Por irregularidades en la compra de medicamentos, el Gobierno cambió un área estratégica de Capital Humano a Salud

El gobierno de Javier Milei publicó en el Boletín Oficial, a través de la Decisión Administrativa 76/2024, el traspaso de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE) de la cartera de Capital Humano al Ministerio de Salud. Este área está a cargo de otorgar millonarios subsidios para la compra de medicamentos de alto costo, como oncológicos o prótesis para cirugías, entre otros insumos.

De acuerdo a la resolución, el cambio de cartera involucra también la trasferencia de “los créditos presupuestarios -$37.985.218.890, según los datos del Presupuesto Abierto-, unidades organizativas, bienes, personal con sus cargos y dotaciones vigentes a la fecha, hasta tanto se aprueben las estructuras correspondientes”.

 
Entre los fundamentos para el cambio de cartera los funcionarios destacan: “Que en atención a las competencias asignadas al MINISTERIO DE SALUD se estima conveniente transferir la DIRECCIÓN NACIONAL DE ASISTENCIA DIRECTA COMPENSATORIA y su dependiente DIRECCIÓN DE ASISTENCIA DIRECTA POR SITUACIONES ESPECIALES del ámbito de la SECRETARÍA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA del MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO al MINISTERIO DE SALUD”.

La ministra Sandra Pettovello había detectado graves irregularidades en la DADSE, que por una decisión del ex presidente Alberto Fernández formaba parte del organigrama de la ex cartera de Desarrollo Social -actual Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, a cargo de Pablo de la Torre-.

La auditoría que ordenó -publicada por este medio- reveló irregularidades que podrían configurar delitos penales. Por esa razón, la Subsecretaría Legal del Ministerio de Capital Humano realizó una denuncia penal que recayó en el juzgado de subroga el Julián Ercolini por los presuntos delitos de “defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

El escrito no menciona nombres propios, pero destaca que los supuestos delitos “abarca desde 2016, cuando se implementó un procedimiento de compra exprés por urgencia para reemplazar un sistema de compras de facto, hasta el 10 de diciembre de 2023″, fecha en que asumió el gobierno La Libertada Avanza y Pettovello decidió “auditar todas las áreas” para detectar presuntos delitos.

El texto también advierte que “en 2019 y 2022, la Unidad de Auditoría Interna advirtió que el procedimiento que se estaba utilizando desde 2016 para la adquisición de drogas y otro tipo de insumos de alto costo se apartaba de las normas de compra para la administración pública nacional”. Además, según explicó un funcionario de la cartera de Capital Humano a este medio: “Se seleccionaban medicamentos de alto costo con presupuestos informales y el procedimiento tampoco era tan rápido porque pasaban dos o tres semanas para que un paciente pudiera recibir el medicamento o el insumo que necesitaba”.

De la denuncia que instruye Ercolini también se desprende que, si bien la metodología “oscura e irregular” comenzó a utilizarse durante la gestión de Cambiemos, continuó en la presidencia de Fernández.

El escrito que menciona que a través de la DADSE se realizaron “negocios imperdonables”, consta de 14 fojas; ya fue ratificada ante Ercolini y el magistrado solicitará, a partir de esta semana, “una batería de medidas” para acreditar lo que se asegura en el escrito y precisar quienes estuvieron al frente de esa dirección. Carlos Rívolo es el fiscal.

En la denuncia penal se infiere que los funcionarios que pasaron por la DADSE, habrían realizado “negocios imperdonables a expensas de los más necesitados y por temas sumamente sensibles”.

El mecanismo, según se describe, es “burda” y escapa a las normas de “trasparencia de compras del Estado”. “La administración correspondiente, siguiendo la disposición dictada en 2016, selecciona antojadizamente al proveedor al que comprarle los costosísimos medicamentos”, destaca el escrito judicial.

