Francos insiste en defender los dos pliegos para la Corte

Con la convocatoria a las sesiones extraordinarias ya confirmada, el oficialismo reveló cuáles son sus expectativas y sus condiciones respecto a los proyectos que considera urgentes y que por eso incluyó en el temario que se comenzará a tratar el 20 de enero.

Entre ellos figuran el análisis de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para ocupar los dos cargos vacantes de la Corte Suprema. Por el momento, el oficialismo no cuenta con los dos tercios necesarios para aprobar a los dos postulantes, pero vuelve a poner el tema en la cancha luego de que los dos aspirantes pasaran el año pasado por la Comisión de Acuerdos del Senado.

“Lo que el Gobierno ha planteado es la propuesta de dos jueces. No vamos a aprobar un solo juez”, afirmó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, al ser consultado por el estado actual de la negociación.

La afirmación de Francos, más que un deseo, es un desafío en realidad porque solo el juez federal obtuvo los nueve avales en la Comisión de Acuerdos. García Mansilla llegaría al recinto con la única oportunidad de que el oficialismo intente tratarlo sobre tablas durante la misma sesión del pliego de su compañero de terna. Francos recordó que además están pendientes designaciones de jueces federales, con las que el Gobierno también pretende avanzar.

Entre las idas y vueltas finalmente quedaron siete proyectos que deberían ser tratados dentro del período estipulado de 32 días. De esta forma, junto al de los pliegos para la Corte Suprema, también se suman Reforma Electoral, Juicio en Ausencia, Reiterancia y Reincidencia, Ficha Limpia, Ley Antimafias y Compensación e Índice de Actualización de Quebrantos.

Solo dos proyectos tienen que pasar solo por el Senado: Pliegos de designaciones y promociones y Ley Antimafias. El primero porque solo se trata en la Cámara alta y el  otro porque en noviembre obtuvo dictamen de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, y de Seguridad Interior y Narcotráfico. La iniciativa es recatalogar a la asociación ilícita con un carácter especial, para determinados delitos, como tráfico ilícito de estupefacientes, lavado de activos de origen delictivo, secuestros, homicidios o trata de personas, y propone penas de prisión que van de los ocho a los veinte años por la mera pertenencia a una organización delictiva. Tres de los proyectos deben empezar a tratarse en la Cámara de Diputados: Juicio en Ausencia, Reiterancia y Reincidencia y Reforma Electoral, donde en esta última se intentará derogar las elecciones primarias, simultáneas y obligatorias (PASO).

“Estimamos que el proceso electoral de este año va a tener un costo de US$ 400 millones en total. Si eliminamos las PASO, calculamos que podemos reducir entre US$ 150 y 200 millones el costo”, indicó Francos para justificar su aprobación.

El Juicio por Ausencia propone modificar el Código Procesal Penal que estipula que “el imputado tendrá derecho a hacerse defender por abogado de la matrícula de su confianza o por el defensor oficial siempre que ello no perjudique la eficacia de la defensa y no obste a la normal sustanciación del proceso”, cuenta con dictamen de un plenario de Legislación Penal y de Justicia. Reiterancia y Reincidencia apunta a terminar con la llamada “puerta giratoria” en las comisarías, también con dictamen desde septiembre.

Quedan conocer los detalles de dos proyectos anunciados por el oficialismo pero que aún no fueron enviados al Congreso, pendientes de ingreso está Ficha Limpia y Compensación e Índice de Actualización de Quebrantos. El primero es más conocido por quedar trunca su aprobación en noviembre pasado en medio de acusaciones de pacto secreto entre los libertarios y el kirchnerismo. El otro es la novedad en esta lista ya que es un proyecto de ley del cual el oficialismo nunca se había referido hasta su confirmación. De los proyectos originales que el Poder Ejecutivo había anunciado que enviaría a sesiones extraordinarias quedó afuera la Reforma Política, donde su principal eje era la financiación estatal de las campañas políticas.  

Los viajes presidenciales, que el Gobierno decidió realizarlo a firma de decreto, y la reforma electoral y de la ley de fueros quedaron al margen de las extraordinarias porque sus consensos obligaban a excederse de las cinco semanas impuestas por el oficialismo.

Sin dudas en esos 32 días, la atención va estar puesta en si el oficialismo logra aprobar la totalidad de esos proyectos o si los engranajes legislativos lo hacen retroceder en sus aspiraciones. Aun así, quitando esos temas, no parece muy holgado el tiempo para tratar los otros siete confirmados desde la óptica de las posibilidades reales y técnicas para llevar adelante la labor legislativa que se espera.

Con información de www.perfil.com