Bullrich cuestionó cambios en el Presupuesto y expuso tensiones por el capítulo de discapacidad

• Bullrich cuestionó que las modificaciones sobre discapacidad no fueron informadas previamente dentro del oficialismo.
• La senadora advirtió que la falta de coordinación puede afectar la construcción de mayorías legislativas.
• El malestar también alcanzó a otros sectores de La Libertad Avanza que desconocían el contenido del capítulo cuestionado.
• El proyecto introduce cambios permanentes en el sistema de prestaciones para personas con discapacidad.
• Entre las modificaciones figura la eliminación de aranceles únicos de referencia para diversas prestaciones.
• La discusión sobre el capítulo VI abrió un nuevo foco de tensión durante el tratamiento del Presupuesto 2027.

La senadora nacional Patricia Bullrich profundizó sus cuestionamientos a las modificaciones incorporadas al proyecto de Presupuesto 2027 en el capítulo referido al sistema de discapacidad y apuntó contra la falta de coordinación dentro del oficialismo durante la elaboración del texto. La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado sostuvo que los cambios no fueron informados previamente en la mesa política del Gobierno y advirtió que ese manejo puede afectar la construcción de mayorías parlamentarias necesarias para aprobar las iniciativas oficiales.

Según relató, un día antes del ingreso del proyecto al Congreso había participado de una reunión en la que se expusieron los principales lineamientos macroeconómicos del Presupuesto, pero aseguró que en ningún momento se mencionaron las modificaciones incluidas posteriormente en el capítulo dedicado a discapacidad.

La legisladora afirmó que el tratamiento previo de los proyectos en la mesa política tiene como objetivo evaluar su viabilidad legislativa y anticipar el impacto que pueden tener tanto en el oficialismo como entre los aliados. En ese contexto, recordó las dificultades que enfrentó el Gobierno durante el año anterior para sostener la gobernabilidad y consideró que decisiones de este tipo pueden poner en riesgo acuerdos construidos durante meses de negociación.

Bullrich también expresó su malestar por haber quedado expuesta frente a otros legisladores sin contar con información sobre el contenido definitivo del proyecto. A su entender, la falta de comunicación interna deteriora la confianza entre quienes participan de las negociaciones parlamentarias y complica la búsqueda de consensos para avanzar con leyes consideradas estratégicas por el Ejecutivo.

Sin señalar responsables de manera directa, la senadora sostuvo que el Presupuesto es elaborado por el Ministerio de Economía y planteó que cualquier modificación relevante debería haber sido presentada previamente en la mesa política para permitir una evaluación conjunta de sus consecuencias.

El malestar, sin embargo, no habría quedado circunscripto al Senado. Distintos sectores del oficialismo manifestaron sorpresa cuando conocieron el contenido del capítulo VI del proyecto una vez que ingresó a la Cámara de Diputados. Según trascendió, varios integrantes de La Libertad Avanza, entre ellos autoridades parlamentarias, no habían sido informados previamente sobre los cambios incorporados al texto.

Dentro del oficialismo, parte de las explicaciones apuntaron hacia una descoordinación entre el Ministerio de Salud y la Secretaría de Legal y Técnica durante la confección final del proyecto. Esa falta de comunicación, según distintas versiones internas, terminó generando un conflicto político adicional al debate de fondo sobre el contenido de la iniciativa.

Bullrich insistió en que la mesa política debe recuperar un papel más activo para evitar situaciones similares y advirtió que la ausencia de discusiones previas puede trasladar costos tanto al Gobierno como a la percepción pública sobre sus decisiones. También señaló que determinadas modificaciones pueden proyectar una imagen de insensibilidad frente a un tema particularmente sensible para amplios sectores de la sociedad.

El foco de la controversia se concentra en el capítulo VI del Presupuesto, integrado por los artículos 36 al 41, que introduce modificaciones permanentes al sistema de atención para personas con discapacidad.

Entre los cambios más relevantes figura la derogación parcial de disposiciones vinculadas a la emergencia en discapacidad y una reforma de la Ley 24.901, que desde 1997 regula las prestaciones básicas de atención integral. Uno de los puntos más discutidos elimina los aranceles únicos de referencia del Nomenclador de Prestaciones Básicas, lo que implicaría que las familias deban negociar individualmente con obras sociales y empresas de medicina prepaga el valor de terapias y tratamientos.

Además, el proyecto modifica el funcionamiento del Certificado Único de Discapacidad, que dejaría de constituir una garantía directa para acceder a determinadas prestaciones, y establece cambios en la compatibilidad entre la pensión por invalidez y el empleo registrado o el monotributo, un esquema que hasta ahora permitía a muchos beneficiarios incorporarse al mercado laboral sin perder su cobertura.

El debate sobre estas modificaciones se instaló rápidamente en el centro de la discusión política y abrió un nuevo frente de tensión dentro del oficialismo, que ahora deberá administrar tanto las diferencias internas como la negociación legislativa para sostener el tratamiento del Presupuesto 2027.