Argentina: un país con los valores dados vuelta

OPINIÓN 23 de junio de 2022 Por Roberto Cachanosky*
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Un piquetero vive de los planes sociales que administran los gerentes de la pobreza. Ellos pueden recibir una asistencia o un conjunto de planes a condición de concurrir a las marchas populares cuando sus “jefes” así lo establecen.

Esos programas, llamados sociales, no tienen límites de tiempo. El Estado no los otorga por un tiempo limitado, por el contrario, no tienen fecha de vencimiento. En estas condiciones, entre la Asignación Universal por Hijo y un conjunto de otros “beneficios” una pareja de personas adultas puede recibir un ingreso lo suficientemente alto como para desestimularla a trabajar. Por ejemplo, cada miembro de la familia puede cobrar un plan Potenciar Trabajo que en junio llega a los $19.470, es decir sumar $38.940 por mes, son controles sobre si tuvo inquietud de buscar un empleo para no depender del subsidio.

Si tienen dos hijos menores, tienen derecho a percibir $7.332 por cada uno, un total de $14.664 por mes, sumados a la asistencia anterior, ya suma $53.604 mensuales. A esto se le agrega la Tarjeta Alimentar con 2 hijos que suman otros $13.500, llegando a 67.104 pesos.

No es de descartar que alguno de los miembros de la pareja cobre una Pensión por Invalidez Laborativa, dado que en el Presupuesto 2022 figuran 1.117.171 beneficiarios, en contraste con apenas 81.539 en 2003. Es decir, en casi 20 años aparecieron 1.035.632 inválidos laborales sin que se haya producido una guerra, un tsunami o un terremoto que provocara semejante cantidad de inhabilitados para un empleo regular. Solo se pudo detectar una epidemia de ataque de fobia al trabajo.

Con un presupuesto para este rubro de $310.905 millones resulta un promedio de $23.191 por mes por cada uno. Pero, en total podrían embolsar unos $90.265, por arriba de la canasta básica total, lo cual los saca de la línea de pobreza sin trabajar, sin pagar impuestos y viviendo a costa del trabajo ajeno.

Paralelamente, se observa en la serie de datos del Ministerio de Trabajo, un fenomenal incremento del empleo estatal y un mínimo incremento del empleo privado formal, que agrava la mochila sobre el conjunto de ocupados registrados que no dependen de un cheque del sector público.

En enero de 2012, comienzo de la serie oficial de empleo registrado, el total de puestos de trabajo en el conjunto del sector público (nación + provincias + municipios) equivalían al 41,7% del empleo privado formal y en marzo de este año ya representaba el 54% del empleo privado, sin que mejorara la calidad de los servicios públicos a cargo del Estado, como la salud, seguridad, justicia, educación, principalmente.

No se debe olvidar que el régimen del empleado público determina una protección especial a la estabilidad laboral, porque no se lo puede despedir, salvo que se instruya un sumario.

Según datos del Indec, el índice de salarios del sector privado formal aumentó, entre marzo 2021 y 2022 el 56%, en tanto que el correspondiente al sector público subió 59%, es decir 3 puntos porcentuales, sin que mediaran justificaciones para esa brecha, que históricamente ha sido creciente, aun cuando parte de la nómina se sospecha es un “ñoqui” -aparece el 29 sólo para cobrar-, y no enfrenta las exigencias de control de calidad y productividad que se observa en la actividad particular.

Así, mientras los piqueteros, escondidos tras la escenografía de movimientos sociales que no son otra cosa que movimientos políticos, viven del trabajo del sector privado, no tienen límite de tiempo para recibir los subsidios, se dedican a entorpecerle la vida a los que los mantienen, los empleados públicos disfrutan de limitadas horas laborales, estabilidad en sus puestos y mejoras salariales mayores al promedio del mercado, el sector que los mantiene es regularmente castigado con más impuestos y regulaciones absurdas.

Un país no se construye con planes sociales y empleo público creciente, sino con gente que quiera trabajar, desarrollar su capacidad de innovación y arriesgar en emprendimientos para descubrir dónde hay demandas insatisfechas.

Plan jefes y jefas

A 20 años de haberse lanzado el Plan Jefes y Jefas de hogar, no solo aumentó la cantidad de beneficiarios de planes sociales, sino que, para peor, se multiplicaron los programas asistenciales, al amparo de un sospechado gran negocio de parte de la política.

Lo que el presidente Eduardo Duhalde lanzó en 2002 como un plan transitorio, se transformó en permanente y ahora la pregunta es: ¿Cuál es el sueldo que debería ganar un padre de familia para no recibir planes e ir a trabajar religiosamente si como están hoy, sin trabajar o haciendo changas, puede mantenerse solo haciendo cortes de tránsito sobre la Avenida 9 de Julio, en la Ciudad de Buenos Aires?

El salario en el sector privado debería crecer enormemente como para que el piquetero prefiera dejar la comodidad de no trabajar y vivir en base a subsidios. Es una cuestión de arbitraje entre trabajar y vivir sin trabajar. En la medida que el Estado estimule el no trabajar a costa del que trabaja, este festival de populismo continuará.

Lo mismo ocurre con el empleado estatal para que esté dispuesto a sacrificar su estabilidad laboral y su salario creciendo por encima del sector privado.

Como frutilla del postre, en Argentina se castiga impositivamente al que trabaja y el mérito es visto como un sacrilegio por parte del Gobierno y si es empresario, se lo cataloga de “salvaje explotador”, y culpable de la pobreza. Por el contrario, al que vive del trabajo ajeno es presentado como una “víctima del sistema”.

No hay duda de que no solo hay que hacer reformas económicas estructurales, sino también reformular los valores que hoy imperan en la sociedad en la que trabajar y esforzarse está mal visto y vivir del trabajo ajeno un derecho social, basado en el corazón del populismo: “donde hay una necesidad nace un derecho”.

*Para Infobae

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