Córdoba tributa, la Nación no devuelve

Los vecinos de la ciudad de Córdoba estamos sufriendo un saqueo por parte del Gobierno nacional. Cada mes, nos quitan recursos mediante un esquema tributario que, en muchos casos, raya la inconstitucionalidad.

Antes de la llegada de Milei, ya había una distribución injusta de los fondos que la Nación recauda y que debe reintegrar a la Municipalidad. Lejos de corregir esa inequidad, el actual gobierno profundizó la concentración, quitándonos, incluso, lo poco que antes nos transferían. Hoy, Córdoba aporta, pero la Nación no devuelve nada.

En cada compra que realizamos los cordobeses, una parte del importe que pagamos va a parar a las arcas nacionales. Ese dinero —por decisión política del presidente Milei— no retorna de ninguna manera a nuestra ciudad. Como bien señaló días atrás el intendente Daniel Passerini, podríamos preguntarnos: ¿Por qué, cuando cargamos combustible en Córdoba, el 35% del importe queda en manos del Estado nacional, sin que un solo peso vuelva a nuestro municipio? Ese recurso podría utilizarse para reforzar servicios esenciales como salud, educación o transporte.

El caso del IVA es otro ejemplo: el 75% de lo recaudado queda en manos de la Nación. De ese total, solo el 22% se distribuye entre las 24 provincias, y apenas un escaso 8% se reparte entre más de 2.000 municipios y comunas de todo el país.

El Gobierno Nacional eligió desoír la voz de Córdoba Capital y se queda con los recursos que genera nuestra economía. La “motosierra” no afecta a una supuesta casta poderosa. Golpea de lleno a los sectores más vulnerables y deteriora la calidad de los servicios públicos que sostienen la vida cotidiana de todos los sectores sociales.

Lejos de combatir los privilegios, Milei mantuvo un sistema de distribución centralista propio de “la casta”. Y fue más allá: dejó de transferir los fondos que antes llegaban a la ciudad. La paralización de la obra pública y la quita de subsidios al transporte son ejemplos concretos de esta decisión que perjudica directamente a los vecinos.

En este contexto adverso, la Municipalidad de Córdoba decidió garantizar derechos y servicios esenciales que están consagrados en la Constitución Nacional, pero que el gobierno central se niega a reconocer y financiar.

Esta situación de inequidad no se resolverá sin una convocatoria nacional al diálogo y sin un acuerdo que restablezca el verdadero federalismo. Mientras la Nación continúe atacando la autonomía municipal (consagrada en la reforma constitucional de 1994) y sigamos sin sancionar una nueva Ley de Coparticipación, habrá margen para que la Nación siga despojando a los municipios de lo que les corresponde.

Quizás llegó la hora de invertir el orden en esta materia. A lo mejor deban ser los municipios los que recauden y luego coparticipen a la Nación. Así, el esfuerzo de los vecinos, que tributan todos los días, podría volver en servicios sin depender de la voluntad de gobiernos nacionales inhumanos como este, que hoy no nos dan nada.

CON INFORMACION DE DIARIO ALFIL.