La UCR se abraza al reclamo impositivo y judicializará el nuevo reglamento

El nuevo reglamento que el peronismo diseñó a medida de sus dificultades en la tercera sesión del año debutó ayer, y la UCR ya avisó que especialistas en la materia ya preparan una presentación judicial para impugnarlo.

Es que, como ya lo habían adelantado el legislador radical Miguel Nicolás, primero, y el diputado nacional Rodrigo de Loredo, después, el radicalismo no acepta que las modificaciones al reglamento interno de la Cámara basten para acallar un reclamo nacido entre los contribuyentes y enarbolado por la oposición que prometía hacer mella en el capital político de Hacemos Unidos, justo en un año electoral, y justo en un momento en que el Gobierno Nacional ha conseguido instalar la bandera de la “rebelión fiscal” como estrategia defensiva ante al aumento de la presión tributaria.

El silogismo del que se valen los radicales tiene el atractivo de lo sencillo, pero -debe decirse- carece de solidez jurídica.

El planteo es el siguiente: como los proyectos presentados por la oposición ya se encontraban en condiciones de ser traídos a tratamiento del recinto con una mayoría simple según las disposiciones de la anterior redacción del reglamento, las modificaciones que se realizaron con posterioridad no pueden afectarlos, ya que esto implicaría una violación al principio de irretroactividad de las leyes, según el cual las normas resultan vinculantes sólo “hacia adelante”, para no agredir la seguridad jurídica de las personas.

Hasta ahí, suena razonable. No sería lógico que, por ejemplo, una prohibición rigiera hacia atrás. En tal caso, alguien podría ser juzgado y penado por desarrollar una conducta que no se encontraba prohibida al momento de desarrollarse. Sin embargo, como todo principio, tiene limitaciones.

En el caso del reglamento, la cámara no estableció prohibiciones, sino que dispuso un trámite diferente para el tratamiento de los proyectos y, fundamentalmente, para su tratamiento “sobre tablas” (sin paso previo por las comisiones). Y aunque es evidente que corresponde un cuestionamiento de naturaleza política a la decisión de acomodar el reglamento a las propias necesidades, llevar el asunto a la Justicia no persigue el propósito real de una resolución judicial favorable, sino sólo sacar un poco más de jugo al reclamo de los contribuyentes, a la espera de mellar, un poco más, la imagen del oficialismo.

Por lo demás, no hay certezas de que el asunto siga reportándole grandes costos al Centro Cívico.

La suba de los impuestos es, de ordinario, un asunto cíclico. Genera rechazo entre los vecinos cuando los cedulones empiezan a llegar y cada quien los compara con los del año pasado, pero el tema se diluye pronto cuando la agenda empieza a cambiar de norte.

La oposición, que supo poner en aprietos al oficialismo con una composición de la cámara sumamente equilibrada, ha ido fragmentándose con el pasar de los meses, y se ha devaluado todavía más con la última modificación del reglamento, que da una mayor preponderancia a las comisiones, que avanzan (o se paralizan) al tempo que Hacemos Unidos.

Por eso se ve obligada a encontrar nuevas vías para colocarse en el centro del debate y ensayar, desde ahí, ofensivas que penetren el espeso blindaje del Partido Cordobés. Aunque, debe decirse, la vía judicial no le ha reportado, hasta ahora, mayores dividendos.

CON INFORMACION DE DIARIO ALFIL.