Biden endurece su gestión de la frontera dificultando la llegada a EE UU de los solicitantes de asilo

Washington ha desvelado este martes las líneas maestras de un plan que pretende reducir la llegada de inmigrantes ilegales a Estados Unidos. El Gobierno del presidente Joe Biden endurece la gestión de la frontera al imponer límites a los ciudadanos de otros países que llegan al territorio estadounidense solicitando asilo. Solo podrán hacerlo quienes lo pidan desde sus países de origen o las naciones de paso, en línea con los requisitos adelantados por la Administración a inicios de 2023. El plan del mandatario demócrata, que se prevé que esté vigente durante dos años a partir del próximo mes de marzo, ha generado muchas críticas de las organizaciones defensoras de derechos humanos.

La medida, anunciada este martes de forma conjunta por los departamentos de Seguridad Interior y Justicia, pretende motivar a las decenas de miles de migrantes a que emprendan “un camino legal o que busquen el asilo o protección en los países por los que viajan”. De no hacerlo, los sujetos no serán elegibles para que se les permita la entrada al país, indica la Administración. Esta argumenta que la iniciativa pretende rebajar la dependencia de los migrantes de los grupos de traficantes de personas y reducir el flujo de personas que llegan a la frontera con México, un tema que ha sido controversial para Biden en las elecciones.

“Estamos reforzando la disponibilidad de un camino seguro, ordenado y legal para que lleguen a Estados Unidos, y al mismo tiempo, proponemos nuevas consecuencias para aquellos que no recurran a los procesos que les ofrecen el país y sus aliados en la región”, ha asegurado este martes en un comunicado Alejandro Mayorkas, el encargado de Seguridad Interior del Ejecutivo.

En enero, el funcionario informó que la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP, por sus siglas en inglés) lanzó una aplicación que recibe todas las peticiones de asilo de los ciudadanos que quieran llegar al país. La forma digital deberá llenarse en los países de origen, antes de que se emprenda el viaje al norte. El presidente Biden dejó claro entonces que si la entrada es denegada o se intenta hacer el viaje de forma ilegal, las personas serán devueltas a México y no podrán participar nuevamente en el programa. También se les prohibirá la entrada a Estados Unidos por cinco años.

El plan, que apuntala la “presunción refutable” para los que piden asilo, se ha hecho público de manera temporal este martes, cuando se ha publicado en la gaceta oficial del Gobierno. Durante los próximos 30 días, esta podrá recibir las observaciones del público y las diferentes instituciones encargadas de poner en práctica la política migratoria de Estados Unidos.

La medida también se convierte en una herramienta para el control del flujo migratorio para Washington, que el próximo 11 de mayo pondrá fin al Título 42, una regla que le ha permitido expulsar rápidamente a más de dos millones de personas (miles de ellos eran solicitantes de asilo) que llegaron a la frontera durante la emergencia sanitaria.

La norma, sin embargo, ya tiene varios críticos, que la consideran casi un veto total al derecho al asilo. Uno de ellos es la reputada Unión por las libertades civiles (ACLU, en inglés). “La propuesta del presidente Biden dejaría a gente vulnerable en peligro, y además negaría la protección a miles”, afirmó la organización, que la ha tildado como un nuevo ataque a los derechos a buscar protección y seguridad en Estados Unidos, un país que se forjó acogiendo a los perseguidos en otras naciones.

En esa misma línea ha ido la oficina en Washington de Amnistía Internacional. “El plan socava el derecho humano al asilo”, ha considerado el organismo defensor de derechos humanos. “Este nuevo veto al asilo bloquearía la protección para cualquiera que no haya solicitado el asilo durante su paso por terceros países”, señala en un comunicado. Amnistía compara la medida de Biden con prohibiciones similares que el Gobierno de Donald Trump quiso implementar en 2019, pero que no pudo hacerlo porque una corte de apelaciones federal se lo impidió. ACLU ha amenazado con emprender acciones legales si es que Biden sigue adelante con su plan.

La Administración ha defendido algunas de las medidas que ha puesto en marcha para desincentivar la migración regional. En enero, impuso restricciones a los nacionales de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua que intentaban llegar. Tras el anuncio del 5 de enero, el promedio semanal de llegada pasó de 1.200 ciudadanos de esos países a solo 35 para finales del mes, una caída de 97%. “Los encuentros (aprehensiones) han permanecido en un nivel muy bajo a lo largo de febrero”, indica Seguridad Interior. En cambio, el departamento aseguró que dio luz verde a 26.000 personas. Casi 34.000 venezolanos han llegado a Estados Unidos desde octubre de 2022, cuando fue lanzado un programa para ordenar la migración al norte.

Fuente: El País