Prunotto desempató para evitar reproches opositores a Llaryora

Tras un largo debate y con fuertes cruces entre oficialistas y opositores donde se discutieron medidas del presidente Javier Milei pero también se apuntó a las políticas del gobernador Martin Llaryora y los gastos del estado provincial, la Legislatura aprobó el rechazo a los recortes de los subsidios al transporte de pasajeros del interior del país, dispuestos por la Casa Rosada y confirmada ayer por su vocero, Manuel Adorni. El proyecto resultó de la unificación de tres iniciativas presentadas por el oficialismo de Hacemos Unidos por Córdoba y los bloques opositores. Al mismo tiempo, fue necesario el desempate, una vez más, de la vicegobernadora Myrian Prunotto a la paridad de votos que consiguió el proyecto presentado por la presidenta del Interbloque Juntos por el Cambio, Patricia Ferrero, que le reclamó al gobernador Martín Llaryora que pongan en funcionamiento la tarjeta Sube, que subsidia el boleto a sectores determinados, y lo instó a recortar gastos para hacer frente a la escasez de recursos. Una posición parecida expusieron los concejales capitalinos de la UCR, que marcaron que la Nación sigue beneficiando al AMBA en detrimento del interior, pero aprovecharon la volada para reclamar al intendente Daniel Passerini que “corte drásticamente los gastos innecesarios que vienen de la gestión anterior”.

Para la Legislatura fue la primera sesión del periodo ordinario del año. El debate comenzó tras una extensa reunión de Labor Parlamentaria, donde se hizo patente el reparto de bancas en distintos grupos. Los dos segmentos mayoritarios, el oficialismo de Hacemos Unidos y el interbloque de Juntos, que confluyen al menos parcialmente a nivel nacional, hicieron equilibrio para criticar moderadamente a Milei, pero evitando golpear el proyecto que abrazó el 75% de los cordobeses en las elecciones del año pasado. En rigor, la diferencia fue sobre la responsabilidad de Llaryora en la economía recortada, esgrimida por los referentes del interbloque Juntos, y la posición reivindicativa del sanfrancisqueño y su defensa de Córdoba, defendida por los oficialistas.

Además del tema transporte, se designaron los integrantes titulares y suplentes del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Córdoba. Por el oficialismo de Hacemos Unidos por Córdoba, tal como adelantó este diario hace una semana, juraron los legisladores Julieta Rinaldi y el presidente provisorio Facundo Torres Lima, y por Juntos por el Cambio, como minoría, juraron el radical Miguel Nicolás y el juecista Walter Gispert. Rinaldi continuará como presidenta del cuerpo, por un pedido especial de la propia jueza del Tribunal Superior de Justicia, Aída Tarditti, representante del máximo tribunal en el juri. Los suplentes de Hacemos Unidos son Leonardo Limia y Veronica Navarro y por la oposición, las legisladoras Daniel Gudiño y Viviana Martochia. En ambos casos se abstuvieron Luciana Echevarría, del MST en el Frente de Izquierda, y Rodrigo Agrelo, de Encuentro Vecinal Córdoba, quien viene de protagonizar un duro cruce en Twitter con el exlegislador Juan Manuel Cid, de la mesa chica de Martin Llaryora. Según Agrelo, Llaryora quiere impulsar a Cid para ocupar el lugar vacante en el TSJ que dejó la renuncia de la jueza Mercedes Blanc de Arabel, posibilidad que el dirigente descartó con la afirmación de que el gobierno tiene como prioridad “defender los intereses de Córdoba y su gente”. En rigor, el Panal no avanzaría en el corto plazo para cubrir la preciada vacante, aunque sí, como señaló Agrelo, aspira a poder jugar con una estrategia de “combo”. Es decir, no presentar ante la Legislatura, que debe votar las designaciones, uno solo cargo, sino un “paquete” que incluya también los lugares para el Ministerio de la Defensa, ya aprobado, y en lo posible, un segundo sillón el alto cuerpo. Una alta fuente del oficialismo dijo, tajante, sobre esto último: así como se ofrecen, los cargos también se piden.

La sesión también estuvo abocada a la ampliación del número de comisiones a 30, de las actuales 20, algunas nuevas y otras desdobladas, iniciativa del llaryorismo destinada a repartir lugares entre una oposición atomizada y matizada entre opositores plenos y opositores dialoguistas, con la que el oficialismo tendrá que dialogar y negociar quórum y votos. Algunos nombres del oficialismo, confirmados y ya adelantados por este diario son: el schiarettista Ricardo Sosa en Presupuesto y Economía, el llaryorista Abraham Galo en Ambiente, el viguista Leonardo Limia, expresidente del bloque oficialista, estará a cargo de la comisión de Obras Públicas y Vivienda. La legisladora de Roque Saénz Peña, Victoria Busso, ex miembro del Juri, quedó en la estratégica comisión de Legislación General. Otra comisión de peso es Asuntos Constitucionales, que queda para  Bernardo Knipscheer, el esposo de la diputada nacional Natalia de la Sota. Otra viguista, Nadia Fernández, vicepresidenta del cuerpo, encabezará la nueva comisión de Seguridad, mientras que Marcelo Eslava, legislador departamental de Sobremonte, se hará cargo de Asuntos Municipales y el capitalino ex concejal Pablo Ovejero, viguista, quedó en la comisión de Educación. Algunos lugares para la oposición: Spaccesi presidirá la comisión de Pymes y Agrelo encabezará Niñez. 

Además, se aprobó la titularización de 1639 docentes interinos de la Modalidad Jóvenes y Adultos de nivel secundario, iniciativa autoría de la ex legisladora del PJ Sara García, cuyo debate habilitó críticas de Gispert a la política educativa del exgobernador Juan Schiaretti y de su sucesor y actual mandatario Martín Llaryora, y el reclamo de la radical Brenda Austin por la situación precarizada de las agentes Paicor de la Provincia.

CON INFORMACION DE DIARIO ALFIL, SOBRE UNA NOTA DE BETTINA MARENGO.