
La CGT prepara una marcha por la crisis de las obras sociales y un cese de actividades de cara a diciembre
POLÍTICA20 de noviembre de 2026 Agencia de Noticias del Interior

- La CGT convocó a una movilización ante la Superintendencia de Servicios de Salud para el 26 de noviembre.
- La protesta apunta a reclamar soluciones urgentes para la crisis financiera de las obras sociales.
- Los sindicatos denuncian que el 90% del Fondo Solidario de Redistribución se destina a prestaciones por discapacidad.
- La central obrera proyecta un cese de actividades de dos o cuatro horas para mediados de diciembre.
- La medida incluirá permanencia en los lugares de trabajo y asambleas, sin convertirse en un paro general.
- La conducción sindical mantiene abierta la posibilidad de diálogo con el Gobierno, pero posterga una quinta huelga general hasta 2027.
La conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) resolvió avanzar con un nuevo esquema de protestas contra el Gobierno de Javier Milei, con dos medidas previstas antes de finalizar el año. La primera será una movilización ante la Superintendencia de Servicios de Salud el próximo jueves 26 de noviembre, para reclamar respuestas frente a la delicada situación financiera de las obras sociales sindicales. La segunda consistirá en un cese parcial de actividades de entre dos y cuatro horas, previsto para mediados de diciembre, acompañado por asambleas en los lugares de trabajo.
La estrategia quedó definida durante una reunión de la mesa chica de la central obrera, realizada en la sede del Sindicato del Seguro, en la ciudad de Buenos Aires. Los dirigentes analizaron la evolución del conflicto con la administración nacional y coincidieron en la necesidad de sostener la presión gremial, aunque sin recurrir por el momento a un nuevo paro general.
Del encuentro participaron los cosecretarios generales Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, además de Héctor Daer, Sergio Romero, Sergio Sasia y Guillermo Moser, entre otros representantes sindicales. Andrés Rodríguez y Gerardo Martínez estuvieron ausentes con aviso.
La primera acción tendrá como escenario la sede de la Superintendencia de Servicios de Salud, ubicada sobre la calle Bartolomé Mitre al 400. Allí, la CGT buscará visibilizar el deterioro económico de las obras sociales y exigir una intervención del Gobierno que permita evitar nuevas interrupciones de prestaciones y dificultades para afrontar los compromisos con prestadores y proveedores.
La situación es considerada de extrema gravedad por los equipos técnicos sindicales. Los problemas financieros obligan a los gremios a destinar recursos propios para sostener la atención médica de sus afiliados, una situación que comienza a comprometer también el funcionamiento económico de las organizaciones sindicales.
El conflicto se profundizó pese a los contactos que los principales referentes de la CGT mantuvieron en los últimos meses con el ministro de Salud, Mario Lugones. Hubo tres reuniones reservadas en la sede de la UOCRA, pero los dirigentes aseguran que todavía no recibieron respuestas concretas a las propuestas presentadas para recomponer el financiamiento del sistema.
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la distribución del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), integrado por aportes de trabajadores y empleadores y destinado, entre otras funciones, a reintegrar gastos de las obras sociales por tratamientos de alta complejidad y medicamentos de elevado costo.
Según los cálculos que manejan los sindicalistas, alrededor del 90% de los recursos de ese fondo se utiliza actualmente para financiar prestaciones vinculadas con discapacidad. Ese segmento representa desembolsos cercanos a los 160.000 millones de pesos mensuales, con un costo promedio próximo al millón de pesos por afiliado.
Frente a ese escenario, la CGT reclama que los gastos de transporte y educación de las personas con discapacidad sean financiados por las áreas gubernamentales correspondientes y que esos recursos se incorporen posteriormente al Fondo Solidario de Redistribución. La propuesta busca evitar que las obras sociales deban absorber obligaciones económicas que, según la conducción sindical, deberían tener respaldo presupuestario específico del Estado.
La movilización también apunta a recuperar la iniciativa frente a otros sectores gremiales. El dirigente gastronómico Luis Barrionuevo anunció que alrededor de 50 sindicatos impulsarán una presentación judicial contra el ministro de Economía, Luis Caputo, al que responsabilizan por la retención de unos 688.000 millones de pesos destinados al sistema de salud sindical.
La segunda medida definida por la conducción cegetista tendrá una modalidad diferente de las tradicionales huelgas generales. Para mediados de diciembre se proyecta una interrupción parcial de actividades durante dos o cuatro horas, con permanencia de los trabajadores en sus puestos y realización de asambleas.
La decisión responde a una evaluación política y sindical: los principales dirigentes consideran que un paro general podría no modificar la posición del Gobierno y, al mismo tiempo, generar un costo económico para los propios trabajadores, especialmente por la pérdida de salarios o presentismo.
La central obrera ya realizó cuatro paros generales contra la administración de Milei, pero resolvió postergar una eventual quinta huelga hasta el próximo año. En ese contexto, la conducción busca combinar movilizaciones, asambleas y otras formas de protesta que permitan mantener visibles sus reclamos sin afectar directamente los ingresos de quienes adhieran.
De todos modos, la CGT mantiene abierta la posibilidad de retomar el diálogo con el Ejecutivo. La expectativa de una convocatoria oficial, alentada durante los contactos políticos que se produjeron alrededor de la visita del papa León XIV, todavía no se tradujo en una instancia concreta de negociación.
La conducción sindical deberá definir ahora si sostiene el calendario de protestas anunciado o si modifica su estrategia ante una eventual convocatoria gubernamental. Mientras tanto, la crisis de las obras sociales se convirtió en el principal frente de confrontación entre la central obrera y el Gobierno.


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