El Gobierno endurece la política migratoria: control reforzado, expulsiones más ágiles y límites en el acceso a servicios públicos

• Reforma oficializada: El Gobierno publicó un decreto que modifica la Ley de Migraciones, con el objetivo de endurecer el ingreso, permanencia y acceso a servicios del Estado por parte de ciudadanos extranjeros.
• Expulsiones más ágiles: Se agiliza la expulsión de extranjeros con antecedentes penales o que cometan delitos en el país.
• Acceso restringido a salud y educación:
• Solo los residentes permanentes mantendrán acceso pleno a la salud pública.
• Extranjeros sin residencia estable deberán contar con seguro médico o pagar por los servicios.
• La educación seguirá garantizada hasta nivel secundario para personas con residencia irregular, pero habrá restricciones en niveles superiores y beneficios adicionales como becas.
• Controles al ingreso:
• Se exigirá una declaración jurada al ingresar al país, con el motivo de la visita.
• Si el motivo declarado no se cumple, podrá haber sanciones o expulsión.
• Se reforzará el control documental y se endurecerán las sanciones por ingreso irregular.
• Enfoque del Gobierno: La ministra Patricia Bullrich afirmó que el objetivo es “ordenar un sistema desbordado” y proteger los recursos del Estado, sin atacar la inmigración legal.
• Críticas y respaldo: Organismos de derechos humanos manifestaron reparos, pero el Ejecutivo insiste en que no se vulneran derechos fundamentales, sino que se establecen criterios claros.
• Cambio de enfoque político: La medida representa un giro en la política migratoria argentina, con una postura más restrictiva y alineada al discurso de “orden y equidad” del oficialismo.

El Gobierno nacional oficializó este jueves una profunda reforma a la Ley de Migraciones, con el objetivo de endurecer los controles de ingreso, permanencia y acceso a servicios del Estado para ciudadanos extranjeros. A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, la Casa Rosada avanzó con una serie de modificaciones que impactan tanto en el plano administrativo como en la política de seguridad y servicios públicos.

Entre los principales cambios, se destacan nuevos mecanismos para agilizar la expulsión de extranjeros con antecedentes penales o que cometan delitos en el país, mayores exigencias para el ingreso al territorio nacional y restricciones en el acceso gratuito a la salud y la educación pública para quienes no residan ni tributen en Argentina.

“Queremos que venga gente a aportar, no delincuentes”, afirmó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, una de las principales impulsoras de la reforma, en declaraciones al canal LN+.

Cambios en salud y educación

Uno de los aspectos más controvertidos del decreto es el que regula el acceso de extranjeros al sistema de salud pública. A partir de ahora, solo quienes tengan residencia permanente seguirán accediendo sin restricciones a las prestaciones estatales. En cambio, los extranjeros en situación irregular o de paso deberán contar con un seguro médico o abonar por los servicios recibidos.

“Si alguien viene del exterior, no paga impuestos en Argentina y se atiende gratis, está usando algo que otros sí financian. Eso no es justo”, justificó Bullrich.

En cuanto a la educación, se mantiene la garantía de acceso hasta el nivel secundario, aunque se introducen limitaciones en los niveles superiores y en el otorgamiento de beneficios complementarios, como becas u otros apoyos.

Foco en la criminalidad y la expulsión

Otro de los ejes centrales de la reforma es la expulsión más ágil de extranjeros que cometan delitos en el país o que tengan antecedentes penales. La ministra Bullrich subrayó que el nuevo marco busca evitar que quienes infringen la ley permanezcan en el país.

“Deportamos a los que vienen a delinquir y defendemos los recursos que la gente aporta con esfuerzo”, afirmó la funcionaria, quien destacó que las medidas representan un “quiebre” respecto de políticas migratorias anteriores.
Declaración jurada y control documental

Desde ahora, todo extranjero que ingrese al país deberá completar una declaración jurada con el motivo de su visita. Si se detecta que los fines declarados no se cumplen, se podrá aplicar sanciones e incluso la expulsión inmediata.

Además, se reforzarán los controles de documentación en frontera y se endurecerán las penas por ingreso irregular.

El Gobierno defiende la medida

Desde el Ejecutivo aseguran que la reforma no apunta contra la inmigración legal, sino que busca ordenar un sistema desbordado y proteger los recursos del Estado.

“Hace más de un año que venimos trabajando en esto. Es una reforma integral, justa y responde a un pedido concreto del presidente Milei”, destacó Bullrich, recordando que el mandatario había anticipado este tipo de medidas durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso.

Aunque diversas organizaciones de derechos humanos expresaron preocupaciones sobre posibles restricciones al acceso a derechos fundamentales, el Gobierno sostiene que la norma no vulnera garantías, sino que establece criterios claros y exigibles para regular el ingreso y permanencia de extranjeros en el país.

La nueva política migratoria marca así un cambio significativo en la postura oficial, con una mirada más restrictiva en materia de admisión y acceso a beneficios, en línea con el discurso del oficialismo de priorizar “el orden y la equidad para los argentinos”.