Polémica por el vacunatorio VIP: la réplica a Franja Morada que Alberto Fernández compartió en las redes

Todo comenzó durante la gira de Alberto Fernández a México, cuando el presidente se refirió al escándalo del vacunatorio VIP y, luego de reconocer que la actitud del ex ministro de Salud, Ginés González García, fue reprochable, aseguró que “no existe” ningún tipo penal que se le pueda atribuir a ese hecho y que tampoco “se puede construir”.

Ante esas declaraciones, la agrupación estudiantil Franja Morada de la Facultad de Derecho de la Universidad e Buenos Aires (UBA) escribió una dura carta en la que cuestionó esa afirmación y desafiaron al mandatario a debatir sobre el tema en un aula de la Casa de Altos Estudios, donde es profesor de la materia Teoría del Delito.

Entre otras cuestiones, los jóvenes señalaron que las irregularidades podrían encuadrarse, “como mínimo y entre otras figuras, en abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, tráfico de influencias y/o malversación de fondos públicos”.

El jefe de Estado no respondió a las críticas hasta ayer, cuando compartió en las redes sociales un mensaje de otras agrupaciones de la misma Facultad, La Centeno y Acción Colectiva, que elaboraron una defensa del Gobierno sobre el tema.

Remarcaron que “las vacunas fueron suministradas a gente que básicamente estaban en condiciones objetivas de recibirlas”, pero también apuntó contra la gestión de Cambiemos.

“En relación a la Carta Abierta emitida por Franja Morada- que aparentemente recuperó la voz luego de haber callado durante cuatro años los verdaderos estragos sociales de la alianza gobernante de la que eran parte-, queremos aportar algunas reflexiones”, empezó el texto.

Los firmantes señalaron que “muchas conductas reprochadas en el derecho civil o comercial no lo son en el derecho penal, aun cuando esas conductas no sean éticas, y por lo tanto, reprobables”.

En este sentido, destacaron que la materia “tampoco acepta interpretaciones extensivas ni analógicas de la ley” y que “solo se puede penar a alguien si su conducta encuadra exactamente en un tipo legal que previamente haya descripto la misma como delito”.

“Hasta donde conocemos, ningún tipo legal castiga ‘al que vacunare a otro que se adelantó en la fila o no obtuvo un turno previamente para recibir su dosis’. Como ese tipo no existe, básicamente no puede ser considerada como delito esa conducta”, aseguraron las agrupaciones.

Según los estudiantes, “esto, claro está, no quita que sea reprochable desde una perspectiva ética y merecedor de un reproche político y social que, como sabemos, se reflejó en medidas concretas”.

Luego, las organizaciones recordaron que el propio Gobierno estableció un plan con “un sentido ordenador a los fines de distribuir vacunas equitativamente” y recomendaron “un orden de prelación en el suministro de dosis que privilegia a trabajadores de la salud y adultos mayores”.

“Ese Plan no fija plazos ni impone deberes cuyo incumplimiento pudiera ser penalmente castigado. Es meramente ordenador para distribuir vacunas que son escasas de manera objetivamente equitativa”, explicaron.

En el comunicado precisaron que, si bien ”hay quienes quieren ver en lo sucedido la consumación del delito de ‘abuso de autoridad’ y de ‘violación de deberes de funcionario público’”, esas dos calificaciones hubieran requerido “dictar resoluciones y órdenes contrarias a la constitución o a las leyes vigentes o ejecutar las mismas”, pero “nada de eso ha ocurrido”.

En tanto, en lo que respecta a la posible tipificación de “incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos”, consideraron que esta figura castiga al “que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto de su oficio”.

“Omite quien no hace lo esperado; se rehúsa a hacerlo quien, ante un pedido u orden legítimos, se niega a realizarlo; lo retarda el que no lo realiza en tiempo y forma. ¿Quién omitió? ¿Quién se rehusó? ¿Quién retardó?”, se preguntaron los alumnos.

Por último, también refutaron la idea de que el manejo del Gobierno con las vacunas podría ser calificado como una “malversación de caudales públicos”, al remarcar que “en este caso, la acción típica consiste en cambiar el destino de los fondos o efectos al que por ley los funcionarios están sujetos”.

“Ello no parece haber ocurrido, siendo que las vacunas estaban previstas para ser aplicadas, lo que efectivamente ocurrió. Se puede haber alterado el orden de vacunación, pero eso no supone malversar recursos. Las vacunas fueron suministradas a gente que básicamente estaban en condiciones objetivas de recibirlas, aún cuando las recibieron antes del tiempo previsto”, agregaron.

Por último, también rechazaron a “quienes piensan que el delito perpetrado sería el de encubrimiento”, porque “tampoco ha ocurrido” que, “tras la comisión de un delito ejecutado por otro, en el que no hubiera participado, no lo denunciare cuando estuviere obligado a hacerlo”.

“Les pedimos un poco, sólo un poco, de honestidad intelectual. Bueno sería, en lugar de pedirle explicaciones al Presidente en su carácter de profesor o a las agrupaciones de la Facultad, que el partido al cual pertenecen (por el radicalismo) vuelva a enarbolar la defensa del Estado de derecho y los verdaderos valores que dieron vida a la Reforma Universitaria de 1918, que en nada explican la lastimosa flexibilidad con la que la Franja Morada pasa de homenajear a Alfonsín a apoyar a Macri”, cerró la carta.

 

 

Con información de www.infobae.com