vigentes, hasta diciembre de 2025, la metodología de la Comunicación 14.290 del Banco Central. Ese índice ya fue utilizado en 1991, durante la poshiperinflación, para evitar que las sentencias se tornaran impagables. A partir de 2026, el criterio se unificaría con la fórmula del Decreto 70/2023. La idea apunta a contener el deterioro financiero de empresas y aseguradoras sin afectar el valor real de los créditos laborales.

Para muchos actores, disponer de un mecanismo extraordinario no es una opción, sino una necesidad. De lo contrario, advierten, la combinación entre juicios acumulados, actualización por inflación y altos intereses podría poner en riesgo la supervivencia de numerosas compañías, con impacto directo en el empleo formal. Mientras tanto, el stock de litigios continúa en aumento y aparece como un condicionante central en la discusión sobre la reforma laboral que el Gobierno pretende aprobar.

El debate sigue abierto, y la definición del índice de actualización será uno de los puntos clave para destrabar una problemática que, más allá del caso emblemático del mozo, atraviesa a todo el mercado laboral argentino.