La Calera: Fernando Rambaldi ofrece una tregua a Martín Llaryora a cambio de fondos

Fernando Rambaldi, intendente de La Calera, se manifesta renuente a las estrategias que dan forma al proyecto de Partido Cordobés sobre el que cimienta su gestión el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora. Treinta días después de asumir su mandato, siete meses después de haber sido electo intendente de la localidad más poblada del Gran Córdoba, ratifica la vigencia de una serie de demandas, algunas de las cuales formaron su plataforma de campaña.

A la remoción de la estación de peaje en el ingreso sudeste a la ciudad y la continuidad de obras, a través del Ente Intermunicipal de Gestión Metropolitano, suma un recado específico que repiten otros alcaldes acuciados por una situación económica de gravedad aún insondable: fondos, principalmente vía adelantos o actualización de coparticipación.
 
Aunque reconoce la existencia un fluido diálogo con funcionarios del gobierno provincial, Rambaldi pide gestos concretos para aquellas demandas. A cambio, ofrece una tregua de dos meses en los reclamos que periódicamente encabeza a metros de las cabinas instaladas por Caminos de las Sierras, empresa estatal que administra las rutas de acceso a Córdoba.

Vías paralelas
El intendente calerense, que llegó al poder a través de una alianza de Encuentro Vecinal con partidos que integran JxC, sabe también que contará con un cobijo colectivo para sus posturas, a partir de la constitución formal del G6, el grupo de intendentes opositores al peronismo que administran importantes ciudades del Gran Córdoba.
Aunque dicho “ente paralelo” no sea presentado como un polo opositor, nadie desconoce que puede obrar como catalizador de las inquietudes de esas localidades, entre las que están las cuatro más pobladas en el departamento de mayor crecimiento de las últimas décadas.
Entre dichas inquietudes destaca la finalización de obras de importante impacto, como un segundo anillo de Circunvalación que unirá el corredor de Sierras Chicas con la ruta 9 Norte. También la finalización del Acueducto Sierras Chicas Norte que abastecerá de un recurso crítico a ocho localidades de la región, que suman casi 60 mil habitantes.

Tal es la razón por la que los alcaldes también han atenuado sus promesas sobre una revisión de continuidad en el Ente Metropolitano. Con la obra pública frenada, ésta aparece como la única posibilidad de corte de cintas en los años venideros.

Conscientes de ello, autoridades provinciales han incrementado la actividad del organismo. Herramienta política al fin, sigue siendo una puerta de acceso al proyecto de gobierno con que Llaryora extiende el juego. Vaya como muestra la invitación cursada a adherir a la Ley de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana de la Provincia.

Tal convite fue verbalizado por el intendente de la capital, Daniel Passerini, cuyo secretario de Gobierno, Rodrigo Fernández, preside el estratégico Ente.

Diálogo sí, negociación no
En diálogo con Letra P, Rambaldi admite que podría adherir a la Ley de Seguridad. Pero no la ubica como una prioridad. Al tope de la lista sigue la puja por las casillas de peajes, cuya dimensión se actualiza con cada aumento en el valor de las tarifas, que pasaron de 200 a 500 pesos en 2023.

El intendente admite la existencia de “gestos” desde El Panal, como la continuidad de descuentos para cada habitante de La Calera. No obstante, remarca que no está dispuesto a un trueque. “Vamos a dialogar, pero no voy a negociar la causa de los peajes. No voy a canjear la continuidad de las casillas por otras obras. Mucho menos cuando ni siquiera se cumple con lo que el pliego de concesión establece”, enfatiza.

El diálogo también incluye un pedido de actualización de la coparticipación que envía el gobierno provincial. Los giros toman como referencia una población de 32 mil ciudadanos, según el Censo de 2010. Dado el cambio en el perfil de la ciudad, especialmente a partir de la proliferación de barrios cerrados, la cantidad de habitantes se ha duplicado desde entonces.

Hasta que se efectúe la actualización, el dirigente vecinalista plantea como urgente el adelanto de lo correspondiente por las actuales coparticipaciones. Según afirma, tales montos permitirían avanzar hacia un equilibrio para una economía municipal en emergencia.

La descripción de la situación heredada incluye una deuda por más de 500 millones de pesos, incumplimientos acumulados con proveedores, una sobredimensión de la planta municipal con 30% de “ñoquis” y un desfase entre las tasas que cobra su administración y la inflación.

“Estamos ajustándonos el cinturón. Bajamos la planta política al 50%. Buscamos un equilibrio financiero, con subas de impuestos razonables: nuestro inmobiliario subió 150% frente a 200 de la Provincia. Tenemos que acomodar lustros de desmanejo, Si no, vamos a la quiebra. Lo que dejaron en caja alcanzaba sólo para pagar a los monotributistas. Estamos recaudando sólo para pagar”, advierte el también profesor universitario.

El equilibrio apuntado incluye una medida opuesta a la prédica actual. En la última sesión del año, el Concejo Deliberante aprobó un aumento salarial del 90%, sobre la remuneración de enero del 2023, para los empleados municipales. En la misma Ordenanza se establece un recorte del 50% de sus haberes para el intendente, “como gesto de compromiso con la situación”.

Los Rufeil, en la mira
Las referencias inequívocamente remiten a una precedente sucesión de gobiernos peronistas de 16 años, 12 de los cuales se repartieron entre los primos Rodrigo y Facundo Rufeil, a quienes Rambaldi derrotara, por exiguo margen, en junio pasado.

Con ellos, admite el intendente, no hay diálogo posible. Ni siquiera el que reconoce, por cauces institucionales, con un peronismo calerense que hasta aquí sólo ha tenido manifestaciones contrarias a las descripciones el estado del municipio. En otras palabras, no ha mostrado aún estrategias para golpear al gobierno municipal, como ocurriera en Jesús María.

“Con el peronismo nunca tuve problemas. Me reúno y converso incluso a nivel provincial. Con quienes sí tengo problemas es con los Rufeil, que se adueñaron del peronismo y sólo son corruptos, ni siquiera políticos. Con ellos sólo podría cruzarme en Tribunales”, sentencia el jefe comunal.

Con informacion de Letra P.