En uno de los párrafos más salientes, el escrito describe: “La selección de los proveedores de la DADSE a los efectos de que el Estado argentino adquiera medicamentos por miles de millones de pesos, se realiza vía e-mails (correos electrónicos simples y comunes, no encriptados, sin sobre cerrado ni seguridad) a una cadena de usuarios que no se actualiza periódicamente ni se certifica su titularidad. Una vez recibidos dichos e-mails, ciertos supuestos proveedores remiten presupuestos informales sin firma ni rigorismo alguno y es, en virtud de tales presupuestos, que la administración correspondiente, siguiendo la disposición dictada en 2016, selecciona antojadizamente al proveedor al que comprarle los costosísimos medicamentos (sin siquiera un cuadro comparativo como exige dicha norma, por ejemplo”.

Además de las “graves irregularidades” que detectaron las actuales autoridades “ya habían sido advertidas en 2019 y 2022 por Unidad de Auditoría Interna (UAI)”, pero se siguió adelante con la metodología a través de la cual se habrían direccionado compras de medicamentos por valores millonarios.

“Compras más ágiles y transparentes”

La Decisión Administrativa 76/2024 publicada hoy en el Boletín Oficial, con la firma del Jefe de Gabinete, Nicolás Posse, el Ministro de Salud de la Nación, Mario Russo, y de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, de traspasar la Dirección Nacional de Asistencia Directa por Situaciones Especiales de Capital Humana a Salud no fue intempestiva.

Según le explicaron a Infobae desde la Casa Rosada, ambos ministerios trabajaron en la coordinación para atender caso por caso los pedidos de medicamentos que se encuentran en trámite y asegurar su entrega.

Uno de los objetivos principales fue “hacer más ágil, transparente y eficiente su funcionamiento, en beneficio de los pacientes que requieren la medicación y que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y sanitaria”, luego de la denuncia realizada por Capital Humano tras haberse encontrado irregularidades en los procedimientos de adquisición.

“En este proceso -adelantaron los funcionarios- se iniciará un nuevo sistema para la adquisición de medicamentos mediante un sistema de compras con reglas claras y con el objetivo de transparentar todas las adquisiciones, donde se pueda seguir la trazabilidad del medicamento dispensado”.

Después que se hiciera pública la auditoría, la denuncia ante la justicia federal y la decisión de Pettovello, en concordancia de Russo, desde la oposición, y sobre todo del kirchnerismo, se acusó a la ministra de Capital Humano de “cerrar la dirección que otorgaba medicamentos oncológicos”; que a los pacientes ya le faltaban los medicamentos de alto costo y hasta el gremio ATE denunció “el cierre intempestivo de la atención al público de la DADSE por tiempo indeterminado”.

Desde Capital Humano rebatían las acusaciones. “No se cortó la entrega de medicamentos e insumos médicos. Se están resolviendo cuestiones administrativas que en nada afectan a los beneficiarios: Se inició una investigación y se detectaron irregularidades en el procedimiento de selección de proveedores para la adquisición de costosos productos farmacéuticos destinados a pacientes oncológicos y con diversas patologías graves y crónicas”, explicaron.

Fuentes de la cartera a cargo de Russo le precisaron a este medio: “Desde el inicio de la gestión, el Ministerio de Salud de la Nación gestionó la compra de medicamentos de alto costo, tanto oncológicos como para otras enfermedades, por un monto total de 140 mil millones de pesos”.

Las drogas, precisaron, fueron “destinadas a pacientes de todo el país con cobertura pública exclusiva, complementando la asistencia de los bancos de drogas de cada una de las jurisdicciones”.

También “se adjudicó la adquisición de medicamentos para pacientes con HIV, por un monto de 2.800 millones de pesos”. También se adjudicó la compra para el Plan Remediar 2024.

En lo que respecta a la compra de vacunas se incorporó al calendario nacional 2024 la vacuna del VSR que es la principal causa de bronquiolitis y neumonías en bebés por una inversión de 2.900 millones de pesos.

Fuente: Infobae