Sanciones de EEUU a Venezuela: reflexiones para Brasil

Las sanciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela pueden clasificarse en dos grandes grupos: las sanciones individuales, dirigidas a violadores de derechos humanos, y las sanciones económicas, orientadas a debilitar el aparato financiero del régimen. Estas últimas pueden desglosarse de la siguiente manera:

 
Petróleo: Desde 2019, se bloquearon las transacciones entre PDVSA y entidades estadounidenses, limitando exportaciones y pagos.
Finanzas: Está prohibida la negociación de bonos y deudas emitidas por el régimen venezolano.
Minería: Las operaciones en el sector del oro fueron restringidas.
Banca: Las instituciones financieras enfrentan restricciones, lo cual ha dificultado las importaciones y transacciones, afectando negativamente algunos aspectos de la economía nacional.
Criptomoneda: Está vetada cualquier transacción con el “Petro”, la moneda digital creada por el chavismo.
Productos de Estados Unidos
A pesar de casi una década en vigor, estas medidas no lograron su objetivo principal: la salida del chavismo del poder. Esto se debe, en gran medida, a la ineficacia de la oposición política para capitalizar las sanciones y generar un cambio interno. Mientras tanto, el chavismo logró convencer a buena parte de la población de que las sanciones económicas son las responsables directas de la crisis, desplazando la responsabilidad del colapso nacional.

 
Quienes conocen la realidad venezolana saben que, hoy en día, las sanciones económicas no afectan de manera determinante al régimen, pero sí afectaron las condiciones de vida de la población, dificultando también su capacidad de resistir. El resultado ha sido un aumento sostenido de la diáspora.

Por otro lado, las sanciones individuales, dirigidas a quienes han cometido crímenes y abusos, no atentan contra la soberanía. La soberanía reside en el pueblo, y es impensable que este elija deliberadamente a quienes lo oprimen. Por lo tanto, cualquier acción externa que afecte directamente a los tiranos y facilite el camino hacia la libertad debe ser bienvenida.

Una sociedad empobrecida es más vulnerable a la dominación. No es casualidad que los regímenes autoritarios destruyan deliberadamente la economía, mientras imponen la censura y el control social. Para que el pueblo pueda resistir, es necesario proteger su capacidad económica y bienestar. En este sentido, las sanciones que afectan a la economía civil terminan fortaleciendo a los tiranos al debilitar a la ciudadanía.

Otro punto crucial es el rol de la oposición venezolana que solicitó estas sanciones: tras su fracaso político, desapareció del escenario sin asumir responsabilidad por las consecuencias económicas. Este vacío fue aprovechado por el chavismo para inundar el discurso público con propaganda, desviando la atención del hecho de que las sanciones más importantes son las individuales. El desprestigio de esa oposición fue evidente en las primarias del 22 de octubre de 2023, donde María Corina Machado obtuvo el 92 % de los votos, evidenciando el rechazo ciudadano a la antigua dirigencia opositora, ahora funcional al régimen.

 
Es fundamental entender que las sanciones no son un fin en sí mismas, sino un medio que debe acompañarse de una estrategia de presión interna con objetivos claros y alcanzables. En Venezuela, el objetivo era desalojar al chavismo del poder, pero sin una fuerza interna organizada y articulada, las sanciones resultaron ineficaces. Para que haya cambios reales, se requiere una ruta política concreta que genere condiciones para la transformación institucional.

Con la reconfiguración de la oposición en torno a María Corina Machado, se logró un avance político importante. Sin embargo, la debilidad de la estrategia posterior al 28 de julio de 2024 que no consigue responder a las demandas operacionales del sector militar y policial para neutralizar al chavismo, ha estancado el final esperado. Sin una estructura capaz de derrotar operativamente al régimen, ningún apoyo externo puede traducirse en resultados concretos. De allí que Estados Unidos optara por centrarse en negociar el canje de sus ciudadanos secuestrados en Venezuela, mientras Maduro se mantiene en el poder, reprimiendo a una oposición debilitada e indefensa.

Volviendo la mirada hacia Brasil, las lecciones son claras. Si la presión externa se articula con una estrategia interna sólida, con objetivos concretos viables, participación ciudadana activa y victorias posibles en el corto plazo, es posible avanzar contra un régimen autoritario. Pero si la estrategia es un juego de suma cero, sin incentivos claros para debilitar la cohesión del adversario, y al mismo tiempo se castiga a la población —ya afectada por el mal gobierno de Lula da Silva—, lo más probable es que el resultado sea un fortalecimiento del oficialismo. En ese escenario, el régimen utilizará toda su maquinaria propagandística para proyectar una imagen de estabilidad, con miras a las elecciones de 2026 dando incentivos a las bases opositoras para que participen en la preservación o conquista de espacios de poder. Incluso si Estados Unidos no las reconoce, el precedente venezolano muestra que la interlocución internacional sigue ocurriendo con quien detenta el poder de facto.

 
Lo vivido en Venezuela debe ser una advertencia. El chavismo logró dividir por años a la oposición entre “radicales” y “moderados”, construyendo narrativas que alimentaron desconfianzas mutuas y estancaron la lucha -todo esto es característico de la guerra híbrida: desconcierto y desconfianza. Me preocupa que la historia se repita en Brasil. Afortunadamente, existen líderes capaces de comprender este contexto y actuar en consecuencia. La clave está en construir una fuerza mayor que la del tirano, con visión, cohesión y un proyecto de país acorde a su destino de grandeza.

Fuente: PanamPost