El Gobierno acelera su plan para privatizar servicios públicos y financiar infraestructura con tarifas

• Nuevo modelo económico: El Gobierno impulsa infraestructura y servicios públicos financiados por inversión privada, con tarifas que cubran los costos reales.
• Fin de subsidios estatales: Buscan evitar el déficit fiscal y la emisión monetaria, eliminando los subsidios que provocaron desinversión y colapso de infraestructura.
• Privatización de AySA: Se licitará el 51% de la empresa en 2025 y el resto en 2026, con cambios regulatorios que habiliten cortes por morosidad y ajustes tarifarios trimestrales.
• Obras eléctricas y gasíferas: Se lanzarán licitaciones por USD 1.900 millones en transporte eléctrico y TGS ejecutará la primera obra gasífera privada (USD 700 millones).
• Rutas nacionales y Fogar: Mantendrán el Fondo de Garantías para respaldar concesiones viales, con un plan de adjudicación de 9.000 km de rutas antes de fin de año.

El Gobierno de Javier Milei avanza en la implementación de un nuevo modelo económico para la infraestructura y los servicios públicos, basado en inversión privada, desregulación y tarifas que reflejen los costos reales de las obras. El enfoque, que busca dejar atrás el esquema de subsidios financiados con emisión monetaria, apunta a generar previsibilidad para atraer capitales nacionales y extranjeros.

La hoja de ruta oficial contempla privatizaciones estratégicas —como el caso de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA)— y la concesión de obras de infraestructura bajo mecanismos que trasladan los costos de inversión a los usuarios. “La obra pública tradicional murió”, repiten en el entorno del Presidente, donde toman como ejemplo el Gasoducto Néstor Kirchner (rebautizado Perito Moreno) como el último hito del modelo estatal de infraestructura.

Tarifas, inversión privada y fin de los subsidios

El plan del Gobierno pone el foco en evitar el déficit fiscal que durante las últimas décadas sostuvo la obra pública con subsidios y emisión monetaria. De acuerdo a datos oficiales, el Tesoro destinó más de USD 150.000 millones en subsidios durante 20 años, provocando distorsiones tarifarias, desinversión y un colapso en la infraestructura básica, con consecuencias como los apagones en los picos de demanda.

Ahora, la estrategia oficial se apoya en la participación del sector privado para financiar las obras, garantizando rentabilidad a través de tarifas ajustadas periódicamente y cobros directos en las facturas de los usuarios. Así ocurrirá con las 16 obras prioritarias para el transporte eléctrico, de las cuales tres —AMBA I, Río Diamante y Puerto Madryn-Choele Choel-Bahía Blanca— ya fueron seleccionadas para la primera licitación, por un total de USD 1.900 millones.

AySA y la privatización “emblemática”

Uno de los principales objetivos del Gobierno es lanzar este año la licitación para privatizar al menos el 51% del paquete accionario de AySA, que actualmente es 90% estatal. El resto se subastará en el mercado bursátil en 2026. Para seducir inversores, se impulsarán cambios regulatorios que permitirán cortar el servicio a morosos, actualizar tarifas trimestralmente por inflación y financiar obras directamente vía tarifas.

“El 28% de la red de agua y el 50% de los afluentes están obsoletos”, advierten desde la propia empresa, que presta servicios a más de 11 millones de personas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Rutas y energía: fondos de garantía y concesiones

En materia de rutas nacionales, el Ministerio de Economía resolvió mantener el Fondo de Garantías Argentino (Fogar), a pesar de las exigencias del FMI de eliminar fondos fiduciarios. El Fogar funcionará como respaldo financiero para las empresas que obtengan concesiones viales, evitando riesgos ante eventuales congelamientos tarifarios.

“El fondo anti-kuka”, como lo definieron los funcionarios en un streaming, será clave para adjudicar más de 9.000 kilómetros de rutas antes de fin de año, con el objetivo de potenciar la conectividad de sectores estratégicos como la minería, la agroindustria y la energía.

En esta línea, se destacó la reciente adjudicación a Transportadora Gas del Sur (TGS) para ampliar el Tramo I del Gasoducto Perito Moreno. Es la primera obra de infraestructura gasífera financiada 100% por capital privado durante la gestión Milei, con una inversión de USD 700 millones y un ahorro fiscal proyectado de USD 500 millones anuales.

Las condiciones del plan: inversión, tarifas y regulación estable

Certidumbre regulatoria, financiamiento privado y tarifas alineadas a los costos de inversión son los tres pilares sobre los que se asienta el plan del Gobierno. Sin embargo, en los despachos oficiales reconocen que la estabilidad macroeconómica y la continuidad del rumbo desregulador son observadas con cautela por los inversores.

La apuesta es clara: reducir la presencia del Estado como financiador de servicios esenciales y establecer un esquema de reglas predecibles que garantice la rentabilidad de quienes inviertan. La pregunta es si el capital privado responderá a tiempo.