El Senado enfrenta una sesión decisiva por el Presupuesto 2026 y una ley clave del oficialismo

• El Senado debatirá el Presupuesto 2026 y la Ley de “inocencia fiscal” en una sesión decisiva.
• El artículo 30, que elimina pisos mínimos de financiamiento en áreas sensibles, es el principal foco de conflicto.
• El artículo 12 genera críticas por condicionar fondos universitarios y afectar la autonomía académica.
• El oficialismo enfrenta una votación ajustada y no descarta negociar cambios durante la sesión.
• El peronismo llega dividido entre sectores dialoguistas y el ala dura kirchnerista.
• Un eventual regreso del proyecto a Diputados complicaría el cierre legislativo antes de fin de año.

El Senado se encamina a una sesión de alto voltaje político este viernes, en la que el oficialismo buscará sancionar dos iniciativas centrales para el Gobierno libertario: el Presupuesto 2026 y la denominada Ley de “inocencia fiscal”. Aunque ambas forman parte del núcleo de la agenda económica y tributaria del Ejecutivo, el foco de la atención estará puesto en el tratamiento del proyecto presupuestario, donde al menos dos artículos concentran fuertes resistencias y amenazan con tensionar al máximo la negociación parlamentaria.

El principal escollo para el oficialismo es el artículo 30, que propone eliminar los pisos mínimos de financiamiento para áreas sensibles como Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Educación Técnico Profesional y el Fondo Nacional de la Defensa (Fondef). Actualmente, la legislación vigente obliga a destinar el 6% del Producto Bruto Interno al sistema educativo, el 1% a ciencia y tecnología, el 0,2% del presupuesto educativo a la formación técnica y el 0,8% del gasto total al reequipamiento de las Fuerzas Armadas. De aprobarse el texto impulsado por el Gobierno, esos porcentajes dejarían de ser obligatorios, otorgando mayor discrecionalidad al Poder Ejecutivo en la asignación de recursos.

El proyecto contempla, de manera explícita, la derogación de artículos centrales de cuatro leyes clave: la Ley de Educación Nacional, la de financiamiento del sistema científico-tecnológico, la de Educación Técnico Profesional y la que dio origen al Fondef. Esta arquitectura normativa explica por qué el artículo 30 se convirtió en el punto de mayor fricción con la oposición dialoguista y con sectores del peronismo que, aun mostrando predisposición a acompañar el Presupuesto en general, anticipan su rechazo a cualquier recorte que afecte partidas estructurales.

En el oficialismo admiten que la votación de ese artículo será ajustada y que la asistencia o ausencia de senadores puede resultar determinante. Incluso reconocen que una eventual derrota en ese punto podría poner en riesgo la sanción integral del Presupuesto, lo que abre la puerta a modificaciones de último momento o a negociaciones durante la propia sesión para evitar un traspié mayor.

Otro foco de conflicto es el artículo 12, que condiciona el financiamiento de las universidades nacionales al cumplimiento de requisitos de información ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Capital Humano. El texto habilita a esa dependencia a interrumpir las transferencias de fondos en caso de incumplimiento, una facultad que generó alarma incluso entre aliados potenciales del Gobierno. Desde la oposición advierten que la norma afecta la autonomía universitaria, al subordinar el flujo de recursos a la evaluación de un funcionario del Poder Ejecutivo.

El debate se da, además, en un contexto político sensible. El Gobierno llega al Senado luego de un revés en la Cámara de Diputados, lo que obligó a retirar del Presupuesto el capítulo que derogaba leyes de emergencia en discapacidad y de financiamiento universitario. Aun así, en el oficialismo no descartan que el texto vuelva a Diputados si se introducen cambios sustanciales durante la discusión en la Cámara alta, un escenario complejo teniendo en cuenta que restan apenas dos días hábiles antes de fin de año.

Más allá de los artículos conflictivos, el resto del Presupuesto no presenta mayores objeciones. El proyecto prevé un crecimiento económico del 5% del PBI, una inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio oficial de 1.423 pesos a diciembre de 2026. En ese marco, La Libertad Avanza confía en reunir más de 45 votos para la aprobación en general, con el respaldo de radicales, legisladores del PRO y bloques provinciales.

El peronismo, en tanto, llegará dividido. Mientras los senadores alineados con gobernadores dialoguistas evalúan acompañar el Presupuesto como señal de gobernabilidad, el sector más cercano a Cristina Kirchner mantiene una postura de rechazo frontal a cualquier iniciativa que implique recortes en educación, ciencia o políticas sociales.

Para el Gobierno, la sesión será una prueba clave para ratificar el rumbo económico y político. Para la oposición, una oportunidad de marcar límites. El desenlace, todavía abierto, puede definir no solo el cierre legislativo del año, sino también el clima político con el que el oficialismo iniciará 2026.