Tras una semana ajetreada por el acampe de más de 48 horas en la 9 de julio, se profundizó el debate sobre los piquetes impulsados por organizaciones sociales. Tras la iniciativa de los liberales de crear un ‘Movimiento Antipiquetero‘, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le pedirá a la Nación la propuesta que le quite los planes sociales a aquellas personas que cortan las calles e interrumpen la circulación. 

“Esperemos que la Nación haga algo. La Policía de la Ciudad detuvo a quienes apedrearon el despacho de la vicepresidenta, y el Gobierno le quitó los planes. Ahora esperamos que hagan lo mismo con quienes acampan o cortan el microcentro porteño interrumpiendo la circulación de miles de personas”, reveló el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, en las últimas horas según informó NA. 

El planteo se da en la antesala a una nueva protesta social convocada para la próxima semana y en medio del endurecimiento discursivo del Gobierno nacional contra los piqueteros. Tras advertir que el acampe no iba a flexibilizar su resistencia a incrementar planes sociales, el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, lanzó un mensaje contra los protestantes: “Basta de apretar a los argentinos”.

Frente a este escenario de coincidencia, se abre un halo de posibilidad para que avance la iniciativa opositora. Sin embargo, en caso de que la iniciativa tenga luz verde sería una victoria política de CABA por lo que, a priori, se prevé que la Casa Rosada no se encamine de inmediato detrás del proyecto. No obstante, la Ciudad de Buenos Aires mostró una carta que podría torcer la balanza. 

Los antecedentes del ataque a Cristina Kirchner

«Necesitamos que el gobierno nacional ofrezca respuestas concretas que ayuden a evitar las manifestaciones y, además, muestren la misma firmeza que cuando decidieron sacarle los planes a los dos violentos que atacaron el despacho de la la Vicepresidenta», apuró D’Alessandro. El propio Zabaleta se encargó de comunicar vía Twitter que el Ejecutivo quitó los beneficios a ambos. 

De acuerdo a la Casa Rosada, los dos atacantes del despacho de la presidenta del Senado eran beneficiario de Potenciar Trabajo desde noviembre de 2018 y cobraban 33 mil pesos mensuales. A pesar del antecedente reciente, las acusaciones y cargos contra los violentos del Congreso son diferentes e, incluso, el derecho a manifestarse está contemplado por la Carta Magna argentina. 

Quita de planes sociales: propuesta parecida en Mendoza

En noviembre del 2020, cuando la agenda nacional debatía sobre la usurpación de terrenos en Buenos Aires y la Patagonia, el Senado provincial de Mendoza aprobó un proyecto que establece la quita de ayuda estatal a quienes ocupen tierras de manera ilegal.  De este modo, quienes impulsen esta maniobra no podrán ser beneficiarios de planes sociales, programas de vivienda, ni subsidios otorgados por el gobierno local.

Con información de www.elintransigente.com