
Llaryora negocia con Macri una banca clave en el Consejo de la Magistratura
POLÍTICA20 de noviembre de 2026
Agencia 24 NoticiasEl gobernador Martín Llaryora busca cerrar un acuerdo político con Mauricio Macri para quedarse con una de las cuatro representaciones de la Cámara de Diputados en el Consejo de la Magistratura de la Nación. La negociación tiene como protagonista al diputado Juan Brügge, de Provincias Unidas, a quien el cordobesismo pretende ubicar como miembro titular, con la legisladora del PRO Florencia De Sensi como suplente.

La disputa se concentra en la banca correspondiente a la segunda minoría parlamentaria, un lugar que también reclama el macrismo. El entendimiento dependerá de que el expresidente acepte que Brügge encabece la representación y que De Sensi ocupe el puesto alternativo.
Desde el Gobierno cordobés consideran que el primer lugar no es negociable. Llaryora pretende tener un representante propio en el organismo encargado de intervenir en los procesos de selección y evaluación de los jueces federales. Además, el mandato de Brügge como diputado finalizará a fines de 2027, mientras que su eventual designación en el Consejo tendría una duración de cuatro años.
Otra alternativa dentro del bloque cordobés sería Alejandra Torres, pero su perfil independiente y sus posiciones propias dentro de la Cámara no la ubicarían entre las primeras opciones del gobernador.
Menem ya envió tres nombres a la Corte Suprema
Mientras continúan las negociaciones políticas, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, remitió a la Corte Suprema los nombres correspondientes a tres de las cuatro representaciones de la Cámara baja.
Las designaciones propuestas fueron Gonzalo Roca y Giselle Castelnuovo, por La Libertad Avanza, que representa a la mayoría, y Guillermo Michel, por Unión por la Patria, en representación de la primera minoría.
De esta manera, quedó pendiente la definición del cuarto lugar, que enfrenta los intereses del cordobesismo y del PRO.
La relación entre Macri y Llaryora podría facilitar un entendimiento. Ambos espacios mantienen canales de diálogo y existen antecedentes recientes de acuerdos institucionales, como la incorporación de Hernán Lacunza, dirigente vinculado al PRO, al directorio del Banco de Córdoba.
Además, dentro del oficialismo libertario verían con buenos ojos un entendimiento entre ambos sectores.
Sin embargo, si las negociaciones no llegan a buen puerto, Provincias Unidas ya tendría preparada una estrategia judicial para reclamar la representación ante la Corte Suprema. El argumento central sería la cantidad de integrantes de cada bloque: 18 diputados de Provincias Unidas frente a los 12 que integran el espacio conducido por Cristian Ritondo, quien busca ampliar su representación mediante un interbloque con la UCR y el MID.
Pullaro podría quedar afuera de la negociación
Uno de los aspectos políticos más relevantes de la discusión es la posible exclusión del gobernador santafesino Maximiliano Pullaro, socio de Llaryora en Provincias Unidas.
Por iniciativa del mandatario cordobés, el diputado santafesino Pablo Farías había sido propuesto como suplente de Brügge en la fórmula presentada ante Martín Menem. Sin embargo, el eventual acuerdo con Macri modificaría esa composición y dejaría al dirigente santafesino fuera de la representación.
Desde el entorno de Llaryora sostienen que cualquier definición deberá discutirse dentro de Provincias Unidas, aunque reconocen que la negociación con el PRO puede modificar los términos del entendimiento original.
La situación genera interrogantes porque Pullaro y Llaryora habían mostrado una estrategia común en el Congreso. El miércoles, ambos sectores participaron de una maniobra parlamentaria que dejó a Martín Menem sin quórum para avanzar con la sesión, en una demostración de fuerza del espacio.
La discusión por el Consejo de la Magistratura fue uno de los elementos que alimentó esa tensión institucional.
Córdoba busca tener influencia en futuras designaciones judiciales
Detrás de la disputa por la banca existe un interés concreto del Gobierno cordobés: contar con representación en un organismo que tendrá intervención en importantes definiciones judiciales para la provincia.
Entre los cargos pendientes aparecen el juzgado federal número 1 de Córdoba, que tiene competencia electoral, además de los juzgados federales de San Francisco y Villa María.
Por eso, para el cordobesismo, conseguir un lugar en el Consejo de la Magistratura representa una oportunidad de participar de un ámbito institucional estratégico.
En paralelo, el bloque de Provincias Unidas, conducido por la santafesina Gisela Scaglia, envió una intimación al despacho de Martín Menem para reclamar que la representación sea otorgada a Brügge y no a Florencia De Sensi, quien responde políticamente a Ritondo dentro del PRO.
Otra alternativa que había circulado era la del diputado porteño Álvaro González, vinculado al sector de Horacio Rodríguez Larreta, aunque esa posibilidad habría perdido fuerza en las últimas negociaciones.
La Corte Suprema, una posible instancia final
Si el acuerdo político entre Llaryora y Macri no prospera, la disputa podría trasladarse definitivamente al terreno judicial.
Provincias Unidas considera que tiene argumentos para reclamar la banca a partir de su cantidad de integrantes y de los antecedentes de la Corte Suprema en conflictos similares por la representación parlamentaria en el Consejo de la Magistratura.
Uno de los precedentes más importantes fue el caso de Luis Juez, quien logró que el máximo tribunal reconociera su derecho a ocupar una representación del Senado en el organismo, luego de que el oficialismo kirchnerista dividiera su bloque para quedarse con dos lugares.
Ese antecedente es observado con atención por el cordobesismo, que considera que la discusión actual también debe resolverse respetando la composición real de las fuerzas parlamentarias.
La negociación abre así un nuevo capítulo en la relación entre Llaryora, Macri y Pullaro, con una banca que excede el reparto de cargos y pone en juego el peso político de Córdoba dentro de la estructura judicial federal.
Por ahora, el gobernador busca resolver el conflicto mediante un acuerdo con el PRO. Pero si no consigue garantizar que Brügge sea el titular, la vía judicial aparece como una alternativa concreta para intentar quedarse con el lugar.




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