Ley ómnibus: otra propuesta y más presión de gobernadores por el impuesto PAIS

Los gobernadores con incidencia en los bloques dialoguistas que el Gobierno necesita para aprobar el proyecto de Ley ómnibus acercaron otra propuesta a la Casa Rosada para destrabar la negociación. Consiste en coparticipar el impuesto PAIS, un reclamo que ya hicieron el último lunes en una reunión con el ministro del Interior, Guillermo Francos, pero que en este caso presenta variantes: los mandatarios quieren quedarse con el 21 por ciento del tributo, dejar 9% para el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (Renabap) y el 70% restante, para el Tesoro, que actualmente lo destina a Anses.

La propuesta fue elaborada por el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, a través del diputado Juan Brügge, y consiguió respaldo entre los mandatarios del espectro no peronista. Varios de ellos conversaron con sus colegas del PJ para garantizar una votación unánime de ese artículo en el debate en particular, que aún no tiene fecha. El bonaerense Axel Kicillof fue uno de los contactados. El número con el que se vote este artículo es clave, porque un veto presidencial puede ser rechazado con dos tercios. En LLA no quieren llegar a ese poroteo.

A las 14, las autoridades de las bancadas dialoguistas (Hacemos Coalición Federal, integrada por los cordobeses; UCR e Innovación Federal, partidos provinciales) se reunieron con el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, para acelerar las gestiones. Luego se sumó Francos.

El pulso de la negociación lo tienen los gobernadores y sus demandas impidieron avanzar en la letra chica del texto definitivo. Es por eso que una opción que evaluaban en todas las bancadas es votar en general por la tarde y demorar el debate de cada artículo para la semana que viene. Otra es considerar sólo algunos capítulos en detalle y postergar el resto.
Los mandatarios piden una reunión con el presidente Javier Milei, quien se resiste a recibirlos. Como gesto, el jueves el Presidente envió a la secretaria general de la Presidencia, su hermana Karina Milei, con un borrador que tiene las últimas modificaciones aceptadas. Francos también estuvo con referentes legislativos cercanos a los mandatarios.
Como explicó Letra P, este jueves la votación se postergó porque los mandatarios no se resignaron a desechar los fragmentos del capítulo económico y fiscal que permite mejorar las arcas de las provincias, como la moratoria, el blanqueo o la continuidad del impuesto PAIS, que grava las compras en moneda extranjera y su recaudación subió en forma exponencial. Milei aumentó la alícuota y lo convirtió en una de sus principales fuentes de ingresos.

La ecuación de los jefes territoriales es simple: no le brindarán herramientas a Milei para gobernar sin el Congreso si a cambio no ven un ingreso a sus arcas. Es por eso que, sin garantías de un acuerdo con la Nación, podrían recortarse las facultades delegadas que el gobierno pide en materia económica y financiera. Las otras que están en el último borrador son las de energía, tarifaria, seguridad y administrativa, que es la más defendida por los dialoguistas.

Los partidos provinciales, que tienen la llave del cuórum en el Senado, tienen otras demandas. Pamela Caletti (Salta) exige una mejora impositiva para el tabaco. El neuquino Rodrigo Llancafilo quiere garantizarse la continuidad de la tarifa diferencial a zonas frías. El gobierno no puede ignorar esos reclamos si quiere tener ley.

Otras discusiones
La dificultad para realizar la votación en particular es que algunas discusiones no están saldadas y la presión de los mandatarios por fondos las deja en segundo plano. La propuesta sobre privatizaciones que acercó el Gobierno no convence a todo el espectro dialoguista. Consiste en reducir las empresas a vender (pasaron de 36 a 27) y fortalecer el rol de la bicameral de Reforma del Estado y Privatizaciones que debe controlar el proceso. Hay varias alternativas más en estudio.

Un sector de la UCR pide mejorar el sistema de transparencia, con la publicación en tiempo real de pliegos, licitaciones y montos. Otro grupo del radicalismo insiste en que cada privatización necesite aval una ley sancionada por el Congreso.

Córdoba tiene otro reclamo: la redacción final de la reforma de biocombustibles. No conformó la última versión que envió Milei, porque exigen que la suba del corte obligatorio no tenga plazo. El Gobierno también negocia con el radicalismo para tener los artículos que le permiten endeudarse en dólares sin límites y tener más herramientas para renegociar pasivos en esa moneda. Una opción en estudio es obligar a un trámite parlamentario en caso de default. El capítulo de seguridad sigue en discusión: el radicalismo amenaza con no votarlo luego de las detenciones de manifestantes de su partido. No será fácil resolverlo este viernes.

Con informacion de Letra P.