Auditorías en la ex ANDIS detectaron sobreprecios de hasta 1.068% y graves fallas de control

• Las auditorías detectaron irregularidades en compras de medicamentos, prótesis, insumos médicos y sillas de ruedas.
• La mayor diferencia de precios llegó al 1.068% en la adquisición de macitentán de 10 miligramos.
• Las compras relevadas durante el primer semestre de 2025 sumaron $110.263 millones.
• Los informes identificaron fallas en los controles médicos, la documentación administrativa y la comparación de ofertas.
• La empresa GMS mantuvo accesos privilegiados al sistema informático sin un contrato formal vigente.
• La investigación judicial por presunta corrupción en la ex ANDIS incluye a Diego Spagnuolo y otras 18 personas procesadas.

Tres auditorías sobre la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) detectaron irregularidades en la compra de medicamentos, prótesis, insumos médicos y sillas de ruedas, además de deficiencias en los controles sanitarios y en el sistema informático utilizado para administrar las prestaciones. Los informes identificaron diferencias de precios de hasta el 1.068%, contrataciones por fuera de los procedimientos estatales y fallas administrativas durante el primer semestre de 2025, cuando el organismo estaba bajo la conducción de Diego Spagnuolo.

Los trabajos fueron solicitados en septiembre de 2025 por el entonces interventor Alejandro Alberto Vilches y se desarrollaron entre octubre de ese año y abril de 2026. La revisión comprendió el período anterior al 21 de agosto de 2025, fecha en que Spagnuolo y Daniel María Garbellini fueron desplazados de sus funciones.

Uno de los principales cuestionamientos estuvo dirigido al circuito interno denominado PACBI, utilizado para adquirir medicamentos de alto costo y baja incidencia. Un informe fechado en diciembre de 2025 concluyó que ese mecanismo no se ajustaba al régimen general de contrataciones públicas establecido por el Decreto 1023/2001. Según los auditores, las operaciones se realizaron sin utilizar el sistema obligatorio COMPR.AR, sin pliegos de condiciones, sin invitaciones formales a proveedores y sin comparaciones documentadas de las ofertas.

Tampoco se encontraron causales de excepción que justificaran las contrataciones directas. Para los responsables de la revisión, la falta de planificación o la imprevisibilidad de las necesidades no constituían motivos legales suficientes para apartarse de las normas vigentes. Las mismas observaciones alcanzaron las adquisiciones de prótesis, sillas de ruedas e insumos médicos, donde la ausencia de mecanismos formales de competencia impedía verificar si los precios eran razonables y generaba riesgos de perjuicio para los recursos públicos.

El informe integral de abril de 2026 examinó compras del programa federal Incluir Salud por un total de $110.263 millones durante los primeros seis meses de 2025, distribuidas en 10.683 expedientes electrónicos de pago. La muestra seleccionada comprendió 219 expedientes por $29.713 millones, equivalentes al 27% del monto total relevado.

La mayor diferencia de precios correspondió al macitentán de 10 miligramos, utilizado para tratar la hipertensión arterial pulmonar. Una droguería facturó cada unidad a $5.299.081,66 el 20 de febrero de 2025, mientras que otra empresa vendió el mismo medicamento a $453.621 un mes después. La brecha fue del 1.068%, equivalente a $4.845.460,66 por unidad.

También se detectaron variaciones en los valores del pembrolizumab, utilizado en tratamientos de inmunoterapia oncológica, y del tacrolimus, un inmunosupresor empleado, entre otros casos, por pacientes trasplantados. Los auditores señalaron además adjudicaciones a determinados proveedores sin justificaciones suficientes y expedientes con iguales fechas de requerimiento que terminaron en compras separadas, con distintos adjudicatarios y precios.

El sistema informático de la Agencia tampoco contaba con un módulo de valores de referencia que permitiera comparar cotizaciones. El responsable de compras indicó que esas evaluaciones se realizaban mediante fuentes externas y planillas de Excel, pero no había documentación que permitiera reconstruir el procedimiento. En 21 expedientes por $2.510 millones, además, los domicilios consignados en las órdenes de provisión no coincidían con los registrados en los remitos de recepción.

Las deficiencias también alcanzaron los controles médicos. Las auditorías no encontraron constancias de que las unidades provinciales hubieran cotejado los pedidos de medicamentos con las historias clínicas de los beneficiarios, ni documentación que acreditara una evaluación formal de las solicitudes por parte de profesionales responsables. Algunos remitos contenían firmas atribuidas a personas que no figuraban como beneficiarias, apoderadas ni integrantes de las unidades de gestión provincial.

El segundo informe, elaborado en marzo de 2026, puso el foco en la seguridad informática. Detectó que la empresa GMS SA conservaba accesos de máximos privilegios al sistema y a su base de datos sin que se encontrara un contrato vigente o un convenio formal que regulara esa relación. La dependencia tecnológica se remontaba a 2022, cuando finalizó el contrato original, aunque la compañía continuó prestando mantenimiento y soporte durante más de tres años.

Los auditores tampoco pudieron verificar que el código fuente entregado en enero de 2026 correspondiera efectivamente con la versión operativa del sistema. A eso se sumaron cuentas genéricas de usuario, falta de controles periódicos sobre los permisos de acceso, tecnología sin soporte vigente, ausencia de copias de seguridad externas y carencia de un plan formal de contingencia.

Los hallazgos se conocieron mientras avanzaba la investigación judicial por presuntas maniobras de direccionamiento de compras, sobreprecios y retornos en la Agencia. En febrero de 2026, el juez federal Ariel Lijo procesó a Spagnuolo y a otras 18 personas por presunta asociación ilícita y cohecho, en una causa que investiga un posible desvío de al menos $6.000 millones. En septiembre, la Cámara Federal confirmó los procesamientos de Spagnuolo, Garbellini y Miguel Ángel Calvete.

Las irregularidades detectadas adquieren especial relevancia porque la ANDIS administra prestaciones esenciales para personas con discapacidad que no cuentan con obra social ni medicina prepaga. El acceso a medicamentos oncológicos, tratamientos posteriores a trasplantes y prótesis puede depender de esos procedimientos. Por eso, las fallas identificadas no solo plantean interrogantes sobre el uso de los fondos públicos, sino también sobre los controles que deben garantizar la continuidad y la transparencia en la entrega de prestaciones médicas.