
Crece la tensión por las jubilaciones y los gremios ponen en jaque al Gobierno de Llaryora
POLÍTICA19 de noviembre de 2026
Agencia 24 NoticiasEl conflicto previsional vuelve a ganar protagonismo en Córdoba y suma nuevos cuestionamientos a la gestión de Martín Llaryora. Los reclamos de los sindicatos estatales y de distintas organizaciones de jubilados y pensionados mantienen abierto un frente de tensión que se arrastra desde la implementación de la Ley de Equidad Jubilatoria.

Aunque los sectores involucrados tienen demandas diferentes, coinciden en un punto central: consideran que el costo de las medidas adoptadas por la Provincia sigue recayendo sobre los trabajadores activos y quienes ya se encuentran retirados, mientras esperan respuestas concretas del Ejecutivo.
Uno de los principales reclamos proviene de los gremios que aportan a la Caja de Jubilaciones, que exigen que se concrete la reducción de los aportes extraordinarios del 8% al 6%, tal como había sido anunciado por el Gobierno provincial. La medida, contemplada en la Ley 11.087, todavía no se aplicó y tampoco tiene una fecha confirmada.
Desde el sector sindical, encabezado por el SUOEM, cuestionaron la demora y reclamaron que se cumplan tanto los compromisos asumidos por la Provincia como los lineamientos establecidos por el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba respecto de la disminución progresiva de estos descuentos.
Ante la falta de avances, las organizaciones gremiales resolvieron profundizar la coordinación de sus reclamos durante noviembre y no descartan impulsar acciones conjuntas en distintas dependencias municipales.
Sin embargo, la reducción de los aportes extraordinarios representa apenas una parte de una discusión mucho más amplia. Los sindicatos mantienen su rechazo a la normativa previsional y sostienen que el objetivo de fondo sigue siendo su derogación.
Los jubilados también apuntan al escenario electoral
El malestar también comienza a trasladarse al terreno político, especialmente con la mirada puesta en las elecciones provinciales de 2027.
Organizaciones de jubilados, pensionados y retirados que participaron de la iniciativa popular para defender el 82% móvil buscan llevar sus reclamos a los dirigentes que aparecen como posibles candidatos a suceder a Llaryora.
A través de legisladores, solicitaron reuniones con distintos referentes políticos, aunque hasta el momento aseguran que no recibieron respuestas concretas.
El planteo de los pasivos va más allá de los descuentos aplicados sobre los haberes. Entre sus principales demandas figuran cambios en el funcionamiento de APROSS, mejoras en las prestaciones médicas en el interior provincial y la eliminación de descuentos adicionales como el FEC y el FOSAET.
También reclaman modificaciones en la Caja de Jubilaciones, entre ellas el fin de su intervención y la recuperación de un directorio con representación de trabajadores activos y jubilados.
Otro de los puntos que genera preocupación es la atención a los beneficiarios. Las organizaciones piden recuperar los mecanismos de atención personalizada para quienes tienen dificultades para realizar trámites mediante plataformas digitales.
En materia de ingresos, la agenda incluye el reclamo por una jubilación mínima acorde al costo de vida, la eliminación del complemento solidario previsional, el fin del diferimiento de los aumentos y la recuperación del 82% móvil establecido en la Ley 8024.
Además, cuestionan el uso de conceptos no remunerativos en los salarios de los trabajadores activos, debido a las consecuencias que esto puede tener sobre el cálculo de los futuros haberes jubilatorios.
El Presupuesto 2027 suma presión al conflicto
La discusión previsional vuelve a instalarse en un momento particular para la administración provincial. Mientras el Gobierno presenta los principales lineamientos del Presupuesto 2027 y anticipa beneficios impositivos para distintos sectores, los gremios y jubilados reclaman medidas que permitan recuperar el poder adquisitivo.
Entre los anuncios oficiales se encuentra una reducción del 30% en el Impuesto Inmobiliario Urbano para el 97% de las propiedades, además de una disminución de Ingresos Brutos para determinadas actividades.
Sin embargo, desde los sectores que cuestionan la política previsional consideran que esos anuncios no tienen un impacto equivalente sobre los ingresos de trabajadores y jubilados.
La discusión también adquiere una dimensión política. Desde el sindicalismo plantean que, si la Provincia cuenta con margen para reducir la carga tributaria, debería existir la posibilidad de avanzar con medidas que alivien los descuentos sobre los salarios y las jubilaciones.
Un conflicto que puede llegar hasta 2027
Para el gobernador Martín Llaryora, el escenario representa un desafío que excede la discusión económica. Durante el último año, el frente gremial cordobés protagonizó distintas movilizaciones, marchas y caravanas en rechazo a las modificaciones previsionales.
Ahora, con los reclamos de los jubilados sumándose a la agenda de los posibles candidatos para 2027, el conflicto amenaza con mantenerse como uno de los temas centrales del debate político provincial.
La demora en la reducción de los aportes extraordinarios, las exigencias por mejores haberes y los cuestionamientos a la Ley de Equidad Jubilatoria mantienen abierto un escenario de tensión en el que el Gobierno deberá decidir cómo responder a sectores que, por el momento, consideran insuficientes las medidas adoptadas.
El sistema previsional cordobés vuelve así a convertirse en uno de los principales focos de discusión política, con un reclamo que promete extenderse y ganar protagonismo a medida que se acerque la próxima contienda electoral.


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