


- El Gobierno prepara un programa de retiros voluntarios para personal civil de planta permanente.
- Las inscripciones para acceder al esquema comenzarían en noviembre.
- La convocatoria estará dirigida a trabajadores próximos a jubilarse, con aportes incompletos y más jóvenes.
- La dotación estatal cayó en 74.332 personas entre noviembre de 2023 y agosto de 2026.
- ATE cuestionó la iniciativa y advirtió sobre posibles medidas de fuerza.
- El INTA registró 905 adhesiones en su programa de retiros voluntarios, por debajo de la meta oficial de 1.200 desvinculaciones.
El Gobierno avanzará en los próximos días con un nuevo programa de retiros voluntarios destinado al personal civil de planta permanente de la administración pública nacional centralizada y de los organismos desconcentrados. El decreto que pondrá en marcha el esquema ya fue confeccionado y, según las previsiones oficiales, las inscripciones comenzarían en noviembre.
La iniciativa forma parte del proceso de reducción de la dotación estatal que lleva adelante la administración de Javier Milei. De acuerdo con una estimación realizada por el propio Gobierno, entre noviembre de 2023 y agosto de 2026 la cantidad de trabajadores del Estado se redujo en 74.332 personas, lo que representó una caída del 21,6% e incluyó tanto a la administración pública como a las empresas estatales. La reducción habría generado, según el cálculo oficial, un ahorro superior a los 2.500 millones de dólares desde el comienzo de la gestión.
El programa fue elaborado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger. Dentro de esa estructura, la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública intervino en el diseño junto con las áreas vinculadas con la modernización del empleo público y la reforma estatal.
La expectativa oficial es que la convocatoria alcance al menos a 1.000 trabajadores. El esquema estará orientado especialmente hacia tres grupos. El primero estará integrado por empleados que ya tengan la edad necesaria para jubilarse y cuenten con los años de aportes requeridos. El segundo comprenderá a quienes estén en edad jubilatoria pero todavía necesiten completar parte de los años de aportes. El tercer grupo estará conformado por trabajadores más jóvenes que quieran abandonar la función pública.
Las condiciones económicas serán diferentes según cada situación. Para quienes ya estén en condiciones de jubilarse, el mecanismo buscará facilitar el inicio de los trámites. En el caso de quienes tengan la edad pero no los aportes suficientes, el dinero recibido podría ser utilizado para afrontar una moratoria y completar el proceso jubilatorio. Para los trabajadores más jóvenes, el incentivo estará vinculado con la posibilidad de recibir una suma de dinero a cambio de su desvinculación.
La política de reducción de la planta estatal ya había sido defendida por Milei en una entrevista realizada en Nueva York. Allí, al referirse a la evolución del empleo y al aumento de la desocupación, el Presidente sostuvo que la economía había generado 520.000 puestos de trabajo y que, al sumar la salida de 80.000 empleados del sector público, la expansión alcanzaba los 600.000 puestos.
Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), en cambio, el secretario general Rodolfo Aguiar cuestionó el programa y sostuvo que los retiros voluntarios podían funcionar como despidos encubiertos. El dirigente sindical anticipó además que el gremio podría promover medidas para evitar una adhesión generalizada si la iniciativa avanzaba.
Aguiar señaló que ya se habían analizado mecanismos similares en organismos como el Instituto Nacional de Vitivinicultura, Parques Nacionales y el PAMI, mientras que programas de este tipo ya habían sido aplicados en el INTA y la ANSES.
El antecedente del INTA mostró resultados inferiores a la meta inicial. Sobre una dotación de 5.750 trabajadores, el objetivo era alcanzar unas 1.200 desvinculaciones. Finalmente se adhirieron 905 agentes, equivalentes al 15,7% de la planta, y 377 retiros habían recibido aprobación.
Los datos generales muestran que entre julio y agosto de 2026 dejaron sus puestos 1.446 trabajadores del Gobierno nacional. La dotación estatal pasó de 343.357 empleados en noviembre de 2023 a 269.025 en agosto de 2026. Dentro de la administración pública nacional, la reducción alcanzó 51.218 personas, mientras que las empresas y sociedades del Estado perdieron otros 23.114 trabajadores.
























