Se reactivó el reclamo del bono y hay expectativa en los estatales

Se reactivó el reclamo salarial de los empleados públicos al gobierno de Martín Llaryora y en los principales gremios estatales tienen la sensación de que el pedido de un bono de fin de año ya no recibe un “no” rotundo como respuesta. Del lado del secretario general de la Gobernación, David Consalvi, que se reunió con el titular de la UEPC, Roberto Cristalli y parte de la comisión directiva del gremio docente, con el SEP de Sergio Castro, y con otros gremios estatales, no cierran la puerta del todo pero patean la definición para más cerca de la Navidad o incluso, para la última semana del año. De pagarse, una aproximación al monto es el razonamiento de que no podrá ser menor a los 100 mil pesos extra que recibió el SEP el año pasado, más la inflación anual de alrededor del 30 por ciento.

La Provincia dice que, por primera vez desde la debacle salarial generalizada del 2023, los salarios del sector público, al finalizar el acuerdo anual 2025 que finaliza entre febrero y marzo, habrán recuperado entre 5 y 6 puntos promedio de poder adquisitivo. Esto implica que la revisión del cumplimiento de las actas de las paritarias firmadas en febrero por la UEPC y en marzo por el SEP da que no habrá aumentos de fin de año ni cláusula gatillo. 

Cerrado eso, el reclamo de los gremios (más allá de cuestiones propias de cada sector y actividad) fue por el diferimiento salarial que padecen los jubilados y por el fondo FOSAET del Apross cuya suspensión operaba en principio hasta el 30 de noviembre. Sobre el diferimiento y el famoso artículo 58, la respuesta de la Provincia remitió a las negociaciones entre Córdoba y la Nación por los fondos que Anses le adeuda a la Caja por el rojo previsional mensual. Esa negociación está en marcha pero por ahora sin definiciones por encima de los 5 mil millones de pesos mensuales que Anses le envía a Córdoba tras la resolución de la Corte Suprema.

Sobre el FOSAET, la UEPC informó que hubo ok de la provincia para que se mantenga la suspensión hasta abril del año que viene. Apross había pedido reanudar el pago, con una alícuota de $6.050 por afiliado con un tope por agente de $18.150 (3 afiliados) en el caso de sueldos de hasta 2 millones brutos. A partir de esa cifra, se iba a pagar el 1% del salario sujeto a aportes.

“Salado el tema tema salarial, con cumplimiento pleno pese a la baja de la recaudación, los gremios pidieron un refuerzo de fin de año, que hay que aclarar está fuera del acuerdo partidario”, informaron desde el Panal como para destacar que, si se paga, será por gesto político del gobernador Martín Llaryora.

Desde el SEP recalcaron que, en caso de haber bono, tiene que ser para todos los estatales, activos y pasivos. Se trata de un monto de fácil liquidación, deslizan en el Panal, de modo que a los fines burocráticos “hay tiempo”.

La última palabra la tendrá el gobernador, claro. Llaryora está abocado a la reforma del gabinete, cuyos trazos gruesos ya se conocen con la incorporación de Miguel Siciliano a Vinculación Territorial y la fusión de Industria y Bioagroindustria bajo la conducción de Sergio Busso. Va a haber cambios en segundas líneas y enroques de funcionarios, pero no más novedades en materia ministerial. Hasta que no finalicen esos movimientos, altas y bajas de funcionarios de segunda y tercera línea, es posible que el mandatario no se aboque al tema estatales, para levantar o bajar el pulgar al bono. Los gremios tenían un no y ahora tienen un “ni”, y esperan.