La comisión de juristas de Alberto Fernández quiere debatir los traslados de los jueces y se postergó la participación de la Corte Suprema

Con la Corte Suprema de Justicia en primer plano y a punto de dictar un fallo sobre los jueces trasladados, la comisión de juristas que convocó el presidente Alberto Fernández para pensar la reforma del máximo tribunal trabaja a paso silencioso. El debate sobre el máximo tribunal todavía no empezó.

El Gobierno había quedado en encargarse de la invitación formal a los jueces de la Corte Suprema para proponerles participar de la comisión que analiza su reforma. Esa invitación todavía no llegó al cuarto piso del Palacio de Justicia. “El Ejecutivo va a esperar, por obvias razones”, deslizaron desde la Casa Rosada fuentes consultadas por Infobae.

En el cerrado círculo de la comisión, entienden la jugada. Es más: creen que la postergada invitación ya no saldrá de los despachos oficiales, en medio del clima de tensión como el que se abrió en los últimos días. Si ya a la presentación en la Casa Rosada solo había asistido Elena Highton, nadie garantiza que no vaya a repetirse un nuevo desaire, lo que sería un desgaste innecesario para el oficialismo.

Este martes, cuando la Corte Suprema firmaba el per saltum que sorprendió al Gobierno, los 11 expertos trabajaban sin hacer comentarios sobre la noticia que fue tema de conversación del mundo judicial (y político) durante toda la semana. No hubo ninguna alusión en el Zoom programado, aunque el jueves circuló en el WhatsApp que todos comparten la respuesta que el Consejo de la Magistratura le envió a la Corte pidiendo que rechace el amparo que pidieron los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli.

Precisamente, el Consejo de la Magistratura es otro de los blancos de la comisión que creó el Presidente. Por estas horas, según revelaron a Infobae fuentes judiciales, se debate la idea de ampliar el número de miembros, como adelantó este medio. Todavía no le pusieron un número, pero buscan llegar a un acuerdo. “No queremos ni los 13 de ahora ni los 20 de antes”, dijeron. Para esa ampliación, hay un cierto consenso para que haya menos participantes políticos.

Es más: hasta se baraja la idea de dejar afuera del organismo a los tres senadores que integran el cuerpo y también al representante del Poder Ejecutivo, revelaron las fuentes consultadas por Infobae. ¿Por qué? Porque tanto el Senado como el Ejecutivo forman parte del proceso de designación de jueces.

“Son las cosas que se están hablando. Aún no hay nada escrito. Y obviamente, en el análisis del Consejo de la Magistratura, es imposible no mirar los 1300 empleados que tienen y la productividad de los últimos años, con demoras en concursos y en los procesos de investigación sobre los jueces denunciados”, señalaron los consultados.

Pero en el medio de la discusión sobre el funcionamiento del Consejo de la Magistratura apareció en el debate público el problema de los traslados de jueces, que no estaba en el temario original que propuso Alberto Fernández. Hay algunos integrantes que quieren incluirlo en el debate precisamente en este bloque de trabajo.

No es un detalle menor. Fue el Consejo de la Magistratura durante el macrismo el que promovió los traslados que ahora se cuestionan. Y es el Consejo de la Magistratura actual el que decidió revisar lo que se había hecho dos años antes. Lo motorizó el integrante del Poder Ejecutivo, Gerónimo Uztarroz, y el oficialismo en el organismo junto a la diputada Graciela Camaño entendieron que había que revisar diez de esos pases.

Ahora es la Corte Suprema la que está revisando el pedido de amparo de tres de esos jueces que no fueron a la audiencia del Senado a convalidar sus nuevos destinos. El per saltum que decidieron abrir los cinco miembros del máximo tribunal -aún con sus peleas internas- incomodó al Ejecutivo y aguardan la definición de fondo, es decir, qué pasará con el destino de Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Pero también podría influir en la suerte del resto de los siete magistrados que sí fueron a la audiencia del Senado -entre los que está Eduardo Farah y Federico Villena-.

La comisión de juristas podría incluir su postura dentro de las recomendaciones a Alberto Fernández. “Los traslados tiene que terminar de una vez por todas”, dijeron en voz baja a Infobae.

Coordinados por el abogado Fabián Musso -director del BICE-, la comisión está integrada por los abogados Carlos Beraldi –defensor de Cristina Kirchner–, León Arslanian –ex juez del juicio a las Juntas y ex ministro de Justicia–, Andrés Gil Domínguez –el constitucionalista que participó del debate de Ley de Medios ante la Corte por el grupo Clarín–, Gustavo Ferreyra –allegado a Eugenio Zaffaroni– y Marisa Herrera –especialista en derecho de familia–. También están los ministros de las cortes locales Hilda Kogan (Buenos Aires), Claudia Sbdar (Tucumán), Omar Palermo (Mendoza) María del Carmen Battaini (Tierra del Fuego) e Inés Weinberg de Roca (Capital Federal que, además, fue la candidata a la Procuración General postulada por Mauricio Macri). Y Enrique Bacigalupo, un ex juez en España, donde vive hace 40 años luego de exiliarse en los años 70.

Los expertos trataron primero el tema del Ministerio Público, después la transferencia de la justicia nacional penal a la órbita de la ciudad y luego implementar el juicio por jurados a nivel nacional. Ahora se centraron en el Consejo de la Magistratura. El tema de la Corte Suprema llegará recién a partir del 13 de octubre. El escenario ayuda a que se agigante la expectativa sobre las decisiones que tomará. Aun aunque solo sean sugerencias que el jefe de Estado podrá descartar o convertirlas en un proyecto para que ensaye suerte en el Congreso.

“No es casual que hayan dejado ese tema para el final cuando saben que es lo que más presión va a generar, mejor seguir con el bajo perfil”, señalaron las fuentes consultadas por Infobae. “Hasta ahora el 80% de lo que se charla es académico, aunque se cuela algo de política. El clima que se vive en la comisión hasta ahora es muy bueno. Cuando llegue la Corte, ahí va a empezar la verdadera discusión”.

Sin embargo, otro de los consultados rechazó que pueda haber problemas. “La Corte no va a ser un conflicto, al contrario. Tenemos totalmente identificados los problemas: la cantidad de causas, la falta de plazos y la forma de resolver los rechazos. Si en algo coincidimos es en que la Corte no está funcionando todo lo bien que debería”.

La discusión sobre el máximo tribunal se prolongará durante un mes. El 18 de noviembre tienen que dejar plasmadas sus recomendaciones ante el jefe de Estado. Por lo pronto, ya hay algunos preocupados en si van a llegar a tiempo para escribir. “Ya tenemos el diagnóstico, ahora tenemos que hacer las recomendaciones y definir si llegamos a un consenso por mayoría o hay opiniones en minoría”, señalaron.

 

 

Con información de www.infobae.com sobre una nota de Patricia Blanco