El Gobierno acelera la reforma laboral y concentra su capital político en una señal al mercado

• El Senado tratará la reforma laboral el 11 de febrero, con fuerte expectativa oficial.
• El Gobierno apuesta a que la media sanción ayude a reducir el riesgo país.
• Otras reformas anunciadas, como la penal y la tributaria, quedaron postergadas.
• La reforma laboral incluye cambios fiscales que generan tensión con los gobernadores.
• El oficialismo analiza concesiones provinciales para asegurar los votos necesarios.
• La oposición, en paralelo, intenta avanzar con la derogación del DNU sobre la SIDE.

La sesión en el Senado para otorgar media sanción al proyecto de modernización laboral ya tiene fecha y se perfila como uno de los momentos políticos más relevantes del arranque del año legislativo. El oficialismo apuesta a que el 11 de febrero se convierta en una jornada clave para enviar una señal de fortaleza política y previsibilidad económica, con la expectativa de que ese gesto contribuya a reducir el riesgo país y allane el camino para completar el trámite parlamentario en la Cámara de Diputados una semana después.

Aunque el Poder Ejecutivo todavía no formalizó la convocatoria al segundo tramo de sesiones extraordinarias, en el bloque libertario admiten que todos los esfuerzos estarán concentrados en la reforma laboral. Otras iniciativas anunciadas reiteradamente, como la reforma del Código Penal y una eventual reforma tributaria integral, quedaron relegadas para más adelante. La prioridad es clara: avanzar en un proyecto que el Gobierno considera central para su programa económico y para consolidar la confianza de los mercados.

Cuando el presidente Javier Milei firmó el llamado a sesiones extraordinarias en diciembre, el temario incluía seis proyectos: el Presupuesto 2026, la ley de Inocencia Fiscal, el Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, la reforma laboral, la modificación de la Ley de Glaciares y la reforma del Código Penal. Antes de finalizar 2025, La Libertad Avanza logró sancionar los dos primeros y avanzar con dictámenes sobre la reforma laboral en el Senado y la regla fiscal en Diputados. Sin embargo, durante el receso estival, el diálogo con la oposición y los gobernadores se concentró casi exclusivamente en los cambios al régimen laboral.

En ese marco, trascendió que la modificación de la Ley de Glaciares podría convertirse en una moneda de cambio para sumar apoyos de provincias con fuerte perfil minero. La estrategia revela la complejidad del tablero legislativo y la necesidad de concesiones para asegurar mayorías, especialmente en un proyecto que despierta resistencias tanto sindicales como políticas.

La reforma penal, en cambio, parece haber quedado fuera de la agenda inmediata. Anunciada en varias oportunidades durante el año pasado, incluso con detalles brindados por la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich, nunca llegó al Congreso. El endurecimiento de penas para delitos graves y la eliminación de la prescripción en casos de abuso sexual y homicidio agravado prometían un debate intenso. En el oficialismo entienden que sumar ese frente de conflicto, en paralelo con la reforma laboral, podría resultar políticamente costoso.

Algo similar ocurre con la reforma tributaria. Aunque fue mencionada en reiteradas ocasiones, quedó condicionada por el tratamiento del Presupuesto 2026 y por la fallida estrategia oficial para derogar leyes de emergencia que otorgaran mayor margen fiscal. La caída de ese capítulo expuso errores en el conteo de votos y obligó a recalcular prioridades.

Pese a no tratarse de una reforma tributaria integral, el proyecto de modernización laboral incluye un capítulo con cambios sustanciales que impactan en la recaudación y en la distribución de recursos. Allí se concentran buena parte de las críticas de los gobernadores, que reclaman compensaciones ante una eventual merma de fondos coparticipables. Entre las medidas propuestas figuran la reducción de impuestos internos a determinados sectores, una baja del Impuesto a las Ganancias para sociedades, la creación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) y la puesta en marcha del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), financiado con el 3% de las contribuciones patronales, que dejarían de destinarse al sistema previsional para cubrir futuras indemnizaciones.

Este viernes, la mesa política del Gobierno se reunió en la Casa Rosada para delinear la estrategia parlamentaria. Participaron figuras clave del oficialismo, pero no hubo consenso sobre el alcance de las concesiones que deberían ofrecerse a las provincias para garantizar el respaldo a la reforma.

En paralelo, la oposición busca reagruparse alrededor de otro eje: la derogación del DNU que reformó la SIDE. Aunque el decreto fue enviado a la comisión bicameral, su falta de constitución demora el debate. En Diputados, los números aún son ajustados, mientras que el oficialismo confía en blindar el decreto en el Senado y mantenerlo vigente.