New deal Llaryora-Milei

Con la ausencia de tres de los cinco diputados que responden a Martin Llaryora, se cayó la sesión convocada por el propio bloque Hacemos Coalición Federal para tratar una fórmula de movilidad jubilatoria impulsada por la Coalición Cívica para compensar la licuación de los haberes previsionales tras el ajuste fiscal del gobierno de Javier Milei. El gesto, una clara señal de convivencia con el presidente en plena negociación votos-fondos y de cara al “pacto de mayo”,  es una cara de la moneda en la relación con el libertario. 

La otra cara fue la firma del documento de apoyo al gobernador santafesino Maximiliano Pullaro, un gesto de protección al radical en el combate al narco que el mandatario cordobés compartió con sus pares de diferentes partidos políticos. 

En relación a la sesión de ayer, fuentes parlamentarias aseguran que desde el martes, el ministro de Interior, Guillermo Francos viene presionando a los gobernadores para que los diputados que les responden no sean funcionales a una posible nueva derrota parlamentaria de Milei, luego de la caída de la ley Bases en sesiones extraordinarias y en el día previo al posible rechazo al DNU 70 que se tratará hoy en el Senado. Estuvo en duda la sesión que habilitó la vicepresidenta Victoria Villarruel, hoy por hoy un factor de tensión con el libertario, pero quedó confirmada. En la previa de la frustrada sesión, hubo contactos de Anses con los diputados “dialoguistas” a los que les quedó claro que será el Ministerio de Economía quien defina, recién en mayo, el esquema de movilidad jubilatoria. 

El pedido del oficialismo y el guiño del llaryorismo delinean un “new deal” entre el jefe de la Casa Rosada y los gobernadores “dialoguistas”, en cuyo marco el cordobés viene deslizando que esta vez habrá acuerdo por la ley Bases. 

Ignacio García Aresca, que responde directamente a Llaryora, y fue uno de los firmantes del pedido de sesión especial presentado con varios días de antelación, el schiarettista Carlos Gutiérrez y la diputada Alejandra Torres no bajaron al recinto a dar quórum, al igual que los federales de Innovación Federal, gran parte de la UCR, el PRO y obviamente los legisladores del oficialista La Libertad Avanza. Torres también presentó un proyecto de movilidad jubilatoria junto a Lopez Murphy y el rionegrino Agustín Dominguez, pero para el oficialismo nacional el más potable es el de la diputada María Eugenia Vidal. Todo quedó en suspenso.

Del bloque que conduce Miguel Pichetto tampoco estuvieron Margarita Stolbizer, ni Florencia Klipauka, de Misiones, ni el entrerriano Francisco Morchio, que responde al gobernador Rogelio Frigerio. Los de Innovacion Federal son nueve y reportan a los gobernadores del norte, entre ellos el salteño Gustavo Sáenz. 

En una jornada complicada por el atraso de vuelos por los resabios del temporal del lunes, lo que impidió que algunos opositores estuvieran presentes, sí dieron quórum Natalia de la Sota, que viene jugando en forma líbera y a quien el llaryorismo no cuenta cien por ciento como propia, y el demócrata cristiano Juan Brugge, cercano al exgobernador Juan Schiaretti, quien venía moviendo en redes sociales su adhesión al proyecto previsional. La presencia de ambos en el recinto fue parte de un guiño de Llaryora a los socialistas, integrantes del armado cordobesista, por la situación de Rosario, cuya emergencia en seguridad se trató ayer. También se sentaron cinco radicales cercanos al “díscolo” Facundo Manes, en oposición a la postura oficial del bloque que preside el radical Rodrigo de Loredo. En total, juntaron 119 asientos ocupados cuando el quórum es de 129. De todas maneras, aun pudiendo tener sesión, los dos tercios necesarios para aprobar un proyecto que no pasó por comisión eran una  utopía. “Lo que se quiso hacer fue poner en marcha Diputados porque el presidente Martín Menem lo tiene muy parado”, interpretó una fuente de adentro.

Oficialmente, la explicación que dieron los cordobesistas que no dieron quórum fue que Menem convocó a la reunión constitutiva de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, uno de los reclamos al oficialismo en función de gestos para atender la problemática de los pasivos. Un dato: la presidencia de la sensible comisión quedó para la radical cordobesa Gabriela Brower de Koning, que pertenece al radicalismo más duro con Llaryora, cerca pero no tanto de De Loredo pero no maneista. Otro dato: antes de que se cayera la sesión, el bloque de Pichetto había difundido un comunicado afirmando que, pese a la creación de la nueva comisión, mantenía la sesión “a fin de que en un plazo razonable dictaminen una modificación de la fórmula actual”. Es decir que la heterogénea bancada de 23 se comportó dividida. De hecho, en el comunicado de Hacemos Coalición hubo un reproche no tan velado a los gobernadores que pararon la sesión especial: “los jubilados y pensionados no pueden ser rehenes de una legítima disputa fiscal entre la Nación y las provincias, sencillamente porque no pueden esperar más”, indica el texto.

No es la primera vez que el espacio “federal” muestra diferencias internas, y aunque el peligro de ruptura ya ha sido invocado, la verdad es que atomizarse “no le serviría a nadie”, como dijo un diputado. Desde adentro explican que la dinámica seguirá así, porque se trata de un bloque donde Pichetto no es factor unificador ni referencia política, sino que cada subgrupo responde a gobernadores como Llaryora o Frigerio, o a otros espacios.

Todos con Pullaro

En una nueva muestra de sincronía que ya mostraron cuando Milei recortó la coparticipación de la provincia de Chubut en represalia por la caída de la ley Bases, los gobernadores salieron a respaldar a Santa Fe en la lucha contra el narco, mediante un comunicado que implica un espaldarazo al radical Pullaro y una advertencia a la Nación. 

“El narcotráfico es un problema federal, no porque no corresponda a una jurisdicción provincial sino porque es un problema de todos. En mayor o en menor medida, la Nación en su conjunto está afectada por este fenómeno que está mostrando en Rosario su faceta de violencia y terrorismo y que no reconoce de límites ni fronteras, constituyéndose en una problemática que -con distintas formas- afecta a todas las jurisdicciones'', asegura el comunicado.

CON INFORMACION DE DIARIO ALFIL, SOBRE UNA NOTA DE BETTINA MARENGO.